De 961.000 a 17,6 millones de euros. Esa es la diferencia que ha tenido que afrontar el Ayuntamiento de Valencia como consecuencia de la necesidad que hubo de retasar unos terrenos expropiados en el Parque de Cabecera, debido a la supuesta negligencia que, en su momento, hubo al dejar pasar el tiempo hasta agotar el plazo inicial de la primera valoración efectuada por el Jurado Provincial de Expropiación.
Sobre la base de esta actuación, el equipo municipal ha abierto una investigación para tratar de determinar la razón por la que se dejaron transcurrir dos años sin pagar el apenas millón de euros fijado inicialmente en el expediente de expropiación. Y, a la vista de la misma, se reserva la posibilidad de iniciar un procedimiento penal.
De momento, el Ayuntamiento de Valencia ya ha decidido presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la instancia que ha estimado que el valor de estas parcelas se ha incrementado en esos más de 16 millones entre una y otra tasación.
La segunda tasación, refrendada por el Supremo, se inicia a instancias de los propietarios de los terrenos -la familia Trénor Galindo y la mercantil Alqueria Dolores, controlada por la familia Cotino-, una vez que ya estos ya habían pasado de rústicos a urbanos, al haberse construido el parque y el Bioparc, provocando el desorbitado incremento de las valoraciones.
Los actuales responsables municipales sospechan de que se produjo una negligencia o situación dolosa, puesto que habido una concatenación de errores e incidencias en todo el proceso para favorecer a personas deel entorno del anterior gobierno municipal.
Los Cotino a través de la mercantil Alqueria Dolores y los Trénor gozaban de 15.000 y 5.400 metros cuadrados, respectivamente en la zona donde en 1997 se planteó la creación de la zona verde. Dichas expropiaciones, que también afectaron a 140 personas más, hubieran tenido que costar 961.000 euros en el caso de los Cotino y 273.000 euros en el caso de los Trénor. Pero el retraso en el pago, pese a los informes técnicos favorables, supuso la recalificación de los terrenos.
Lo que ocasionó que la empresa familiar propiedad de los Cotino recurriera al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSCJV), tasando sus propiedades en 3,5 millones de euros. Los Trénor realizaron la misma operativa en el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal fijó en 14 millones la cantidad a pagar por parte del Ayuntamiento de Valencia.