La vivienda se erige como uno de los ejes fundamentales del decreto-ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social que ha aprobado la Junta de Extremadura. Como novedad principal en este campo, el cambio del sistema de adjudicación de viviendas de promoción pública, que, a partir de ahora, obedecerá a criterios técnicos y ya no se efectuará por sorteo.
Asimismo, se amplía por otros dos años más la duración máxima de las minoraciones del 100% de la renta de los contratos para aquellas unidades familiares cuyos ingresos se hayan visto reducidos de forma consideraba como consecuencia de la crisis.
La norma contempla también una ayuda al alquiler social para aquellas familias afectadas por ejecuciones hipotecarias que hayan solicitado una vivienda de promoción pública y que no la hubieran obtenido por diversas circunstancia.
Las ocupaciones ilegales también tienen cabida en el decreto. No se busca su despenalización absoluta, como se había difundido desde algunas fuentes, sino que lo que se plantea es no excluir de los procedimientos de adjudicación posteriores a familias que hubiesen tenido que recurrir a la ocupación ilegal tras haber solicitado una vivienda de promoción pública.
Vergeles señaló que para la aprobación de este decreto-ley se solicitó previamente dictamen facultativo del Consejo de Estado y que el hecho de elegir esta opción (el decreto-ley) en lugar del proyecto de ley obedece a la necesidad de agilizar su tramitación en la Asamblea de Extremadura.
Además de la vivienda, el decreto garantiza la igualdad efectiva en las condiciones de acceso de los extranjeros a los servicios y actuaciones sanitarias en toda la región. Y, relación a la Renta Básica de Inserción, las modificaciones introducidas se relacionan con que, a partir de ahora, habrá una convocatoria única y abierta durante todo el año y que se regula el silencio administrativo en sentido positivo respecto a la concesión del derecho a percibir esta prestación.
Además, se podrá cobrar al día siguiente de la emisión de la resolución favorable a la concesión y se permitirá la subrogación de la Renta Básica en aquellas parejas que se separen y el cónyuge se quede con la custodia de los hijos y se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
Respecto a las ayudas para mínimos vitales, las subvenciones no se tramitarán por medio de los ayuntamientos sino que se firmarán convenios de colaboración con empresas distribuidoras de luz y agua con el fin de mejorar la comunicación previa a los cortes de suministro eléctrico por impagos.
