Podrían no haberlo hecho, respaldar a las asociaciones contrarias a la modificación legal que quitaba la restricción de construir más de tres alturas en Madrid, pero los diputados nacionales de Podemos sí han accedido a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esa modificación de la Ley de Suelo de Madrid, dejando claro que su intención pasa por tratar de evitar que operaciones, como la de la operación Chamartín, salgan adelante.
El texto del recurso ha sido redactado por la asociación Ecologistas en Acción y lo que han hecho los diputados de Podemos es poner su firma, ya que la Constitución no permite a los colectivos sociales interponer un recurso de inconstitucionalidad, y requiere el apoyo de al menos 50 diputados.
La modificación legal fue convertida en una ‘cuestión clave’ en el pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular para que Cristina Cifuentes fuera investida presidenta de la Comunidad de Madrid. Así, el pasado 20 de octubre, el grupo de Ciudadanos en el Parlamento regional presentaba una proposición de ley para derogar el artículo 39.8 de la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid de 2001, el que limitaba a tres plantas la altura de las nuevas edificaciones. Y dos meses después, la nueva entraba en vigor.
Desde entonces, las asociaciones contrarias a esta modificación, con Ecologistas en Acción al frente, habían venido recabando el apoyo de los diputados de Podemos para intentar neutralizar esta modificación, el que ahora se acaba de sustanciar con la presentación de este recurso.
Para Distrito Castellana Norte (DCN) -la nueva sociedad de gestión montada por el BBVA-, el nuevo varapalo judicial se une al claro posicionamiento en contra demostrado por los responsables municipales, utilizando argumentos más o menos explícitos. Inicialmente, el equipo de Antonio Béjar, presidente de DCN, trató de negociar con los responsables municipales para que se aprobara definitivamente el plan parcial, pero fue de todo punto infructuoso.
Y, al final, la convocatoria de las mesas de debate promovidas desde el Ayuntamiento como foro sobre el que articular ideas alternativas a la operación, ha sido la gota que ha colmado la paciencia del BBVA.
«Una vía paralela carente de cobertura legal para desvirtuar el plan urbanístico hasta el punto de paralizarlo sine die y dejarlo de hecho sin efecto», recogía DCN hace un par de semanas en una nota en el que daba portazo a estas mesas de debates. Y el tiempo empieza a correr demasiado deprisa.
Se acerca el 31 de diciembre, la fecha en que se activará la cláusula recogida en el contrato privado de compraventa de los terrenos, firmado en el verano de 2014 para lograr la aprobación definitiva del plan parcial. De no conseguirse, todo habrá acabado.
