La polémica medida recaudatoria del Gobierno catalán de cobrar una tasa a los propietarios de vivienda ya tiene fecha para iniciar su aplicación. Será a partir del próximo 1 de marzo, según consta en el reglamento de la Ley 14/2015, de 21 de julio, que acaba de aprobar el Ejecutivo presidido por Carles Puigdemont.
El nuevo tributo busca reducir el stock de viviendas vacías y aumentar su disposición para alquiler social y grava el incumplimiento de la función social de la propiedad de inmuebles vacíos como derecho fundamental, que figura tanto en el Estatuto de Autonomía de Cataluña como en la Constitución española y en la normativa internacional. El hecho imponible afecta a las viviendas desocupadas de manera permanente durante más de dos años sin causa justificada, quedando exentas las entidades del denominado ‘tercer sector’ de la Red de Viviendas de Inserción, así como las entidades inscritas en el registro de entidades y establecimientos de servicios sociales.
Tampoco se aplicará a viviendas protegidas con calificación oficial vigente, a las viviendas situadas en zonas de escasa demanda acreditada, a las puestas a disposición de programas sociales de vivienda o a los apartamentos turísticos.
El nuevo texto define que sí serán objeto de tributación las personas jurídicas titulares de un derecho de usufructo, de un derecho de superficie o de cualquier otro derecho real que otorgue la facultad de explotación económica de la vivienda.
La Generalitat también ha hecho balance de sus políticas de vivienda. En total, en Catalunya hay más de 25.000 pisos sociales, que son propiedad de entre locales, administración autonómica, entidades financieras, cooperativas y otros agentes privados. De todos ellos, unos 900 están vacíos, y el 25% están ocupados de forma irregular
El impuesto es gradual y se calculará en función de la suma total de los metros cuadrados de la superficie útil de los inmuebles afectados. Afectará a un mínimo de 8.313 viviendas.
La cuota se situará en los diez euros por metro cuadrado. La cantidad va subiendo de forma progresiva hasta los 30 euros por metro cuadrado.
El impuesto también prevé aplicar una bonificación progresiva de entre el 10 y el 100% en el caso de que el titular de los pisos destine parte de su parque de viviendas en alquiler asequible.
Aunque el tributo no tiene una voluntad recaudatoria, se prevén unos ingresos anuales de unos 8 millones de euros, que servirán para ampliar la partida destinada a la compra de pisos para alquiler social.
