Parece algo de sentido común, que una licencia urbanística se conceda en un plazo prudencial, el estrictamente necesario para que los técnicos municipales evalúen el proyecto presentado y le den curso de la manera más rápida posible. No se trata de meter prisa a los funcionarios, pero tampoco de que el trámite se eternice y llegue a tardar en liberarse hasta seis meses.
Es el sentido de algunas de las más de 1.000 recomendaciones y sugerencias que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha formulado en los nueve primeros meses de 2015, y que han servido para presentar, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, los estudios «Tramitación de licencias urbanísticas: procedimientos y duración de los trámites», «Seguridad y accesibilidad de las áreas de juego infantil» y «Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes», un estudio elaborado con todos los defensores del pueblo autonómicos.
Entre enero y septiembre, Becerril destacada como recomendaciones el establecer programas que garanticen la alimentación de los menores en periodos no lectivos, que los suelos urbanizables sin construir paguen IBI rústico o que las administraciones autonómicas adecuen a la realidad del mercado los coeficientes y valores catastrales que aplican para valorar los inmuebles que tributan por el impuesto de transmisiones patrimoniales.
En el estudio «Tramitación de licencias urbanísticas: procedimientos y duración de los trámites» se analiza cómo y cuánto tiempo lleva a los ayuntamientos otorgar o denegar las licencias urbanísticas. Estas licencias son una pieza clave en la actividad constructiva, pues sin ellas no puede obtenerse financiación y queda paralizada la ejecución de las obras.
De esa manera, el informe incluye cómo en 2014 se iniciaron actuaciones de oficio con una muestra de diez municipios de diferentes tamaño -Madrid, Barcelona, Valencia, Vigo, Cáceres, Pamplona, Algeciras, Irún, Villena y Úbeda- y se formularon siete recomendaciones a los ayuntamientos y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Tras constatar que los ayuntamientos pueden tardar hasta 60 días en otorgar una licencia para obra de reforma menor en un local o en un edificio, y hasta 180 días si la licencia es para obra mayor, se han realizado cinco nuevas recomendaciones, «para que emprender una actividad sea más fácil», según apuntaba la Defensora.
Además de pedir que se agilicen los procedimientos y se acorten los tiempos de tramitación para todo tipo de licencias urbanísticas, el Defensor del Pueblo recomendaba facilitar el uso de la declaración responsable, en sustitución de la licencia en muchos casos
En esa mejora en la tramitación de las licencias, se recomienda que las licencias de actividades y de obras para la apertura de un establecimiento puedan tramitarse y resolverse simultáneamente.
