La Comunidad de Madrid, ahora dirigida por Cristina Cifuentes, sigue haciendo oídos sordos a los llamamientos que, tanto las empresas como los particulares, siguen haciendo para que, de una vez por todas, la región se adhiera al Plan Estatal del Ministerio de Fomento para impulsar la rehabilitación y el alquiler, la conocida ‘ley de las 3R’. Todas las comunidades autónomas ya lo han hecho. Madrid no.
La situación está provocando una situación de práctica paralización de proyectos de rehabilitación. Es la pescadilla que se muerde la cola. Al no haber convenio no hay subvenciones y, por tanto, los proyectos no salen adelante.
Hablamos de más 40 millones de euros que, en el periodo 2015-2016, Fomento entregaría a la Comunidad de Madrid para que ésta subvencione a miles de familias actuaciones como la reparación de edificios, la incorporación de medidas que permitan reducir el consumo energético o la instalación de ascensores en bloques de viviendas de 3 y más alturas. Además, una parte de esas ayudas se podrían destinar a apoyar a familias con muy bajos ingresos para el pago de las rentas de alquiler.
Por el lado de la empresa, la no adhesión al plan estatal supone no generar inversión privada, la realizada por las familias propietarias de las viviendas, cuyo importe sería más del doble de la subvención pública. Y es que la rehabilitación está llamada a convertirse en los próximos años una inversión estratégica para crear empleo en el sector de la construcción.
Pero parece que, de momento, las cosas en Madrid no van por ahí. Desde 2008 no se han aprobado nuevos proyectos de rehabilitación, a pesar de haberse presentado cerca de 15.000 solicitudes.
Relacionado con la negativa a firmar con el Estado el convenio se encuentra otro tema espinoso. El del perjuicio que está causando el artículo 20 de la Ley 4/2012 en las economías de unas 20.000 familias madrileñas, con una deuda de aproximada de 10 millones de euros.
Una modificación legal que permitió a la Comunidad de Madrid no pagar el tramo autonómico de las subvenciones a las familias que, en el marco de los planes de viviendas estatales y regionales, habían rehabilitado sus viviendas en los años anteriores. Y, además, bajar de 50.000 a 15.000 euros las subvenciones a las comunidades de propietarios que habían instalado ascensores en edificios.