Da la impresión de que, en temas de urbanismo, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no parece tenerlo muy claro. O sí. Han sido varias las decisiones tomadas y anuncios dejados caer que parecen ir en el sentido de contentar a todos. Y, claro, no resulta fácil.
A los constructores les dice lo que éstos quieren escuchar, que sin ellos la región será imposible que crezca y que se van a poner todos los medios para que así sea. Una política de manga ancha que choca no solo con la nueva realidad que impone la ley estatal, sino también, como ya se ha visto en algún caso, con los postulados sociales que defienden desde la Consejería de Fomento y Vivienda, con Elena Cortés al frente.
Ahora, un nuevo anuncio de la presidenta andaluza ha vuelto a poner de manifiesto esta dicotomía, al anunciar su intención de reformar el artículo 185 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para facilitar la regularización de viviendas ilegales construidas en suelo rústico. Viviendas ilegales construidas en parcelaciones ilegales en un limbo de inseguridad jurídica permitido durante décadas por la propia Junta de Andalucía.
Se trata de múltiples casos de especulación del suelo rural, consistente en subdividir ilegalmente una parcela, construir una casa por parcela y luego venderlas. No se trata de una unidad rústica, de pasado agrícola, en la que se ha levantado una casa, sino en un grupo de casas que, subrepticiamente, ha creado un asentamiento urbano. Subparcelación que dejará de ser ilegal con tan sólo pactar con el ayuntamiento respectivo un periodo, establecido por la propia Junta de Andalucía, para que se pueda regularizar.
Decisión que viene a unirse al Decreto de enero de 2012 por el que se pretende regularizar más de 250.000 viviendas ilegales, y con las que la Junta de Andalucía demuestra su voluntad de que las ilegalidades urbanísticas queden impunes, en contra de lo manifestado reiteradamente en los últimos meses.
Si el decreto de regularización de las viviendas construidas en suelo rústico ya era una bendición para los delincuentes urbanísticos, esta nueva medida supone ya una claudicación del deber de la Junta de Andalucía de velar por la aplicación de las leyes de esta comunidad. Aunque se afirma que esta medida “no supondrá la legalización” de la vivienda, sí se le está animando a que no se derribe, como establece la ley, y que pueda recibir los servicios municipales, y cumplir con el correspondiente IBI.
