“Están degradando la experiencia que tenemos los funcionarios, que hemos pasado oposiciones durísimas, de cara al exterior” o “la formación universitaria española está alcanzando niveles inadmisibles”, son algunas de las críticas vertidas por la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado contra el proyecto de Real Decreto con el que el Ministerio de Educación pretende llegar a la equiparación de las titulaciones pre-Bolonia con los niveles actuales 2 y 3, es decir grado y máster.
Se unen a los ingenieros y arquitectos, que andan reclamando al Gobierno que declare de forma automática que las antiguas licenciaturas, ingenierías y arquitecturas, de cinco o más años de duración, corresponden al nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF).
El proyecto de Real Decreto, actualmente en tramitación en el Consejo de Estado y pendiente de la aprobación del Consejo de Ministros, solo establece un largo procedimiento ante la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, eventualmente prorrogable, para llegar a declarar la correspondencia de los títulos pre-Bolonia a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.
Circunstancia que, a juicio de los ingenieros, a los que ahora se unen oficialmente los funcionarios, no pone remedio a la pérdida del reconocimiento de la excelencia que se había conseguido dentro y fuera de nuestras fronteras”. En las licitaciones públicas en el extranjero, a los antiguos titulados superiores españoles solo se les reconoce el actual nivel de grado.
En este contexto, en el que las Instituciones de la Unión Europea abogan por la desaparición de los colegios profesionales para liberalizar el mercado de los servicios, el Consejo Económico y Social Europeo acaba de publicar un dictamen titulado ‘El papel y el futuro de las profesiones liberales en la sociedad civil europea de 2020’ en el que justifica la colegiación obligatoria y demanda instituciones profesionales de ámbito europeo. Afirma el dictamen que las normas sobre colegiación obligatoria deben estar diseñadas de manera que la libre circulación de servicios y la libertad de establecimiento no se vean afectadas.
Estima que un requisito funcional para la autonomía administrativa es la colegiación obligatoria en aquellos países en los que sea posible con arreglo a la legislación en vigor y que esta intromisión en la libertad de la práctica profesional se justifica por un interés público superior. Para el CESE, los instrumentos adecuados son el reconocimiento de los registros de otro Estado miembro o las inscripciones gratuitas, si existe una organización en otro Estado miembro de la Unión Europea.
Aboga por fijar a escala europea una definición uniforme de la profesión liberal. Esta definición debería abarcar solo las características generales de la profesión liberal y enumerar las categorías de profesiones liberales. Una mera definición no puede impedir el surgimiento de nuevas profesiones liberales.