La revitalización del medio rural para evitar la progresiva despoblación ha llevado al Gobierno de Castilla-La Mancha a la necesidad de abordar un profundo cambio de la normativa urbanística para dotar de suelo industrial a los municipios que no lo tengan programados en sus respectivos planeamientos.
Un innovación de la Instrucción Técnica de Planeamiento que regula los requisitos que han de reunir este tipo de actividades para instalarse en terrenos clasificados como suelo rústico, será la primera medida, que dará paso a un conjunto de actuaciones para evitar que puedan perderse iniciativas de inversión y empleo en zonas rurales por falta de espacio adecuado, cuya habilitación lleva aparejados en la actualidad complejos trámites que se prolongan en exceso.
La iniciativa recoge lo que ha sido una demanda constante formulada por los pequeños municipios y los empresarios de la región, que venían pidiendo que, en aquellas localidades en que no se contaba con suelo urbanizado, se permitiese atender la instalación en suelo rústico de aquellas actividades compatibles con éste, asegurando en todo caso la protección del medio ambiente.
Los proyectos que pudieran acometerse deberán obtener permiso de la Consejería competente en la materia y la aprobación de la correspondiente comisión urbanística, algo que no influirá excesivamente en los plazos ya que ahora se reúnen con la máxima agilidad.
La propuesta pasa por considerar como excepcional la iniciativa que se plantee mediante los oportunos informes técnicos, en los que se deberán tener en cuenta los requisitos que la normativa exige en cuanto a parcela mínima y ocupación máxima, siempre que se justifique su necesidad de emplazamiento en este medio, además del adecuado respecto al mismo en términos medioambientales y el hecho de que se genere empleo en la zona.
La propuesta cuyo será objeto de informe definitivo en la próxima Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en base a las observaciones que puedan hacer sus distintos miembros, entre los que se encuentran representantes de las distintas Administraciones, de los municipios y de los Colegios Profesionales de la Región.
Las modificaciones propuestas son un adelanto de las medidas de agilización de los procesos urbanísticos que anunció el presidente, Emiliano García-Page, y que tendrá su continuidad en otra serie de iniciativas normativas en las que se está trabajando actualmente de la mano de los colectivos sociales y profesionales de esta región, y que culminará en una reforma del actual Texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
