Al margen de las fotos oficiales, maquetas majestuosas y planos sobre lo que sería la Operación Chamartín, redenominada ahora como Distrito Castellana Norte, se han empezado a conocer datos relativos a las cuentas del proyecto. Del dinero que hay que poner para echar a rodar una actuación de tal envergadura.
Y ya empiezan a surgir las primeras dudas. Por una parte, BBVA y San José, los socios promotores a través de DUCH, deben aportar más de 4.200 millones. Para la entidad financiera se trata de una cantidad asumible, pero ¿lo es para la promotora gallega que anda con serios problemas para pagar la deuda financiera que acumula?
Y qué decir de los más de 2.000 millones de euros que deben aportar las Administraciones Públicas, tanto el Ministerio de Fomento, Adif, Canal de Isabel II y Comunidad y Ayuntamiento de Madrid.
El nuevo convenio sustituye al de noviembre de 2011, de igual forma que el Plan Parcial de Reforma Interior aprobado hace una semana por el Ayuntamiento (que confía en concluir su tramitación antes de las elecciones de mayo) reemplaza el ordenamiento de febrero de 2011, anulado por dos sentencias judiciales en 2013.
Renfe y Adif poseen 1.963.515 metros, pero han firmado un contrato con el BBVA y San José para venderles 1.919.017 metros cuadrados una vez finalice la tramitación del plan urbanístico por 1.200 millones de euros. Serán dueños así del 61,6% del suelo. Otros 557.205 metros cuadrados (el 17,9%) corresponde a pequeños propietarios.
Por tanto, el 79,5% del suelo está en manos privadas, y el 20,5% se lo dividen las tres Administraciones de esta manera: el Ayuntamiento, 319.418 metros cuadrados (10,3%); el Ministerio de Fomento, 148.814 (4,8%); el Canal de Isabel II, 118.250 (3,8%); y la Comunidad, 51.589 (1,7%).
La inversión total prevista asciende a 5.974 millones de euros. En primer lugar, son necesarios 1.204 millones para urbanizar el área y construir infraestructuras (estaciones de tren, canalizaciones de agua, carreteras, etcétera). Ese dinero lo aportan los propietarios del suelo: 964 millones de inversores privados y 240 millones de dinero público. Además, el BBVA y San José deberán pagar, aparte, 138 millones para el metro. Ninguna de estas cifras incluye IVA o el efecto de la inflación.
Una vez el terreno esté listo para construir, la norma urbanística obliga a entregar parte al Ayuntamiento para equipamientos públicos (colegios, polideportivos, hospitales, etcétera). Serán 286.059 metros cuadrados (el 9,4%), sobre los que las Administraciones se comprometen a invertir 1.103 millones en equipamientos a lo largo de 20 años, al ritmo y de la forma que crean oportunos.
El resto del suelo con uso lucrativo albergará 17.699 viviendas y 1.386.175 metros cuadrados de oficinas, tiendas y hoteles. Construir esos edificios costará 3.529 millones, de los que 2.173 corresponderán al BBVA y San José, 632 millones al resto de propietarios privados, y 723 millones a las Administraciones.
