"Es una revisión innecesaria, inviable, opaca y sin voluntad de consenso". Así de rotunda se ha mostrado la oposición en el Ayuntamiento de Valencia para avalar la enmienda a la totalidad contra la revisión del PGOU planteada.
Entienden que no resulta racional reclasificar 415 hectáreas de huerta para dar cabida a equipamientos, nuevas infraestructuras viarias y 17.000 nuevas viviendas en diferentes sectores residenciales. Recuerdan que esta revisión se inició hace ya una década sin haber realizado un balance de la situación, ni un estudio de demanda de vivienda.
Entonces, aquella propuesta recibió un informe negativo de la Dirección General de Gestión del Medio Natural que consideraba innecesaria esta ocupación y aconsejaba realizar las actuaciones en el contexto de un ámbito metropolitano porque generaba presión urbanística sobre la huerta.
La nueva reclasificación se basa en un estudio de demanda del año 2008 con datos erróneos. Además, la necesidad de nueva vivienda no se justifica en estos momentos, dado que hay suelo urbano y urbanizable para edificar 40.000 nuevas casas, y otras 65.000 dispersas y vacías por toda la ciudad. También dejan caer que se ha aprovechado la revisión para introducir modificaciones puntuales que no proceden en este momento.
El tema de la movilidad y la sostenibilidad también ha sido objeto de numerosas alegaciones porque las infraestructuras viarias planteadas son insostenibles e innecesarias, ya que la revisión del PGOU no tiene en cuenta documentos básicos que explicitan la necesidad de dar preferencia al transporte público frente al privado.
Creen que se ha ignorado los datos de la Estación de Aforo de tráfico del Ministerio de Fomento, en los que se observa que a partir de la crisis ha caído el volumen de tráfico, y se empecina en que en 2016 habrá el doble de tráfico a motor que en 2013. Este aumento del tráfico se basaba en actuaciones que no se han realizado como el Centro Comercial y de Ocio de la Font de Sant Lluís o en el supuesto aumento de desplazamientos por la llegada del AVE o el nuevo Hospital La Fe.
En cuanto a los costes de las infraestructuras, la oposición recuerda que no se podrá recurrir a fondos europeos, puesto que para recibirlos hay que cumplir con la legislación ambiental y la aprobación de la Evaluación Ambiental Estratégica, dos puntos que no se han contemplado en la revisión.