Lo que se lleva construido del edificio de la Cúpula de la Energía se debe demoler y reponer los terrenos a su estado original, así lo ha dictado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Soria.
Se trata de un proyecto arquitectónico de 10 edificios, que formaba parte de complejo urbanístico que afectaba a más de 500 hectáreas de terrenos rústicos; en su mayoría con protección urbanística y medioambiental, que fue aprobado insólitamente mediante una Ley de la Junta de Castilla y León que el año pasado fue declarada Inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
Las obras de la Cúpula de la Energía se iniciaron en 2012 con un presupuesto de 36 millones para ejecutar el proyecto de los arquitectos Mansilla + Tuñón & Albornoz; un exclusivo estudio que diseñó el edificio contraviniendo la propia y específica normativa de la entonces en vigor Ley de la Ciudad del Medioambiente, razón por la cual la licencia de obras fue declarada nula por el TSJ de CyL.
A pesar de los intentos de algunos grupos por subsanar las deficiencias y errores del proyecto, desde la Junta de Castilla y León prosiguieron con las obras, argumentando la prevalencia del interés general por el coste que supondría el derribo, cuando la realidad cae por su propio peso, que no es otra que acabar las obras de la estructura resultaría mucho más caro para las arcas públicas. Aproximadamente, el derribo saldría por la cuarta parte de lo que costaría terminar el edificio, asentado sbre terreno inundable y carente de uso conocido.
A pesar de la firmeza y contundencia de este Auto y de sus argumentos jurídicos, el proyecto de la Cúpula de la Energía y de la Ciudad del Medioambiente tiene abiertos procedimientos administrativos para evitar o en su caso ralentizar el cumplimiento de las sentencias hasta ahora emitidas.
En concreto el pasado día 5 de noviembre, en Valladolid, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León aprobó la declaración de impacto ambiental del Proyecto Regional del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA), en Garray (Soria) y cuya finalidad es la de legalizar las instalaciones ejecutadas irregularmente y eludir el cumplimiento de las resoluciones de los Tribunales, por lo que resulta palmaria la desviación de poder en que presuntamente se incurrirá al aprobarlo.
