La ley andaluza de Ordenación Urbanística no regularizará viviendas en zonas inundables y de especial protección

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de  la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, ha reiterado en el Parlamento andaluz que la modificación del artículo 185 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) no supondrá una "medida de gracia ni una amnistía general que permita regularizar edificaciones situadas en zonas inundables y de especial protección o que tengan expedientes abiertos a nivel administrativo o penal".

Durante su intervención la consejera ha subrayado que la modificación del citado artículo de la LOUA tiene como objeto regularizar viviendas construidas de manera irregular en suelo no urbanizable y para las cuales ha prescrito el plazo para la restitución de la legalidad urbanística.

En este sentido, ha asegurado que con esta reforma la Junta trata de "dar seguridad jurídica a miles de familias que de esta forma podrán acceder a servicios básicos e inscribir sus viviendas en el registro de la propiedad".

En opinión de la consejera, con esta modificación legislativa se pretende "deslindar la prescripción de la edificación y su parcela asociada, de la imprescriptibilidad de la parcelación en su conjunto, permitiendo así el acceso a la regularización de estas edificaciones".

Según Serrano esta medida afectará a edificaciones aisladas localizadas en pequeñas parcelaciones de reducido tamaño que, a pesar de haber transcurrido para ellas el plazo para poder ejercer sobre ellas acciones disciplinarias, "no es posible el reconocimiento del régimen de asimilado al de fuera de ordenación dada la imprescriptibilidad de las parcelaciones en las que se ubican".

Por último, la consejera ha recordado que la reforma del artículo 185 de la LOUA se enmarca en el proceso iniciado por el Decreto 2/2012 de regularización de las edificaciones en suelo no urbanizable.

Según Serrano, desde la Consejería se está trabajando junto al resto del Gobierno para perfilar el contenido y la forma jurídica de la propuesta que de forma inmediata se someterá a la consideración del Consejo de Gobierno.

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