La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, refrendada por el Supremo, sobre la urbanización Marina de Valdecañas sigue dando qué hablar y lo va a seguir dando. Pedida la ejecución de la sentencia, desde la Junta de Extremadura se han apresurado a presentar alegaciones contra la ejecución, en el sentido del gran número de puestos de trabajo creados y lo elevado que sería el coste de la demolición.
Serán pues los tribunales los que deberán dilucidar sobre esta verdadera ‘patata caliente’. Si dan la razón a la Junta, y consideran inviable la ejecución, o si, no lo hacen, y dan cobertura a quienes consideran que los argumentos del Ejecutivo regional no se sostienen por ningún lado.
Mientras que la Junta argumenta que la demolición acabaría con la generación de empleo promovida por la urbanización, existen datos que estiman lo contrario, que la creación de puestos de trabajo ha sido mínima y a un coste insostenible, como certifica un informe pericial elaborado por el Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Manuel Delgado. Los puestos de trabajo adolecen de una altísima temporalidad, es decir, son de corta duración.
Por otro lado, en la comarca se ha registrado un incremento del desempleo del 23,7% a pesar de la ejecución de esta urbanización ilegal. En los pueblos más próximos a Marina de Valdecañas la situación es bastante peor, pues los demandantes de empleo (paro registrado) han aumentado entre 2007 y 2014 en la localidad de El Berrocalejo un 1.200% y en El Gordo un 137%.
Respecto al coste de la demolición, la Junta asegura que ascendería a 34 millones de euros. Cuentas difíciles de justificar, ya que icluyen tareas innecesarias y poco justificables como el desmantelamiento de la estación depuradora y el desbroce y tala de toda la superficie vegetal. Solo este arranque de vegetación supone un gasto de 14 millones de euros, algo a todas luces innecesario, ya que, en gran parte, se trata de especies autóctonas, que deberían permanecer en la isla recuperada.
La Junta también alega que algunas especies de aves habían mejorado sus efectivos después de la urbanización. Pero los estudios presentados por las organizaciones ecologistas demuestran que 13 de las 14 especies de avifauna más importantes de la ZEPA han disminuido sus poblaciones.
En cuanto a la imposibilidad de ir contra su propia normativa, parece claro que los cambios normativos efectuados “a la carta”, por parte del Gobierno extremeño, para tratar de legalizar el proyecto a posteriori no son admisibles en un Estado de Derecho, y menos cuando los contenidos de dichas modificaciones legales vulneran normativas de mayor rango.
