viernes, 14 noviembre 2025
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Madrid investiga por qué un parking, adjudicado a Dico por 4 millones, costó 9

El Ayuntamiento de Madrid estudia posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato para la construcción de un aparcamiento en el marco de las investigaciones en torno a contratos con empresas relacionadas con la trama Púnica.

El pliego de cláusulas y una convalidación de gasto con argumentación técnica contraria obligan a revisar de manera pormenorizada el expediente de esta operación.

El contrato de obras para la construcción, explotación y uso del aparcamiento público subterráneo de concesión municipal para residentes «Cándido Mateo», fue adjudicado el 7 de octubre de 2005 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cándido Mateos (formada por Dico y Aglomerarados Daimiel).

Una de las condiciones por las que la oferta de la UTE Cándido Mateos ganó el contrato fue que en ésta se comprometió a no cortar el tráfico durante las obras para construir el aparcamiento. Logró seis puntos decisivos para lograr la adjudicación.

El contrato de obras firmado en el marco de esa adjudicación ascendía a 3.904.083,21 euros. En el mismo el contratista se comprometía una vez más a asumir los costes de desplazamiento, desvío de tráfico consecuencia de las obras.

Sin embargo, no fue así. En la Memoria de Convalidación del gasto que finalmente tuvo el proyecto (ver documento adjunto), el motivo que alega el contratista para modificarlo es que «los vehículos deben circular».

Dado que este contratista no había ofrecido esa alternativa y así se adjudicó el contrato, la obra no pudo hacerse en el plazo a que se había comprometido. La rectificación del proceso constructivo alcanzó un importe de 3.382.408 euros, es decir, casi el mismo importe por el que se había adjudicado el contrato de construcción de la obra.

El aparcamiento, que debía costar en un principio 3,9 millones, acabó costando, por esta modificación y otros gastos, más de 9 millones de euros.

El proceso de contratación fue ya objeto de revisión. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitió sentencia en 2007 por no concluir el trámite de información pública en el proceso.

Los documentos revisados ahora, en el marco de las investigaciones sobre vínculos de la trama Púnica, apuntan a probables irregularidades en el proceso de contratación del aparcamiento, cuya ejecución se saldó con una desmesurada convalidación de gasto.

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