El Juzgado de lo Penal 3 de Orihuela (Alicante) ha condenado a la exalcaldesa Mónica Lorente y al concejal delegado de Servicios e Infraestructuras de Pedanía, Antonio Rodríguez, a pagar una multa de 2.700 euros por adjudicar las obras de mejora de la plaza ubicada junto al centro social de El Escorratel sin concluir la tramitación del preceptivo expediente administrativo.
Los dos ediles han sido condenados por un delito de falsedad documental cometido por autoridad o funcionario púbico por imprudencia grave a nueve meses de multa a razón de diez euros diarios y a nueve meses de suspensión de empleo o cargo público.
Según la sentencia, las obras fueron ejecutadas por la empresa Ronis’2 Construcciones y Reformas antes de julio de 2008, «antes de que por junta de gobierno se hubiera acordado ningún tipo de adjudicación contractual ni que, por lo tanto, se hubiera formalizado el correspondiente contrato por una de las tres empresas a las que se había cursado invitaciones en el procedimiento negociado sin publicidad».
Además, no se formalizó acta de replanteo ni se suscribió el acta de entrega con conformidad de la administración ni se ejecutaron las actuaciones de inspección por parte de los servicios técnicos municipales, ni pudo verificarse, ni exigirse, ningún cumplimiento de plazos a la entidad que estaba ejecutando las obras. No fue hasta el 25 de julio cuando se adoptó el acuerdo de adjudicación.
Las obras, presupuestadas en 34.380 euros, fueron ejecutadas por dicha empresa e inauguradas por la alcaldesa el 4 de julio de 2008 antes de que se hubieran adjudicado legalmente. El contrato se confeccionó el 26 de julio de ese mismo año para «dar apariencia de legalidad a la ejecución de las obras aludidas».
La sentencia destaca el «comportamiento gravemente negligente» de la entonces regidora municipal por validar el contrato a posteriori «ya que no adoptó las medidas más básicas que hubieran evitado la redacción del mismo, puesto que, entre otras circunstancias, con la mera lectura del contrato, hubiera podido constatar que el mismo se refería a la ejecución de obras ya realizadas».
La magistrada añade que ese dato «era conocido en el seno del consistorio oriolano» porque la entonces alcaldesa «había presidido los actos de inauguración de la plaza» el 4 de julio.
