Los recursos económicos de Sareb están contados, y la mayor parte de sus ingresos van a parar a cumplir con su principal y único objetivo, el de devolver la ingente deuda financiera de 51.000 millones de euros con la que hace casi cuatro años se constituyó, en el marco de la operación de rescate que el Estado español firmó para paliar la grave crisis financiera de las cajas de ahorro.
Por eso, las inversiones están muy controladas. Se pueden terminar obras de promociones que quedaron paralizadas en lugares con gran demanda, de cara a obtener hasta plusvalías por la venta de las viviendas, pero hay cuestiones que no se van a abordar. Al menos, de momento.
Una de ellas, la de demoler inmuebles, aun a sabiendas, de que su venta resultará casi imposible por estar situadas en lugares alejados del mundanal ruido, con difíciles accesos y mal comunicados.
Así lo acaba de reconocer el presidente del banco malo, Jaime Echegoyen, en una jornada celebradas en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Le preguntaban si era mejor tirarlos o mantenerlo. Y respondía que quizás lo más lógico sería tirarlos, pero matizaba que era una opción que no se habían planteado, «porque para eso se necesita dinero».
Otro aspecto destacado por Echegoyen es el de la ralentización que Sareb está detectando este año en el ritmo de ventas de sus inmuebles, de apenas 25 unidades al día, por debajo de los datos registrados en años anteriores.
Algo que el presidente de Sareb achacaba a la fuerte competencia de las entidades financieras, presionadas para sacar cuanto antes de sus balances las ingentes cantidades de activos inmobiliarios que tienen alojados en sus balances. El banco malo también está en la misma situación, pero tiene tiempo hasta el año 2027 para hacerlo. Los bancos, no.
Echegoyen aprovechaba el evento para hacer balance de la Sareb en sus tres años y medio de existencia, para apuntar que se habían vendido 35.200 inmuebles obteniendo por ellos casi 13.000 millones de euros. Y que, como consecuencia, la cartera se había reducido en 7.800 millones y se habían podido amortizar 7.700 millones de deuda.
A alguien se le ocurrió preguntar sobre la posibilidad, como pide Unidos Podemos, de convertir la Sareb en una agencia pública de alquiler, y Echegoyen echó manos de los números para señalar que esa posibilidad, de llegar a producirse, elevaría el déficit público hasta el 9%, con esos 43.000 millones de euros de deuda que todavía quedan por amortizar.
