El Estado ha vendido inmuebles por 637 millones con su programa de racionalización del Patrimonio

El Gobierno ha presentado un nuevo informe trimestral sobre el desarrollo del Programa de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario Estatal. En el documento, presentado en el Consejo de Ministros, se recoge que el programa de enajenación de inmuebles cuenta actualmente con 15.484 elementos de los que se han puesto en el mercado 9.545.

Esta cifra supone un 61,64% del total de inmuebles incluidos en el programa. El principal objetivo que tenía la medida era alcanzar una cifra de ventas de 150 millones de euros.

El valor de los inmuebles adjudicados, incluyendo los del grupo Fomento no recogidos en el programa inicial, ha sido de 637,5 millones de euros, un 425%, con lo que el objetivo previsto ha sido sobradamente alcanzado.

Por lo que a la optimización de la ocupación de espacios se refiere, se ha ido reduciendo la ratio de ocupación de superficie por efectivo, acercándose al utilizado por la empresa privada.

Algo que se ha realizado mediante la aprobación de unos nuevos índices de ocupación en los edificios de uso administrativo y la presentación por los diferentes departamentos ministeriales de sus respectivos planes de optimización de utilización de espacios públicos de los Servicios Centrales recibidos entre diciembre de 2013 y febrero de 2014 y que contenían actuaciones concretas.

Como consecuencia de esta medida se han liberado 176.386,46 metros cuadrados netos de espacios arrendados por la Administración General del Estado y sus organismos adscritos.

En cuanto a la reducción de los arrendamientos, se han realizado actuaciones para conseguir resoluciones netas de contratos de arrendamientos y para renegociar rentas. Así, en todos los contratos de arrendamiento que se presentan a informe se buscan alternativas en propiedad para evitar nuevos contratos. Además, se participa en el asesoramiento de contratos pendientes de revisión para renegociar rentas y, en su caso, resolver contratos.

El objetivo que se pretendía alcanzar era la reducción del importe que se abonaba en concepto de los arrendamientos de un 20% tanto por la AGE como por sus organismos autónomos, en el marco del Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario Estatal. Estas actuaciones están suponiendo ahorros acumulados de 61,4 millones de euros.

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