Aparte de su indefinición en cuestiones claras como los objetivos a alcanzar y, sobre todo, el presupuesto con el que acometer las medidas tendentes a alcanzar sus pretendidos logros, el recientemente presentado Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Madrid (PMUS) presenta algunas lagunas conceptuales que hacen dudar de su eficacia.
Para que un plan como este se convierte en referente debería establecer claramente, además de especificar qué objetivos persigue –tales como el incremento del transporte público o las reducciones del tráfico y de la contaminación–, cómo los va a lograr, cómo va a saber que esas medidas consiguen los objetivos comprometidos, y realizar un seguimiento y una evaluación continua del plan para comprobar que las medidas tienen el éxito esperado, o rectificarlas caso de que no lo tengan.
Echando un vistazo al documento elaborado por el Ayuntamiento de Madrid, el plan adolece de objetivos e indicadores cuantificados, y tampoco incorpora ningún plan de trabajo para la implementación de las medidas ni compromete ningún presupuesto. Es más, algunas medidas quedan condicionadas a la situación económica en que se halle el consistorio a partir de 2016.
Con respecto al plan de seguimiento y evaluación tan solo menciona un informe anual, sin aclarar si se hará o no público, quién lo realizará ni a quién se presentará. Tan solo se menciona una revisión del plan ya en 2017.
En lo que respecta al conjunto de medidas propuestas conviene destacar que algunas son contraproducentes, como la privatización del subsuelo municipal y venta de los aparcamientos municipales de residentes en régimen de concesión (95.000 plazas), que no hará sino atraer más automóviles a la ciudad.
Otras medidas trascienden las competencias del Ayuntamiento (carriles BUS VAO de acceso a Madrid); algunas se condicionan a los presupuestos de 2016 del Ayuntamiento (plan peatonal) y la mayor parte resultan poco ambiciosas.
Resulta paradójico que el mismo Ayuntamiento que ha consentido y participado en el deterioro del servicio de metro y autobuses urbanos con recortes de presupuestos continuados, presente un PMUS. Por un lado se empeora el servicio de transporte público, desincentivando su uso, por otro lado se presume de querer fomentarlo.
Habrá que ver si las alegaciones presentadas por algunos grupos, posibilitan que el documento sea más creíble y ambicioso, no cómo el actual, elaborado únicamente y exclusivamente para cumplir con el requisito que se establece en la Ley de Economía Sostenible, como condición para acceder a los recursos que la Administración Central otorga para apoyar los sistemas municipales de transporte público.
