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Invertir en el alquiler de viviendas beneficia más a los particulares que a las empresas

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Reducción fiscal, una menor duración de los arrendamientos, menos gastos, poder recuperar la vivienda por causa de necesidad o antes de tiempo en el caso de un desahucio, son las cinco situaciones que benefician a los particulares frente a las empresas en el alquiler de viviendas.

Siempre que se habla de inversiones, la creencia más generalizada es que las empresas serán las más beneficiadas, bien porque tengan un mayor conocimiento y experiencia en la materia, o porque las leyes y las normas van a ir su favor. La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) ha comprobado que, en el alquiler de viviendas, la situación es la contraria y, «son los propietarios particulares los que obtienen mayores beneficios, no solo económicos, a la hora de comprar una vivienda para luego destinarla al alquiler residencial, señala José Ramón Zurdo, Director General de la principal empresa en intermediación y gestión de alquileres.

«Analizando la actual legislación arrendaticia se puede afirmar que cuando el titular arrendador de la vivienda que se desea alquilar es una persona física el alquiler tiene un tratamiento jurídico y fiscal mas favorable que cuando el titular arrendador es una Mercantil», afirma Zurdo.

Estas son las cinco situaciones que inclinan la balanza hacia el particular en detrimento de las personas jurídicas, a la hora de invertir en el alquiler de viviendas:

1. Reducción fiscal. Los arrendadores particulares actualmente gozan de una reducción fiscal estatal del 60% de los rendimientos netos que obtengan del alquiler. Reducción que se perdería si los arrendadores de las viviendas fueran personas jurídicas, excepto aquellas sociedades cuyo objeto social fuera la inversión en viviendas y tuvieran un régimen fiscal mas favorable, como por ejemplo fondos, Socimis y grandes tenedores de inmuebles.

2. Plazo menor. También cuando los arrendadores de las viviendas son Mercantiles, la duración de los arrendamientos es mayor, porque en estos casos los inquilinos pueden permanecer arrendados hasta 7 años; en cambio cuando los arrendadores de las viviendas son personas físicas, el plazo de duración de los arrendamientos se acorta hasta los cinco años.

3. Menos gastos. En el caso de arrendadores personas jurídicas, los gastos de gestión y de formalización de los contratos de arrendamiento (agencias inmobiliarias, abogados, etc) tienen que ser asumidos por ellos; en cambio cuando los arrendadores fueran personas físicas, podrían repercutir dichos gastos a los inquilinos.

4. Recuperar la vivienda por causa de necesidad. También los arrendadores personas físicas podrían recuperar las viviendas arrendadas en casos de necesidad, antes del 5ª año de finalización de los arrendamientos. En cambio, un arrendador persona jurídica no podría hacerlo, porque la Ley limita esta causa de recuperación de las viviendas arrendadas, solo a arrendadores personas físicas.

5. Recuperar antes la vivienda en desahucios. Por último, en casos de desahucios promovidos por arrendadores personas jurídicas, que no sean grandes tenedores de inmuebles, cuando los tribunales detecten que los inquilinos arrendados estén en situaciones de vulnerabilidad, pueden suspender los lanzamientos hasta un periodo de tres meses, frente al mes de suspenso en el caso de arrendadores personas físicas.

Por último, José Ramón Zurdo, analiza como el alquiler residencial de las grandes ciudades, se ha convertido también en una fuente de ingresos para el pequeño propietario: «el mercado del alquiler en España está muy atomizado y precisamente más del 85% de los propietarios son propietarios particulares que obtienen una rentabilidad de esta actividad no especulativa. Estos millones de propietarios y los que puedan sumarse para ampliar la necesaria oferta de inmuebles en alquiler, necesitan más que nunca un mercado con mayor seguridad jurídica y fiabilidad futura, sin intervenciones o injerencias ideológicas».

Madrid presenta una guía para dar seguridad y certidumbre al mercado inmobiliario

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La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, junto al delegado de Economía, Innovación y Empleo, Miguel Ángel Redondo, ha presentado la guía ‘Los derechos de las personas consumidoras en la compra y alquiler de vivienda‘ en un contexto de crisis para el sector derivado de la COVID-19, en el que están aumentando los contratos de alquiler.

Así, la Dirección General de Consumo, dependiente del Área de Economía, Innovación y Empleo, ha desarrollado esta guía para orientar a los ciudadanos en la adecuada toma de decisiones para la adquisición de este bien de consumo o en el alquiler de la vivienda.

Por otro lado, es también objetivo de esta guía informar y concienciar al sector empresarial madrileño para que, en el marco de la defensa y protección de los derechos de los consumidores, mantenga prácticas de calidad en el desarrollo de su actividad como un elemento más de gestión empresarial y fidelización de su clientela.

Durante la presentación, Villacís ha señalado que una de las tareas del Ayuntamiento es «ofrecer certidumbre jurídica a consumidores, inversores y empresas» y ha destacado la importancia de que exista un mercado que «sea libre, pero con reglas establecidas». En este sentido, ha añadido que «esta guía es una invitación a que las cosas se hagan bien, favoreciendo la economía que paga impuestos y la que beneficia y otorga más seguridad a compradores, vendedores, arrendadores y arrendatarios».

La vicealcaldesa, además de pedir certidumbre en el mercado inmobiliario ha destacado, por otra parte, que «la mejor manera de que bajen los precios es elevando la oferta inmobiliaria para los consumidores».

Así, ha recordado que «las mayores bajadas en los precios se han producido en distritos donde se ha incrementado el volumen de inmuebles a disposición de los ciudadanos» y para ello, ha puesto como ejemplo el desarrollo urbanístico del sureste que se está llevando a cabo a través del Ayuntamiento y que pondrá más de 55.000 viviendas a disposición de los vecinos «en lo que supone la creación de la mayor bolsa de vivienda asequible de Europa». En ese sentido, ha insistido en la necesidad de fomentar la colaboración público-privada para elevar esa oferta a «través de la construcción de viviendas a precio asequible».

Por su parte, Redondo ha destacado el trabajo de la Dirección General de Consumo en estos meses de pandemia, que ha «elevado el número de reclamaciones resueltas por encima de las 25.000 gracias a unos servicios gratuitos que permiten a los madrileños contar con un asesoramiento profesional en materia de consumo y arbitraje». Pese a que las reclamaciones de vivienda representan el 1,37 % sobre el total, son las que comportan mayor cuantía.

Recomendaciones para los usuarios

A la hora de tomar una decisión de compra o alquiler, el consumidor debe de conocer al detalle el precio y todas las cláusulas que se incluirán en el contrato.

Por su parte, la publicidad debe ser veraz. Es fundamental, además, que todos los datos inherentes a la vivienda estén incluidos en la información que se ofrece, ya que forma parte del contrato y vincula al empresario en su contenido.

También es importante conocer las denominadas ‘cláusulas abusivas’, para lo que la Dirección General de Consumo, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, cuenta con profesionales de cara a la atención del consumidor todos los días del año.

Andalucía exige aplicar la metodología BIM para ampliar los metros de Sevilla, Málaga y Granada

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La Junta de Andalucía exige los requerimientos BIM (Building Information Modeling) para la redacción de los proyectos de ampliación de los metros de Sevilla, Málaga y Granada, que se encuentran en estos momentos en proceso de contratación.

Así lo ha expuesto la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, que ha inaugurado un seminario web sobre La digitalización e implantación BIM en la planificación y gestión de obras y edificaciones.

La consejera ha explicado que «esta nueva metodología es un ejercicio de transparencia para la Administración pública y, sobre todo, reduce la pérdida de tiempo y de recursos en la gestión de las infraestructuras». Está previsto que el BIM sea, a partir de 2021, la metodología habitual en los proyectos que desarrolle este gobierno de la Junta de Andalucía.

Gracias al BIM, ha añadido Marifrán Carazo, «evitaremos reclamaciones, modificaciones y otros problemas que hasta ahora ha tenido la ejecución de las obras públicas», ya que «hemos aprendido de los errores del pasado y nuestro objetivo es invertir en la construcción, revisión y dirección de proyectos fiables».

Esta apuesta por la eficiencia pretende evitar los sobrecostes que han tenido, con los anteriores gobiernos, algunos proyectos como los de la construcción de los metros de Sevilla y Granada.

La inversión en la construcción del Metro de Sevilla ha supuesto 474 millones más de lo previsto inicialmente, lo que significa un 110 por ciento de sobrecoste, cifra que incluye los 165 millones de euros de reclamaciones judiciales. En el caso del Metro de Granada, la inversión ha sido finalmente de 135,62 millones más de lo previsto, lo que supone alrededor del 30 por ciento sobre el presupuesto inicial.

El proceso de implantación BIM en la Consejería de Fomento exhibe ya grandes avances, como la exigencia de requerimientos BIM en la redacción de los nuevos proyectos, especialmente en la ampliación de la Línea 2 del metro de Málaga de manera soterrada hasta el Hospital Civil, que está en fase de contratación, las ampliaciones norte y sur del metro de Granada, que han salido a licitación pública la pasada semana, y la actualización del proyecto del tramo sur hasta Bellavista de la Línea 3 de metro de Sevilla. La inversión en la redacción de los proyectos de ampliación de estas infraestructuras del transporte asciende a nueve millones y medio de euros.

Con la incorporación de esta nueva tecnología de carácter digital, la Administración asume la responsabilidad de diseñar y construir con mejores parámetros de eficiencia, lo que supone un mayor control sobre las inversiones y los plazos en la obra pública.

La Metodología BIM permite simulaciones digitales de diseño, además de manejar de modo coordinado y con trazabilidad toda la información que conlleva un proyecto y gestión de activos en el ciclo de vida completo de la obra pública.

Fomento ha generado, gracias al grupo de trabajo creado en la Consejería hace poco más de un año, nuevos estándares, procesos, documentos, plantillas de licitación y supervisión para proyectos, obras y mantenimiento que ya son de aplicación práctica. La labor de difusión también ha formado parte del proceso y se ha puesto a disposición pública todo lo aprendido y generado, en sintonía con la propia afinidad de la metodología BIM, altamente abierta y participativa.

Esta nueva forma de trabajo en el mundo de la construcción propicia la colaboración desde el primer momento con todos los actores del proceso constructivo, lo que dota de mayor transparencia al proceso administrativo y a la relación entre la administración pública y las empresas del sector.

De esta forma, las empresas que presenten ofertas a los concursos abiertos, tendrán que trabajar con esta nueva metodología, que se ha convertido en un instrumento clave para la transformación digital del sector de la construcción.

La Consejería ha aplicado la metodología BIM en todas sus áreas, como la de vivienda, en la que tiene previsto adjudicar el contrato de las obras de rehabilitación energética de un grupo de 26 viviendas públicas en la localidad de Camas utilizando esta metodología.

La Agencia de Vivienda AVRA también tiene el proyecto europeo Energy Push para obras de rehabilitación energética. Además, la Dirección General de Infraestructuras también está utilizando el método BIM para el proyecto de ampliación de capacidad de la autovía Almonte-Matalascañas (A-483).

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía respaldó, ya en noviembre del pasado año, este proceso de transformación digital que afecta a todas consejerías. Los técnicos de la Junta mantienen desde este año 2020 reuniones periódicas para el intercambio de experiencias y la coordinación a través de la comisión BIM que se ha reunido, precisamente, la pasada semana de forma telemática.

La Junta de Andalucía da así respuesta también a una directiva de la Unión Europea que insta a los Estados miembros a considerar el uso de la tecnología para modernizar y mejorar los procesos de la contratación pública.

Valencia presenta sus propuestas a la ley estatal por el derecho a la vivienda

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El Vicepresidente Segundo y Conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau, ha presentado las propuestas de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática a la consulta sobre el anteproyecto de ley estatal por el derecho a la vivienda.

Por primera vez, ha dicho, «la Generalitat participa en el proceso de elaboración de una ley creada con el objetivo primordial de hacer efectivo el derecho a la vivienda». En este sentido, ha asegurado que «nuestras aportaciones son el resultado de la experiencia que hemos ido adquiriendo y pretendemos que la futura ley estatal recoja el sentir de la propuesta valenciana».

Martínez Dalmau ha indicado que desde la Conselleria se ha trasladado a las instituciones que van a impulsar la nueva ley -tanto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como a la Vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030- la prioridad de incidir en luchar contra la emergencia habitacional y la pobreza energética.

Asimismo, se ha señalado «la importancia de la consideración del acceso a la vivienda digna, asequible y adecuada como un derecho humano vinculado a la dignidad y puerta para el disfrute del resto de derechos».

Para Martínez Dalmau, la futura norma estatal «debe recoger las mejores prácticas desarrolladas por la legislación autonómica, orientada a garantizar la función social de la vivienda, y ha de ser una norma participada, que incluya las propuestas desde las autonomías que desde hace años desarrollan y conocen las vías para impulsar esta función social».

También ha abogado por la necesidad de reconocer e incluir el derecho en la vivienda como «un servicio de interés general, priorizando su función social y situándolo cómo uno de los pilares básicos del estado de bienestar, junto a la educación, la sanidad y las pensiones».

Las líneas fundamentales de la futura ey deben centrarse, según ha explicado el vicepresidente, en proteger y garantizar el disfrute del derecho a la vivienda como derecho humano, en incluir medidas para movilizar la vivienda deshabitada; facilitar la ampliación del parque público de vivienda; garantizar que el régimen de alquiler permite el acceso estable a una vivienda y evitar los abusos en el acceso a la vivienda en régimen de propiedad.

También ha señalado las medidas contra el endeudamiento abusivo procedente de la adquisición de una vivienda; contra los desahucios sin alternativa habitacional y contra la pobreza energética en el ámbito residencial, así como el impulso y desarrollo del observatorio estatal de vivienda.

Objetivos: lucha emergencia habitacional y pobreza energética

Entre las propuestas ha destacado la necesidad de incluir la garantía de acceso permanente a los suministros básicos dentro del contenido del derecho a la vivienda, definir el concepto de gran tenedor, con carácter básico, establecer la obligación de destinar de forma efectiva la vivienda deshabitada al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico e incluir en el Plan Estatal de Vivienda la calificación permanente de la vivienda protegida.

La propuesta valenciana también recoge la intervención y control de precios en el mercado de alquiler con dos medidas fundamentales: la adopción de medidas de supervisión de los precios de alquiler y la adopción de medidas de control para impedir precios excesivos.

Además, Martínez Dalmau ha señalado las medidas relativas a los desahucios sin alternativa habitacional, tales como el procedimiento de mediación extrajudicial preceptivo para grandes tenedores con carácter previo al inicio de una demanda de desahucio, así como un alquiler social obligatorio en los lanzamientos por impago de hipoteca o impago de alquiler cuando la persona propietaria sea un gran tenedor.

Madrid transfiere 20,8 millones a la EMVS para comprar 120 viviendas y adquirir suelo en Vallecas

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La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha autorizado una transferencia de 20,8 millones de euros a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para que siga incrementando el parque de vivienda social en alquiler de la capital, según ha informado la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Este montante se destinará a tres operaciones concretas: dos compras de viviendas ya construidas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y a la Seguridad Social y una tercera adquisición de suelo en el distrito de Villa de Vallecas para poder edificar una nueva promoción.

De los 20,8 millones, casi 13 se destinarán a la compra de 108 viviendas propiedad de Sareb, lo que supone la mayor operación de adquisición de vivienda protegida llevada a cabo por el Ayuntamiento.

Sareb cedió estos inmuebles a la EMVS en enero de 2016 para que pudiera destinarlos al alquiler público. El convenio de cesión finalizaba en 2024, por lo que antes que devolver las viviendas y realojar a los inquilinos en otras casas, la EMVS ha decidido adquirirlas, teniendo en cuenta que ya ha hecho una importante inversión para reformarlas y que los precios de compra pactados han sido de media un 25 % inferiores a los precios de mercado.

Otros 5,2 millones se destinarán a comprar 19 viviendas ya construidas que la EMVS también ha decidido adquirir, en este caso a la Seguridad Social. Todos estos 127 pisos se ubican en varios distritos de la capital: Latina, Tetuán, Usera, Villaverde, San Blas, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Carabanchel, Moratalaz y Salamanca, cumpliendo así otro de los objetivos de la EMVS que es el reequilibrio de su oferta social en todos los barrios de la capital. Las 127 viviendas adquiridas casi triplican las operaciones de compra realizadas el pasado mandato: 45 pisos en cuatro años.

Por último, la EMVS destinará otros 2,4 millones transferidos por el Ayuntamiento para comprar una parcela en el distrito de Villa de Vallecas, donde podrá levantar otras 90 viviendas protegidas en alquiler.

Con esta operación de compra de suelo, la EMVS sigue sumando terrenos a su patrimonio para iniciar proyectos de nuevas promociones durante este mandato.

El pasado 7 de octubre, por ejemplo, la EMVS obtuvo la cesión gratuita de cuatro parcelas municipales para construir en ellas unas 250 viviendas protegidas en alquiler.

Los terrenos se ubican en cuatro distritos de la capital: Fuencarral-El Pardo (en Arroyo del Fresno), Tetuán (en el paseo de la Dirección), Carabanchel (en el Ensanche) y Villaverde (barrio de El Espinillo). El 27 de octubre, la EMVS también oficializó la compra de otra parcela en Vicálvaro para poder levantar en ella otros 50 pisos públicos en alquiler.

En los últimos meses la empresa pública también ha adquirido otras cinco parcelas en los distritos de Tetuán, Latina, Carabanchel y Puente de Vallecas para construir 134 viviendas.

Un total de 38 promociones en marcha

La EMVS sigue trabajando activamente para culminar en este mandato 38 nuevas promociones que pondrán en el mercado 3.200 nuevas viviendas en alquiler. De hecho, la empresa pública tiene previsto cerrar 2020 con 927 pisos terminados.

Además, tiene otras 1.475 viviendas en obras y 1.700 en distintas fases previas a la construcción como son la redacción de proyectos, obtención de licencias y adjudicación.

El objetivo no es solo construir nuevas promociones para aumentar el parque de vivienda social, sino también comprar pisos en el mercado secundario y adquirir nuevos suelos para planificar futuras promociones.

La digitalización y la sharing economy, palancas  del éxito del coworking y el coliving

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La quinta jornada de SIMAPRO 2020 ha concluido con un panel en el que Christopher Hütwohl, Managing Director de CORESTATE CAPITAL ADVISORS SPAIN, Jeffrey Sújar, Managing Partner Alternative Investments de URBANIA, y David Vega, CEO de LEXINGTON WORKSPACES, moderados por Antonio Mochón, CEO & Socio Fundador de EXCEM SOCIMI SIR, han conversado sobre sharing spaces y alternative housing. En la sesión también ha participado como invitado Carlos Olmos, Founder & Managing Director uDA.

Para Christopher Hütwohl, el creciente interés de los fondos institucionales por los espacios de trabajo compartidos, como el coworking, y habitacionales, como el coliving, principalmente residencias de estudiantes e inmuebles destinados a primera vivienda, confirma su éxito y aceptación. «La digitalización, el sharing economy o la concentración urbana han impulsado estos productos, haciéndolos cada vez menos alternativos, pero será la gestión lo que verdaderamente acabará definiéndolos». En su opinión, el coliving ya no es un producto alternativo, sino un producto con unas características determinadas y válido tanto para treintañeros como para jubilados.

El panel también ha analizado la influencia que en el desarrollo de estos modelos ha tenido y seguirá teniendo el cambio de hábitos de las nuevas generaciones, cada vez más partidarias de usos compartidos. Para Jeffrey Sújar resulta evidente que este es un sector que se está beneficiando de un cambio de mentalidad en sus usuarios, ya sean particulares, como en el caso del coliving, o corporativos, como en el caso del coworking. «Con esta segunda ola, todos, gestores y usuarios también hemos aprendido a gestionar de otra manera los imprevistos y a repensar como queremos que sean los espacios comunes en el futuro. El COVID nos ha dejado una lección: los espacios lo definen los usuarios, no los arquitectos».

Otro de los temas debatidos ha sido el pequeño numero de players que, por el momento, están jugando en el tablero nacional de estos modelos alternativos. ¿Hay una excesiva concentración de operadores? «Por una parte, sí,», ha afirmado Jeffrey Sújar. En su opinión, es cierto que hay pocos operadores, pero «poco a poco entrarán otros nuevos». La entrada de estos operadores acelerará una segmentación futura del mercado, que todavía no existe. «Por ejemplo, las residencias de estudiantes se abrirán a grupos con un perfil socioeconómico más bajo que el actual. Esto obligará a replantearnos la cantidad y calidad de los espacios que crean comunidad en nuestras residencias. En este nuevo enfoque nos va a ayudar la digitalización», ha concluido.

Por su parte, David Vega cree el sector tenderá a concentrarse mediante fusiones y compras. «Esto es inevitable en un sector cada vez más maduro y el COVID va a acelerar este proceso. También aparecerán nuevos modelos alternativos al calor de la sharing economy, sin descartar la propia transformación de los modelos alternativos que ya existen. Por ejemplo, resolviendo cómo podemos trasladar a los espacios rentables de los coworking los altos costes de los espacios que crean comunidad, lo que probablemente nos llevará a un replanteamiento radical basado es un uso más intensivo de la tecnología».

En este sentido, Carlos Olmos ha insistido en el papel esencial que la tecnología va a tener en la extensión de estos modelos colaborativos a otros nichos de negocio, como el de los seniors. «La tecnología va ser una palanca disruptiva en la redefinición de la cadena de valor de estos modelos de negocios alternativos», ha concluido.

Taiwán enseña el camino para convertir las ciudades españolas en Smart Cities

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«Smart City Taiwán 360», organizado por la Oficina de Desarrollo Industrial (IDB) de Taiwán, dio a conocer la tecnología de las empresas taiwanesas durante el evento GSMA Thrive Asia Pacific.

Las soluciones de vanguardia relacionadas con IoT, 5G y Smart City se exhiben en la plataforma online inmersiva en 3D de Taiwán, que destaca la esencia de las capacidades tecnológicas del país.

En nuestro país, Telefónica ha anunciado que antes de que finalice el 2020 el 75% de la población española tendrá acceso a redes 5G. Sin embargo, ahora como país nos afrontamos a nuevo reto: sacarles partido.

Las soluciones inteligentes en los campos de movilidad, gobernanza, salud o 5G en el marco de las Smart Cities destacan por su importancia vital para la sociedad.

Durante el evento en línea GSMA Thrive Asia Pacific, la Oficina de Desarrollo Industrial (IDB) de Taiwán presentó con orgullo las soluciones para ciudades inteligentes desarrolladas por empresas taiwanesas. A través de su plataforma online inmersiva en 3D «Smart City Taiwan 360«, el IDB exhibe desde el 3 de noviembre hasta principios del próximo año, el liderazgo y las capacidades tecnológicas de Taiwán: www.smartcitytw360.com

Muchas de las soluciones que estamos viendo hechas realidad en Taiwán las veremos también en España. Con la infraestructura instalada, ahora la misión de las empresas hispanas es dotarla de contenido. Es en este punto donde muchas de las iniciativas que ya son realidad en Taiwán servirán para inspirar a empresas locales con el fin de ayudar a resolver problemáticas en diferentes ámbitos de la sociedad.

Las novedades que están presentando se dividen en varias categorías, que incluyen Movilidad, Gobernanza, Salud, 5G y más.

1. Movilidad:

Parking GO, por FarEastone. Servicio de estacionamiento inteligente a través de un sistema de sensor geomagnético que permite la búsqueda de lugares del estacionamiento y una gestión más sencilla. Al agregar la cuenta oficial de Parking GO LINE, los usuarios pueden buscar y navegar a lugares vacío cercanos y pagar sus tarifas de estacionamiento en línea mediante el enlace a la aplicación Parking Megaphone. El servicio no solo hace que el estacionamiento sea más conveniente, sino que también mejora la eficiencia de emisión de billetes de los operadores y permite a los gobiernos locales mejorar su efectividad de gobernanza inteligente utilizando análisis de datos para satisfacer las demandas de estacionamiento.

Plataforma de integración de información para el estacionamiento inteligente, por Taiwán International Development. Para acortar el tiempo de búsqueda de lugares de estacionamiento, se utilizan sensores geomagnéticos para obtener información en tiempo real sobre el estacionamiento medido en la carretera. Además, se brindan múltiples opciones de pago para el cobro de tarifas de estacionamiento, donde los módulos de promoción de las tiendas cercanas junto con los descuentos de estacionamiento también se pueden impulsar al público en general, para también revitalizar los distritos comerciales locales.

Soluciones de infraestructura de carga para vehículos eléctricos, por Noodoe. Los equipos de carga, las vallas publicitarias interactivas de KIOSK y los servicios de turismo de realidad virtual se instalan en hoteles y centros de visitantes. Noodoe proporciona una plataforma de gestión de operadores y monitoreo de carga de vehículos eléctricos para ciudades inteligentes y una experiencia turística completamente nueva.

Navegación AR de posicionamiento preciso, por Askey Computer. Sobre la base de la capacidad de posicionamiento de ‘beacon’, Askey utiliza la tecnología AR MEC (Mobile Edge Computing) para guiar con precisión a los viajeros al destino de manera más intuitiva. Durante el proceso de navegación, los descuentos promocionales y los cupones de compra también aparecerán intuitivamente en la pantalla, agregando una nueva dimensión a la experiencia del comprador.

2. Gobernanza

Plataforma de gestión de la contaminación atmosférica con AI para la gobernanza de la ciudad, por Cameo. La plataforma de gestión de la contaminación del aire de AI para la gobernanza de la ciudad se construyó con sensores de contaminación del aire que detectan automáticamente las condiciones ambientales como la temperatura, la humedad y las sustancias tóxicas, como PM2.5, CO, O3 y NO2 en intervalos de 5 segundos. Al vincularse con los datos de la estación de monitoreo nacional, como el tiempo, la velocidad y la dirección del viento, el sistema puede analizar y proporcionar estimaciones precisas, alertas tempranas y localizar la fuente de contaminación; con datos visualizados, la plataforma ayuda con la gobernanza de la contaminación del aire en áreas industriales.

Plataforma basada en AI para la prevención del dengue, por Wistron. Para proporcionar una solución efectiva a la propagación del dengue en verano, personal de monitoreo insuficiente, área de monitoreo grande y dificultad para identificar manualmente el número de larvas y huevos, el reconocimiento de imágenes de AI se ha combinado con un modelo de conteo automático para realizar el control de riesgos y análisis de alerta temprana para el dengue.

Solución autónoma de drones inteligentes, por CIRC. Una solución de drones comerciales para inspecciones industriales y de seguridad que utiliza el sistema de gestión de flotas inteligente para proporcionar capturas de imágenes en el sitio y una recopilación de pruebas en combinación con un dron autónomo, control inductivo y un sistema de procesamiento de imágenes de inteligencia artificial de punto final para patrullar áreas grandes.

Sistema inteligente de seguimiento de posición de extinción de incendios en 3D, por eZoom. Para mejorar la eficiencia del rescate y la seguridad pública, se crean modelos 3D de edificios con Web GIS integrado, imágenes de panorama completo en interiores y sistema de seguimiento de personal. Los comandantes pueden rastrear la ubicación y el estado de los bomberos dentro de un sitio a través del sistema de posicionamiento interior en tiempo real.

Servicio inteligente de reducción de desastres con VR/MR, por APEX. La integración de tecnologías interactivas inalámbricas simuladas de realidad virtual, resonancia magnética y 720º facilitan la capacitación virtual en casos de desastre. Con el establecimiento de la base de datos, los casos de desastres nacionales/extranjeros se recopilan para investigar los modelos optimizados de prevención y solución de desastres y compilar material de capacitación para las industrias nacionales de prevención de incendios y desastres, la academia y el gobierno para mejorar la capacidad de resolución de desastres.

3. Salud

Servicio integrado de pruebas de visión móvil, por Leosys. Se trata de una prueba de visión con inteligencia artificial integral. Healthcare Information Platform utiliza equipos de prueba de la vista livianos y portátiles con interpretación asistida por AI para proporcionar exámenes de fondo de ojo a personas en regiones remotas. Esto aumenta el número de pruebas de la vista realizadas en regiones remotas, proporciona una alerta temprana de enfermedades, complementa la falta de personal médico y, por lo tanto, reduce los costos sociales, médicos y de bienestar.

Safety D+ Card, de Fashion Intelligence. La «Safety D+ Card» utiliza tecnología de posicionamiento IoT y Bluetooth para rastrear a niños y personas mayores con demencia, ampliando así de manera segura su rango de actividad. En colaboración con 7-ELEVENs y sitios comunitarios, se establecen «estaciones de medición de salud inteligentes», que alientan a las personas mayores a ser más activas y mantenerse al tanto de su salud.

Plataforma Co-Care integrada basada en la nube mPHR, de Advmeds. Al integrar los recursos de atención médica de Kaohsiung, Pingtung y Penghu, la plataforma ofrece convenientes servicios de monitoreo de la salud en las comunidades a través de «estaciones de salud de autoayuda» y conecta los hospitales centrales con las clínicas de atención primaria en la «plataforma en la nube de Co-Care», creando la comunidad más grande de Taiwán. Se trata de una red de atención conjunta, como un médico de barrio para el sur de Taiwán.

Plataforma de gestión iDiabCare, de Compal. Esta solución combina un sistema hospitalario que utiliza AI, tecnologías de aprendizaje profundo, plataforma de servicios en la nube y soporte médico profesional con una plataforma social para compartir para pacientes, administradores de casos y canales de distribución de material médico. Se trata de una solución de atención remota y una plataforma para compartir que nace para atender a los diabéticos alrededor del mundo.

4. 5G

5G Smart Factory, de Inventec. Se desarrolló un sistema de detección de errores automatizado para las líneas de producción de fábricas mediante la implementación de la tecnología 5G y la revisión automática de AI. Grandes volúmenes de imágenes se transfieren a través de 5G a servidores de inteligencia artificial y en la nube, donde se utilizan algoritmos de aprendizaje profundo e inteligencia artificial para disminuir los falsos positivos y aumentar la eficiencia y la capacidad de producción.

5G Smart Stadium, de Taiwan Mobile. La tecnología 5G se aplica al desarrollo de servicios de béisbol para que los fanáticos puedan acceder a servicios personalizados como realidad virtual inmersiva, transmisión en vivo de medios 4K y reproducción instantánea en 3D para elegir el ángulo que desean ver. Esto mejora el entusiasmo entre los fanáticos y las experiencias interactivas entre equipos y fanáticos.

Grave perjuicio para los pequeños arrendadores si se aprueba la moratoria de desahucios hasta 2023

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Recientemente, los grupos parlamentarios de Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya y EH-Bildu, han registrado en el Congreso una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, que, de aprobarse, prohibirá todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2023.

Esta enmienda, ha sido catalogada desde el Gobierno como sorpresiva e inoportuna al mezclarse con los presupuestos. A pesar de ello, la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias -AMADEI-, ha alertado de que dicha enmienda tendría serios visos de prosperar tras el debate parlamentario, dado el coste político que supondría para el PSOE rechazar una enmienda propuesta por sus socios de presupuestos.

Ante ello, el Secretario General de AMADEI, Jesús Manuel Martínez Caja, expone que, desde la patronal madrileña del sector de la intermediación inmobiliaria, se ve dicha enmienda como un golpe mortal al pequeño arrendador, que se vería obligado a mantener su propiedad sin producirle rentabilidad alguna durante dos años y, por el contrario, asumiendo los costes derivados de dicha propiedad.

«Se olvida que, la mayoría de arrendadores, son pequeños tenedores que complementan sus ingresos con estos alquileres, que, en muchos casos compensan sus hipotecas y otros gastos con dichos ingresos y que el 80% de los alquileres no son en modo alguno especulativos ni están en manos de los grandes tenedores» expone Martínez Caja.

«Entendemos que se adopten medidas sociales que busquen el bienestar de las familias más vulnerables, pero, en tal caso, también deben contrarrestarse con otras que palíen los perjuicios para los arrendadores, buscándose un equilibrio justo y, desde luego, esta enmienda no lo contempla así», continúa el Secretario General de AMADEI.

AMADEI se muestra contraria a la aprobación en el Congreso de dicha enmienda y considera que, de aprobarse en su texto original, lo que se pretende es introducir una moratoria hasta el 31 de diciembre de 2022 en los desahucios por impago de rentas, por expiración del contrato de alquiler, por precario (lo que podría amparar los delitos de usurpación y okupación) y derivados de procedimientos penales por uso de vivienda sin título, por lo que sería un grave error, se estarían vulnerando derechos fundamentales de los propietarios y la legalidad de la norma acabaría, con toda seguridad, examinándose por el Tribunal Constitucional.

Juicios a más de tres años vista: la nueva realidad de los plazos judiciales

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La aparición de la pandemia provoca un gran desajuste de los plazos administrativos y judiciales.

El tiempo de espera crece a la vez que las negativas de incapacidades permanentes, que ya antes de la crisis actual superaban el 95% en vía administrativa.

Los Tribunales de Justicia comienzan a señalar juicios para 2024.

La COVID-19 y el tiempo que han estado cerrados los juzgados, sumado a una «mala gestión» por parte de INSS según expertos, provocan un desbarajuste en los plazos tanto administrativos como judiciales que, de momento, no tiene freno.

Para Lorenzo Pérez, presidente de Fidelitis, grupo español de consultoría legal especialista en obtención de prestaciones sociales, los motivos de este descalabro de fechas son claros: La escasez de citas desde el comienzo de la pandemia y el aplazamiento de las mismas, junto con el poco personal en plantilla, la cual, en lugar de aumentar, se ha visto reducida en muchas ocasiones. Y si a eso le sumamos que los funcionarios que hacen la mitad de la jornada fuera de la Institución, cuando están en casa teóricamente teletrabajando, no pueden hacer su trabajo por falta de medios, todo junto conforma el cóctel perfecto para este despropósito.

El presidente del Grupo Fidelitis y experto es aspectos socio-laborales reivindica que: «Es inadmisible e incluso obsceno que se señalen juicios por incapacidad laboral para 2024. ¿Podemos, en serio, normalizar que una persona que no puede trabajar y por eso está pleiteando para reclamar sus derechos, tenga que resignarse a esperar más de 3 años a que se celebre su juicio? Pues parece un mal chiste de Jaimito pero por desgracia es la realidad. De hecho, hay pacientes, con cáncer, por ejemplo, que se nos están muriendo, literalmente, antes de que se celebre su juicio, ¿dónde está la Justicia para estos pacientes?».

Además, hay que tener en cuenta que este tipo de procesos, que ya suelen ser largos de por sí en la vía administrativa, ahora, con la pandemia y la falta de recursos, citas presenciales, etc., se han visto ampliados en plazos y en endurecimiento del proceso:

«La situación es ahora más alarmante que nunca. No solamente los procedimientos se han endurecido, sino que los plazos de concesión se han ampliado. Algunos enfermos llevan luchando más de cinco años por algo que les corresponde por derecho», declara Lorenzo Pérez.

Asimismo, en el caso de las incapacidades, por ejemplo, a los largos tiempos de espera se le suma una problemática que ya antes de la pandemia preocupaba y mucho: Más del 95% de solicitudes para este tipo de prestaciones eran rechazadas en la vía administrativa, obligando a los afectados a acudir a los tribunales, ahora los expertos prevén cifras mucho más graves tras verse endurecidos los procedimientos e incrementarse los tiempos de espera.

Y es que, las cifras oficiales son un tanto «confusas». Las últimas publicadas por el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las correspondientes a 2018, arrojan un 46% de solicitudes concedidas, lo cual, a priori, «parece una cifra bastante razonable, es más, una cifra de la cual el propio INSS debería sentirse orgulloso». Pero lo que no dicen esas cifras es «el porcentaje que se concede en la vía administrativa y el porcentaje que se consigue en los Tribunales de Justicia. Por desgracia, una mayoría aplastante corresponde a los casos ganados en la vía judicial».

Es por ello que conocer muy a fondo la normativa y procedimientos y, sobre todo, contar con un equipo especializado de profesionales para asesorar a los afectados en este largo camino, será una máxima si se pretende obtener un resultado óptimo para el enfermo y reducir al máximo los tiempos de lo que para muchos es un «calvario».

El build to rent supondrá un cambio revolucionario 

Redacción
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La quinta sesión de SIMAPRO 2020 ha comenzado hoy con una mesa redonda en la que Juan Carlos Álvarez, Director General de Negocio de Gestión Patrimonial de SERVIHABITAT, Roberto Rey, Presidente y CEO de GLOVAL, Rafael Valderrábano, CEO de BÁSICO HOMES, moderados por Daniel Cuervo, Director Gerente de ASPRIMA, han debatido sobre el build to rent como estrategia de largo plazo o táctica cortoplacista.

El build to rent no ha hecho más que empezar y su futuro es más que esperanzador. Así de firmes se han manifestado en la valoración de este nuevo modelo de negocio los expertos reunidos por SIMAPRO en su quinta jornada. «Estamos alumbrando una nueva industria que va a generar muchas oportunidades en toda la cadena de valor del inmobiliario», ha dicho Rafael Valderrábano, que también ha insistido en que tarde o temprano el build to rent saltará desde la primera vivienda a la residencia turística por amplias temporadas. Para Juan Carlos Álvarez, «el build to rent es una estrategia a largo plazo que tiene que ayudar a corregir el déficit de viviendas en alquiler que hay en España y es, por tanto, un mercado que se va desarrollar muchísimo en los próximos años». Por su parte, Roberto Rey ha insistido en que el futuro del build to rent pasa por especializarse «y no imitar simplemente lo que ha funcionado en otros segmentos del inmobiliario».

La sesión ha comenzado con una radiografía del build to rent en nuestro país, que, en opinión de los ponentes, todavía está en una fase muy inicial, con una cartera de proyectos que supera por poco las 20.000 viviendas y de las que tan solo se han ejecutado 7.000, la mayoría de ellas en Madrid, y que además se ha visto afectada por el parón del COVID y de medidas limitativas del precio del alquiler como las aprobadas en Cataluña. Con todo, y como ha apuntado Rafael Valderrábano, «es una industria que se esta creando, que irá creciendo y al tiempo cambiando sus patrones». El fundador de Básico Homes no duda de que este crecimiento también impulsará un cambio en la mentalidad de los promotores, que empezarán a tener dos líneas de negocio claramente diferenciadas: por una parte, el build to sell y por otra, para el build to rent.

Para Roberto Rey, la clave de este crecimiento va ser el operador, que es quien tendrá que tomar la decisión de invertir. «El build to rent tiene que ajustarse a sus necesidades reales de su futuro operador y esto implicará muchos cambios en la manera de concebir un proyecto por parte del promotor». Entre otros, el directivo de Gloval señala la presencia de un equipo que sepa escoger el suelo exacto para cada proyecto y no un suelo cualquiera donde se puede edificar. En cambio, para Juan Carlos Álvarez la clave estará «en la gestión de un activo que suma una serie de servicios de valor añadido que es lo que realmente define al build to rent». Álvarez coincide con Rey en que el build to rent conllevará un cambio de enfoque del producto por el promotor.

La financiación de un producto que, hoy por hoy, sigue siendo muy novedoso ha sido otro de los temas tratados por los expertos del panel, quienes después de reconocer las reticencias que aún persiste en la banca tradicional para financiar proyectos build to rent se han mostrado razonablemente optimistas con un cambio de mentalidad en ella. Según Roberto Rey, la banca está al inicio de entender este producto. Comienza a entenderlo, pero tiene dar con la tecla para saber cómo financiar el build to rent. Aquí no hay preventas, sino un proyecto. Así que la banca primará la localización, cuanto más prime sea, menor será el coste de la financiación». Roberto Rey prevé una cobertura inicial del 50% del coste del proyecto, «por lo que el resto tendrá de venir de equity o de Family Office, que mas tarde cederán el paso a fondos de inversión mayores». Rafael Valderrábano, por su parte, cree que la financiación inicial de la banca podrá llegar hasta el 60%, pero el punto de inflexión estará cuando «la refinanciación incluya un portfolio de activos, lo que permitirá la entrada de los grandes players y de los grandes operadores de viviendas, como la compañía alemana Vonovia Se». Para Juan Carlos Álvarez, serán los grandes fondos de inversión y las compañías de seguros los que financien el build to rent en el largo plazo, «puesto que buscan rentabilidades conservadoras aunque muy estables, sin correlación con los mercados de renta variable pero muy líquidas».

Los ponentes de la primera mesa redonda de la quinta jornada de SIMAPRO han sido muy críticos con las medidas limitativas de las rentas del alquiler recientemente aprobadas por la Generalitat catalana y que, en su opinión, ya están suponiendo un foco de distorsión que está impulsando al alza los precios y expulsando a muchos propietarios del mercado. Para Juan Carlos Álvarez, estas medidas «crean inseguridad, lo que ya ha provocado la paralización de algunos proyectos. Se trata de una medida que no va a incrementar la oferta y que seguirá dejando a la misma gente que supuestamente quiere ayudar fuera del mercado». Para Rafael Valderrábano, «estas medidas son fuegos de artificio de la Administración, que no hace sus deberes generando un parque de viviendas de alquiler social. Solo espero que no haya un efecto contagio en otras autonomías», ha concluido.

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