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Master OnLine en Domótica y Hogar Digital en la Universidad Politécnica de Madrid

Madrid. La VI Promoción OnLine del Máster en Domótica y Hogar Digital de la Universidad Politécnica de Madrid ha abierto el periodo de admisión. Dará comienzo el próximo 24 de febrero de 2.011 y tendrá una duración de un año. La metodología es enteramente online, salvo dos semanas de seminarios presenciales que tienen lugar en los meses de abril y octubre de 2011.

El Máster en Domótica y Hogar Digital de la Universidad Politécnica de Madrid se trata del programa pionero en formación en Domótica y Hogar Digital nacional e internacionalmente. Ofrece una visión completa e integradora del conjunto de tecnologías presentes en la edificación desde el punto de vista del control y la automatización. En este sentido se abordan temas tales como los servicios, las tecnologías, la gestión de proyectos o los aspectos relacionados con la eficiencia energética y las fuentes alternativas de energía.

El programa está dirigido a titulados de carreras técnicas (fundamentalmente arquitectos e ingenieros) y su objetivo principal es formar en los conocimientos, habilidades y técnicas relacionadas con la Domótica y el Hogar Digital, entendidos desde una perspectiva global e integradora, haciendo especial hincapié en los aspectos prácticos.

Además de la formación, los alumnos del Mdhd pueden acceder a los servicios del programa de Creación de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid, para aquellos que estén interesados en comenzar una actividad emprendedora, u optar a la realización de empresas en el sector.

 

Extremadura destina 4,7 millones para ayudas relacionadas con el ahorro energético

Badajoz. El Consejo de Gobierno de Extremadura ha presupuestado para el próximo ejercicio un gasto de 4.701.754 euros destinados a cubrir diferentes ayudas relacionadas con actuaciones de ahorro energético. En concreto, se contabilizan 1.060.754 euros para la promoción y aprovechamiento de las energías renovables, de manera que serán subvencionables las actuaciones en materia de energía solar térmica de baja temperatura, biomasa térmica, instalaciones híbridas biomasa más solar térmica, solar fotovoltaica aislada equipos de tratamiento en campo de biomasa y geotermia.

Por otra parte, las ayudas para actuaciones de ahorro y eficiencia energética contarán en 2011 con un presupuesto de 1,74 millones. Los sectores de actuación contemplados son industria, edificación, servicios públicos y transformación de la energía.

Asimismo, el gasto autorizado para el Plan Renove para instalar aparatos de aire acondicionado o cambiar los electrodomésticos asciende a 1.9 millones de euros. En estos supuestos, se considera subvencionable la adquisición de determinados equipos de aire acondicionado y electrodomésticos para sustituir otros aparatos antiguos del mismo tipo pero con menor clasificación energética.

Finalmente, se ha aprobado la modificación del Decreto 75/2009, de 3 de abril, que regula la concesión de ayudas para adquisición de vehículos híbridos.

Así, se incorporan nuevas actuaciones subvencionables, como la adquisición de motocicletas eléctricas que dispongan de una potencia mínima de 10 kilovatios y la adquisición de vehículos de propulsión a gas natural o gases licuados del petróleo cuyas emisiones sean inferiores a 170 gramos de CO2/km.

Las ayudas y subvenciones del Plan Alquila de Galicia alcanzarán casi 11 millones en 2011

Santiago de Compostela. El Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS) concederá ayudas al alquiler por más de 10,8 millones en 2011, de los que casi el 92%, 9,9 millones, irán destinados a los inquilinos con viviendas arrendadas al amparo del programa Alquila, según se establece en la convocatoria publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Dado que las ayudas del Plan Alquila se conceden por periodos de doce meses, los importes de las que se concedan en 2011 se pagarán en parte a lo largo del próximo año y en parte en 2012, de manera que será de 5.132.000 euros el próximo año y de 4.770.000 euros en 2012. Al mismo tiempo, se fijan 600.000 euros para subvencionar actuaciones y obras de reforma en las viviendas y otros 300.000 euros para cubrir gastos derivados del alquiler.

De las ayudas a los inquilinos podrán beneficiarse las personas que habían firmado un contrato de alquiler en el marco del programa Alquila y que soliciten las ayudas en los primeros diez días del mes de efecto del contrato firmado o quienes soliciten y obtengan prórroga de un contrato anterior. Para acceder al programa Alquila es preciso acreditar ingresos anuales ponderados que no excedan 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y no ser titular de otra vivienda.

La subvención percibida por los inquilinos puede oscilar entre lo 30 y el 70 por ciento del cueste mensual del alquiler, en función de los ingresos ponderados. En el caso de mujeres víctimas de violencia de género a ayuda puede ser de hasta el 80 por ciento del alquiler.

Las ayudas para obras de reforma de viviendas podrán solicitarlas los titulares de viviendas arrendadas en el marco del programa Alquila y se destinarán a subvencionar obras que se consideren necesarias para garantizar la habitabilidad de la vivienda en el informe técnico de inspecciones. No serán subvencionables pequeñas reparaciones o reformas con un presupuesto total inferior a 300 euros.

La cuantía de la subvención podrá conseguir el 75 por ciento del cueste justificado de las obras realizadas, con un importe máximo de 3.000 euros para viviendas con menos de diez años de antigüedad y 5.000 euros para las que tengan diez o más años. Las ayudas para gastos de alquiler están destinadas a subvencionar los gastos ocasionados a los propietarios de las viviendas por la puesta en alquiler de las mismas, y podrán conseguir una cuantía equivalente al 50 por ciento del recibo del impuesto de bienes inmuebles (IBI) de la última anualidad vencida, con el límite de 100 euros por vivienda y anualidad.

 

 

El Gobierno cántabro entrega parte de una promoción de viviendas protegidas en Valderredible

Cantabria. El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo de Cantabria, José María Mazón, ha entregado las llaves de 7 de las 23 viviendas de régimen especial promovidas por la empresa Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria (Gesvican) en Polientes, dentro del término municipal de Valderredible. El Gobierno regional ha invertido en esta actuación 1.617.064 euros.

En la entrega de las llaves de esta promoción, en la que se han invdertido casi 1,62 millones de euros, Mazón ha anunciado el inicio de los trámites para que el resto de las viviendas, que no se han podido entregar por las dificultades económicas de los adjudicatarios, se reconviertan a la fórmula de alquiler con opción de compra para facilitar así el acceso de los vecinos que resultaron beneficiarios en el sorteo celebrado por el Ayuntamiento.

El acto ha contado también con la presencia del alcalde, Fernando Fernández, y otros miembros de la Corporación municipal, así como con el director general de Vivienda y Arquitectura, Francisco Javier Gómez, y el gerente de Gesvican, Valentín Pardo. Concluida la entrega de llaves, Mazón y el resto de autoridades han visitado algunos de los pisos hoy entregados.

Las viviendas han sido construidas en los terrenos adquiridos por Gesvican y se distribuyen en dos bloques con un sótano común, donde se ubican las plazas de garaje y los cuartos trasteros. El conjunto cuenta con planta sótano, baja, primera y segunda. El bloque A tiene 12 viviendas de dos dormitorios y el bloque B acoge las 11 viviendas restantes, de las cuales siete son de tres dormitorios, una de tipo dúplex, otras tres tienen dos habitaciones y la restante dispone de un único dormitorio.

 

Coordinación de acciones contra las prospecciones de hidrocarburos frente a las costas valencianas

Valencia. El Pleno del Consell  de la Generalitat Valenciana ha aprobado un decreto para la creación de una Comisión Delegada de la coordinación de acciones contra las prospecciones de hidrocarburos autorizadas por el Gobierno central frente a las costas valencianas, calificadas como “un ataque frontal contra los intereses turísticos y medioambientales”. La próxima semana está prevista una reunión de esta comisión para elaborar los informes necesarios de cara a recurrir el decreto del Consejo de Ministros del pasado 23 de diciembre. Los informes serán puestos a disposición de los ayuntamientos afectados para que puedan presentar su propio recurso.

Durante la sesión plenaria, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los miembros del Consell han analizado con un vídeo virtual, realizado por el Instituto Cartográfico Valenciano, como afectarían las plataformas previstas en la costa mediterránea.

Por su parte, el vicepresidente y conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, ha criticado que en el Consejo de Ministros “aprobara unilateralmente, y en contra de los intereses de la Comunitat Valenciana, la implantación de plataformas para la extracción de hidrocarburos de una amplitud similar a la de un campo de fútbol y con una altura parecida a la de la torre del Miguelete o a la de una finca de elevadas dimensiones”.

“Toda la costa valenciana resultará gravemente afectada, sobre el norte de la provincia de Alicante, todo el litoral de la provincia de Valencia y el sur de Castellón”, dijo Cotino. Un total de 27 municipios de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, entre Burriana y Xàbia, y especialmente a las 19 localidades cuyas playas han sido galardonadas con 37 banderas azules en 2010 y que podrían peligrar a partir del próximo año.

Sobre las consecuencias económicos, Cotino especificó que el 12,5% del PIB valenciano procede del turismo y que “estas plataformas perjudicarán muy gravemente a este sector”. Al respecto, el vicepresidente ha recordado que el turismo constituye una de las principales fuentes de ingresos de la Comunitat y el sector que concentra la mayor parte de las inversiones de la Generalitat. “Queremos una Comunitat Valenciana que conserve el potencial económico derivado del turismo, nuestro sol y nuestras playas; precisamente la llegada del AVE a nuestro territorio incide en fomentar la riqueza generada por el turismo”, añadió.

Además de las medidas legales, el Vicepresidente ha señalado que solicitará una entrevista al Ministro de Industria para exponerle los criterios de la Generalitat en contra de estas prospecciones. Cabe destacar que el Consell ya informó desfavorablemente, el pasado mes de junio, sobre la Solicitud de Permisos de Investigación de Hidrocarburos en la Comunitat Valenciana a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

En este informe desfavorable se recogen las alegaciones realizadas tanto por la Conselleria de Medio Ambiente, como por el Ayuntamiento de Valencia. De estas alegaciones se desprende que las actividades de investigación de hidrocarburos producirían efectos altamente perniciosos sobre la fauna marina, la avifauna y la flora, así como las afecciones sobre el Parque Natural de L´Albufera, con un impacto irreparable e indeseable.

 

 

 

El Plan del Litoral de Galicia afecta a 180.405 hectáreas repartidas en 82 ayuntamientos

Santiago de Compostela. El Consello de la Xunta de Galicia ha aprobado el Plan del Litoral, de aplicación en 180.405 hectáreas repartidas en 82 ayuntamientos del litoral, con el que se  pretende conseguir un doble objetivo, incrementar en un 57% el espacio protegido en torno a las costas y conseguir que la planificación territorial deje de ser una asignatura pendiente, según ha señalado el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo.

“Demostramos que se puede actuar sin desproteger y que se puede proteger sin paralizar”, aseguró. Con este Plan, Feijóo recordó que “queda demostrado que Galicia hizo los deberes y aprobó el plan en este mes de diciembre, como nos comprometimos, y queda a expensas, exclusivamente, del informe favorable del Ministerio de Medio Ambiente, el único escalón que queda para la entrada en vigor definitiva del Plan del Litoral”.

El presidente de Galicia incidió también en el hecho de que se trata de un plan que pone de manifiesto que se puede actuar y se puede avanzar sin desproteger, ya que ordena 215.359 hectáreas, el 7,27% de la superficie de Galicia, tres veces más que la Ley de los 500 metros del anterior Ejecutivo autónomo. “Es decir, incrementamos en un 57% el área del litoral protegida respeto a la norma del anterior Gobierno”, recordó.

Respecto a las actuaciones en materia urbanística, Feijóo afirmó que desde su llegada al Gobierno de la Xunta se han tomado cuatro decisiones al respecto. La primera, la de no generar más inestabilidad en el ámbito urbanístico, acordando la prórroga de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Litoral. “Para evitar problemas legales, procedimos a tramitar el plan conforme la Ley”, añadió.

Otra cuestión que decidió la Xunta fue comenzar la propia redacción del Plan, que se presentó en enero de 2010. Y, por último, intentar buscar el consenso. Así, el texto se sometió a trámite de audiencia de los 82 municipios, se trabajó sobre el Plan en el Parlamento y, finalmente, se abrió un plazo de exposición pública que se saldó con 4.600 alegaciones.

Respeto a la última orden de julio pasado, Feijóo ha destacado que “mantenemos las cuestiones que teníamos previstas. Solo se levantan 216 hectáreas que corresponden a 27 suelos básicamente en la provincia de A Coruña, una vez atendidas las alegaciones hechas básicamente por ayuntamientos”, apuntó. Se trata de determinadas áreas en Muros, Valga, Dodro, Paderne, Laxe, Oleiros, Vigo y A Pobra. En total, el Plan paraliza con distintos grados de incompatibilidad 9.636 hectáreas, frente a las 6.135 hectáreas del anterior marco legal.

La inversión residencial ha finalizado su ajuste, aunque los precios de las viviendas seguirán bajando

Madrid. “Si se analiza este ajuste inmobiliario en términos de su impacto sobre la inversión residencial, la demanda de viviendas o el empleo del sector, podría decirse que el grueso del proceso de ajuste ya se ha realizado”, recoge el Banco de España en su último Boletín Económico. Del mismo modo, “en 2011 parece probable que los precios sigan moderándose, de modo que el esfuerzo financiero necesario para adquirir una vivienda no aumente al desaparecer la desgravación fiscal para los contribuyentes de mayores rentas.

Tras analizar todos los datos, el organismo supervisor establece que ese ajuste del sector inmobiliario, que no de los precios, se aprecia en el descenso “intenso y rápido” de algunas variables. Como esa inversión residencial, que ha pasado de representar el 9,5% del PIB en 2007 al  4,5% en el tercer trimestre de 2010, por debajo del anterior mínimo. O el de las viviendas iniciadas en 2010, que serán probablemente solo una sexta parte de las comenzadas apenas tres años antes. En cuanto al empleo, a pesar de la falta de datos concretos, la mayoría del millón menos de trabajadores que hay en la construcción se deriva de esta desinversión residencial.

Respecto al stock, el Banco de España estima que es “una rémora para la recuperación de la inversión residencial”. Por ello, la iniciación de viviendas  podría mantenerse en el futuro próximo en una magnitud bastante limitada, “por debajo del mínimo alcanzado en la recesión de comienzos de los noventa”, apunta el estudio.

Se apoya para llegar a esta conclusión en que entre enero y septiembre de 2010 se han iniciado tan solo 137.000 viviendas, cifra coherente con el exceso de oferta existente y con la debilidad de la actividad económica. Y deja entrever que, aunque esta cifra podría incrementarse en los próximos trimestres, “no parece probable que vaya a alcanzar con rapidez un dinamismo más sustancial”.

En cuanto a la evolución de los precios, y a la luz de la experiencia de otros ciclos, de otros países y de la evolución de los indicadores de accesibilidad, que siguen apuntando a que el precio de la vivienda absorbe una parte excesivamente elevada de la renta disponible de las familias, “el ajuste de los precios de la vivienda podría continuar”.

Es cierto, subraya el Banco de España, que algunos factores fiscales han podido amortiguar el ajuste de los precios en 2010, pero ya en 2011 parece probable que los precios sigan moderándose, de modo que el esfuerzo financiero necesario para adquirir una vivienda no aumente al desaparecer la desgravación fiscal para los contribuyentes de mayores rentas. En este sentido, algunos cambios regulatorios, como la mayor neutralidad fiscal entre las decisiones de adquisición respecto al alquiler, deberían tender a moderar los precios de la vivienda.

Al mismo tiempo, las propias dificultades que encuentran algunos propietarios para vender sus viviendas y los cambios regulatorios para proporcionar mayor seguridad jurídica en los contratos de alquiler, podrían animar a más propietarios a poner sus viviendas en alquiler, incrementando la oferta existente y facilitando el acceso de más familias a los servicios residenciales a través de esa vía, que no requiere endeudamiento.

La trayectoria futura del ajuste va a depender de modo esencial de la demanda de vivienda que emerja, en función de los datos demográficos que ya “no ejercerán el efecto tan expansivo que tuvieron en la fase de auge, a la luz de las previsiones publicadas recientemente por el INE, donde se estima una estabilización de la población en la próxima década, con un aporte positivo, pero pequeño, de los flujos migratorios”.

Con todo, la tendencia observada en los años de expansión hacia un menor tamaño de los hogares, que se ha detenido en la crisis, podría reactivarse de nuevo, lo que impulsaría la demanda. En este sentido, la elevada proporción que representan los jóvenes que viven en la casa familiar en España en comparación con otros países sugiere que, si las perspectivas de renta mejoran y los precios de la vivienda se moderan, existe una demanda embalsada que podría emerger.

Tampoco puede descartarse que en este período de ajuste un cierto nivel de demanda haya permanecido retraído a la espera de un mayor ajuste de los precios, por lo que el descenso de estos podría animar nuevas adquisiciones.

Todos estos factores llevan a pensar que asistiremos a un proceso de absorción gradual del exceso de oferta acumulado, que será lento, de modo que la inversión residencial no contribuirá a la expansión de la actividad en el futuro próximo, pero que podría ir ganando dinamismo a medida que los precios se ajusten y las perspectivas económicas mejoren.

Además, es importante destacar que, frente a estos rasgos generales del proceso a escala nacional, podrían observarse diferencias en el ámbito regional y provincial, en la medida en que algunas variables fundamentales de ese proceso —como, por ejemplo, el exceso de oferta acumulado— son muy distintas en los mercados locales de la vivienda, de modo que esa situación de lenta mejora podría convivir con un cierto dinamismo en algunas áreas y con una debilidad más persistente en otras.

El PP pide mantener la deducción por vivienda para estimular el consumo y la inversión privada

Madrid. A cuatro días vista de que entre en vigor la norma que impedirá aplicar la deducción fiscal por compra de vivienda para la rentas superiores a 24.000, el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de Ley, firmada por su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, para pedir que se dé marcha atrás en esta decisión incluida en la Ley de Economía Sostenible. Se trataría de evitar subidas adicionales de impuestos de hasta más de 1.300 euros a las rentas medias que compren una vivienda habitual a partir de enero de 2011 y, por ende, de que sigan incentivándose los estímulos al consumo y a la inversión privada.

Así, la proposición recoge que los contribuyentes podrán deducirse el 7,5% de las cantidades satisfechas en el período de que se trate por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual del contribuyente.

En la iniciativa se señala que la base máxima de la deducción será de 9.015 euros anuales y estará constituida por las cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda. Además, incluirá los gastos originados que hayan corrido a cargo del adquiriente y, en el caso de financiación ajena, la amortización, los intereses, el coste de los instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés variable y demás gastos derivados de la misma.

Asimismo, también podrán aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual los contribuyentes que efectúen obras o instalaciones de adecuación de la misma, incluidos los elementos comunes del edificio y los que sirvan de paso necesario entre la finca y la vía pública.

 

La Junta permite la creación de registros de demandantes de VPO en 648 municipios andaluces

Andalucía. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha dado luz verde a 648 ayuntamientos andaluces para la creación de los registros municipales de demandantes de VPO. Además, hay otros 73 consistorios que se sumarán próximamente una vez que adapten sus ordenanzas a los requisitos exigidos por la Junta.

Son ya 721 los municipios andaluces los que han presentado sus ordenanzas para adherirse a esta iniciativa. Para su implantación, los Consistorios han recibido 3,6 millones de euros en ayudas y ofreciendo formación a los técnicos municipales sobre la gestión y manejo de la aplicación.

Actualmente, cerca del 70% de la población andaluza reside en municipios donde es posible inscribirse en este tipo de registros, puesto que los 179 ayuntamientos donde habitan tienen operativa ya esta herramienta informática. Por provincias, en Almería ya está en marcha este sistema en 67 municipios; en Cádiz, 32; en Córdoba, 46; en Granada 64; y en Huelva, 45. Por su parte, en Jaén, cuentan con la validación 49 localidades, en Málaga, 34; y en Sevilla, con 62.

Estos registros constituyen un sistema de gestión clave, para la aplicación efectiva de la Ley del Derecho a la Vivienda aprobada en 2010 por el Gobierno andaluz, ya que determinará la demanda exacta de vivienda protegida existente en Andalucía. Estos registros permitirán también a la Administración autonómica conocer el perfil y el número de los demandantes y las características y tipologías de viviendas que se necesitan.

Los ayuntamientos tienen la posibilidad de gestionar y manejar los tres niveles de uso con los que cuenta el programa de estos registros, después de que la Junta haya puesto a disposición de los técnicos municipales la última fase de la aplicación informática. 

Estos registros permiten cruzar datos de distintas administraciones (el Ministerio del Interior, Hacienda, el Catastro, etc.) para comprobar que el aspirante a tener una VPO cumple efectivamente los requisitos. De igual modo, permite la tramitación telemática de las solicitudes de inclusión en el registro y el envío de mensajes de texto a los ciudadanos, indicándoles si tienen que renovar su inscripción –que tiene una validez de tres años prorrogables– o si han resultado adjudicatarios de una vivienda protegida.

 

Extremadura prorroga un año la subvención para mantener las oficinas de gestión urbanística

Extremadura. La Junta de Extremadura ha decidido prorrogar en 2011 los convenios de colaboración con cuatro mancomunidades de municipios para el mantenimiento de las oficinas de gestión urbanística, vivienda y arquitectura en sus respectivas zonas de actuación, por un importe global de 786.067 euros. Los convenios serán firmados con las mancomunidades integrales de “Villuercas, Ibores y Jara” y “Valle de Alagón”, y con las de los municipios integrados en las de “La Serena”, “Sierra Suroeste” y “Vegas Altas”.

En relación con este asunto, el Consejo de Gobierno, presidido por Guillermo Fernández Vara, ha autorizado la firma de una encomienda de gestión a la empresa pública Gestión de Infraestructuras, Suelo y Vivienda de Extremadura (Gisvesa) para la coordinación de estas oficinas de gestión urbanística, para que, con una dotación presupuestaria de 443.913 euros, coordine el uso de los recursos a disposición de las entidades locales, así como el seguimiento de los convenios de colaboración suscritos por la Consejería de Fomento en esta materia.

En otra encomienda, también se ha emplazado a Gisvesa para que, con casi 220.000 euros, gestione el desarrollo de la política de alquiler de viviendas en Extremadura. Por el volumen y complejidad de la tramitación de subvenciones para ayudar al pago del alquiler es preciso reforzar las unidades que se encargan de la gestión de dichas ayudas.

Además, el Consejo dio el visto bueno a la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Alía para la urbanización de la actuación número 3 de acceso a viviendas protegidas. La Consejería aportará 174.437 euros para sufragar las obras de urbanización de esta zona.

Otro de los acuerdos tomados por el Consejo de Gobiernos fue el de autorizar a la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX) para la divulgación telemática en materia de urbanismo y ordenación del territorio, por 479.060 euros. La normativa exige la publicación telemática de los instrumentos de ordenación del territorio y de planificación urbanística para una mayor transparencia en la tramitación de los expedientes y la difusión de la información de datos de manera estandarizada.

Finalmente, se autorizó la prórroga del convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento y la Diputación de Badajoz para el funcionamiento de las oficinas comarcales de vivienda en la provincia por 360.607 euros.