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Banca Mare Nostrum reconoce una exposición crediticia al ladrillo de 11.554 millones

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Banca Mare Nostrum (BMN), la entidad surgida a partir de la ‘fusión fría’ (unen balances pero mantienen su propia identidad) entre Caja Murcia, Caixa Penedès y Caja Granada, reconoce que su cartera de créditos inmobiliarios se eleva a 11.554 millones de euros.

En los datos remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que sirven de presentación ante los inversores, el desglose de esta exposición al ladrillo determina que en promoción terminada alcanza los 3.855 millones y 2.409 millones en promoción en curso. Los créditos concedidos para financiar compras de suelos urbanos y urbanizables contabilizan 2.468 millones, y 76 más por suelos rústicos o no calificado. Además, existen otros 1.940 millones con garantía hipotecaria y los restantes 805 que no cuentan con esta garantía.

No obstante, BME califica de “calidad elevada” su cartera crediticia en el sector inmobiliario, “fruto de una prudente gestión del riesgo y de la reducida expansión fuera de las zonas naturales” en las que operan las entidades que forman la nueva entidad.

Además, los nuevos gestores confían en conseguir una reducción relevante de su exposición al riesgo inmobiliario en los próximos años por los factores diferenciadores de su modelo de gestión, con una reducción sistemática de ese riesgo mediante el mantenimiento de las ventas a particulares (por cancelación o subrogación) a través de la red comercial, la  flexibilidad para ajustar precios a las condiciones reales del mercado.

También, como valor añadido, el Grupo argumenta que se ha hecho un esfuerzo importante en saneamientos como mecanismo que permite adecuar los precios de venta sin incurrir en pérdidas adicionales, y, por último, la calidad del activo, con un elevado porcentaje de promociones terminadas o en curso, de las que la mayor parte son viviendas destinadas a primera residencia, y más del 97% del suelo financiado es urbano o urbanizable.

Por todas estas circunstancias, BMN confía en que la evolución prevista de financiación a promotores, que a finales del pasado año se situaba en 6.934 millones se reduzca en un 37% al término del ejercicio 2012, a tan sólo 4.390 millones.

 

¿Cómo las pymes de la construcción ‘resisten’ a la crisis?

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El sempiterno tema de la crisis no para de encontrarse en los medios, en la calle, en las casas, en definitiva: en todas las bocas. Esta dichosa crisis que afectó de forma general a la economía española y más específicamente a algunos sectores del tejido empresarial cómo la construcción, azotado de una manera nunca vista hasta ahora. ¿Pero con qué recursos contaron estas empresas para seguir a flote?

El sector de la construcción, es uno de los más sufridos y para poder resistir, las empresas de este colectivo desarrollaron especialidades, menos afectadas del sector, cómo la rehabilitación de edificos.

Según cifras avanzadas en otoño del 2010, por el Ministerio de Fomento, sobre la rehabilitación de inmuebles, el sector sigue aumentando respecto al año anterior. Frente a un mercado difícil, el Gobierno implementó una nueva deducción fiscal en el IRPF de 10% o el acceso a créditos del ICO para reformas de particulares.

Las subvenciones facilitadas por las autoridades para este tipo de obras, así como la dificultad de mantener una cartera de cliente y de pedido de obras nuevas desde el principio de la crisis, motivaron a las empresas, que no desarrollaban esta área de negocio, a abrir nuevos servicios de reformas y rehabilitaciones de edificios.

Desde el punto de vista de los profesionales de esta especialidad, la competencia se está haciendo cada vez más feroz. Por eso, estos especialistas “originales” en reformas  y rehabilitaciones han tenido que reforzar y desarrollar su estrategia para no perder el rumbo y seguir con su negocio.

Según el gerente de Construcción Luis Pérez, empresa que se dedica a la rehabilitación de edificios desde hace más de 22 años, la baza principal que tienen estos especialistas es su experiencia y su profesionalidad. Luis Pérez explica: “Hacer obras de rehabilitación tiene sus matices y no es lo mismo que construir un edificio desde cero.” Así que frente a esa nueva competencia nacida del mismo sector, estas pymes han tenido que reaccionar.

La tecnología 2.0 y el marketing al rescate

Sorprendentemente, cuando preguntamos a Luis Pérez cómo reaccionó su compañía frente a esta competencia, nos explica, que estando convencido de la calidad de su trabajo y de la profesionalidad de su equipo, lo único que tenía que hacer era comunicarlo. Hombre con mucho sentido común, este joven profesional, constató que su deseo de transparencia podía encontrar eco en el auge de la web 2.0. De esa forma, Construcciones Luis Pérez decidió desplegar una estrategia de comunicación y marketing basada en dar visibilidad de su profesionalidad, experiencia en el sector y calidad de sus servicios: “Dar la posibilidad a nuestros clientes de opinar a través de plataformas 2.0 cómo Facebook, o dando información en una NewsLetter mensual son maneras de transmitirles que no nos dedicamos a las chapuzas baratas, sino que les ofrecemos un servicio de calidad, con profesionales altamente cualificados y que estamos dispuestos a escuchar a nuestros clientes y darles voz.”

Además de servicios de reformas “clásicos”, cómo soluciones de rehabilitaciones sostenibles o trámites administrativos en vista a la obtención de subvenciones públicas, las pymes tienen que recurrir a otras ofertas atractivas y que siempre demuestren que la experiencia en el sector es un valor añadido a cualquier servicio provisto.

Luis Pérez comenta que todas estas soluciones de marketing, por un cierto lado se entremezclan y que una buena comunicación con los clientes permite conocerles y ofrecerles los servicios que necesitan. La última oferta de esta empresa, el contrato de mantenimiento, es una idea directamente inspirada de los clientes de Construcciones Luis Pérez, una solución que permite ahorrar a largo plazo, manteniendo un edifico para evitar derramas elevadas e imprevisibles. Marcar la diferencia con una comunicación interactiva y soluciones prácticas y originales cómo, por ejemplo este “contrato de mantenimiento” son aspectos imprescindibles en el desarrollo del negocio de la rehabilitación.

El tejido empresarial del sector de la construcción sigue azotado por la crisis y una de sus mejor armas es enseñar sus bazas, su valor añadido y no hay nada mejor que el antiguo boca a boca, las recomendaciones y la buena reputación para seguir siendo un líder en su nicho de mercado. Las nuevas tecnologías y una atención al cliente bien desarrollada son herramientas especialmente poderosas que pueden ser aplicadas en cualquier sector.

L. Olivier Scalvinoni

Communication & Social Media Consultant en IOMarketing

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Los administradores de fincas colegiados cumplen con la normativa vigente sobre el IVA

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Madrid. El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), como Corporación de Derecho Público, tiene como objetivo esencial la protección de los derechos de los consumidores y usuarios en materia de vivienda, y los administradores de fincas colegiados, en base a esta función social, cumplen con la normativa vigente que incide en la materia profesional del administrador de fincas y de los inmuebles que administran.

Tras las recientes informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación, y basadas en un informe realizado por la empresa LDC sobre las facturas no declaradas por las Comunidades de Vecinos que hay en España, donde se refleja que se estima que el 50% de los pagos que ha de realizar la comunidad de vecinos a proveedores, oficios, servicios y productos, escapa al control de Hacienda al no hacer factura la/s empresa/s a la comunidad o, en caso de hacerla, no es declarada al no ser cotejada con las cuentas de las comunidades de vecinos, hemos de manifestar lo siguiente:

1) Las comunidades de propietarios administradas por un administrador de fincas colegiado, cumplen con toda la normativa fiscal que les son de aplicación. Los administradores de fincas colegiados en modo alguno son responsables de la gestión que en determinadas comunidades de propietarios puedan ser ejercidas por una persona no colegiada, y que pueda conllevar el fraude a la Hacienda Pública, entre otros muchos perjuicios a los consumidores y usuarios.

2) Las comunidades de propietarios están obligadas a abonar el IVA correspondiente por los servicios que reciben, y se paga en cada factura por la adquisición de bienes o la prestación de servicios. En las facturas que se emiten a la comunidad de propietarios queda perfectamente reflejado el coste del servicio y su correspondiente IVA. En este supuesto, es responsabilidad exclusiva del proveedor de los servicios, o de la empresa o profesional que ejecuta las obras de mantenimiento y conservación de los edificios, el declarar el IVA que estos trabajos generen, ya que la comunidad de propietarios tiene la obligación de abonarlo, pero no existe normativa legal que les requiera que, por estos conceptos, hayan de presentar declaración del IVA correspondiente a la Agencia Tributaria.

En el caso de que se produzca un supuesto fraude fiscal, será responsabilidad exclusiva de la entidad o del profesional que, habiendo cobrado ese IVA a la comunidad, no haga la declaración fiscal pertinente, ya que los administradores de fincas colegiados garantizan los derechos de consumidores y usuarios en sus viviendas, cumpliendo con todas las normativas, no sólo fiscales, que inciden sobre los bienes inmuebles que administran.

3) La comunidad de propietarios genera la obligatoriedad de tributar IVA si realiza actividades como el alquiler de locales, viviendas, cubiertas, o vallas publicitarias, entre otras. En este caso, la comunidad ha de realizar la declaración trimestral del IVA e ingresarlo en Hacienda, y una declaración anual, resumen de las cuatro declaraciones trimestrales. Los administradores de fincas colegiados, son, igualmente, garantes del cumplimiento de esta normativa en las comunidades de propietarios que administran.

El CGCAFE colabora, asiduamente, con los distintos ministerios y organismos públicos que tienen algún tipo de competencia en materia urbanística, y constantemente se argumenta, ante ellos, sobre la imperiosa necesidad de que las comunidades de propietarios presenten sus cuentas a la Hacienda Pública, con el objeto de obtener la mayor transparencia al efecto, y puedan ser cotejadas las facturas que abonan con su correspondiente IVA, con las declaraciones tributarias que están obligadas a presentar las entidades o profesionales que realicen algún tipo de servicio con las comunidades de propietarios.

El CGCAFE, ante la información que están ofreciendo los medios de comunicación en base al estudio realizado por la empresa LDC, y del que se están haciendo eco los distintos medios de comunicación, manifiesta que dichos datos no han sido obtenidos de las comunidades de propietarios que gestionan administradores de fincas colegiados, y que, por contener determinadas imprecisiones e inexactitudes, generan en los lectores de esa información, unas dudas que ni son lógicas, ni son ciertas, por las razones antes expuestas.

Los Colegios de Administradores de Fincas son los garantes de la excelencia y calidad profesional de sus colegiados, y para garantizar los derechos de consumidores y usuarios en materia de vivienda, evitando posibles fraudes como el aquí referenciado, la profesión de Administrador de Fincas ha de mantenerse y seguir siendo una profesión colegiada.

En su política de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, el CGCAFE, a través de sus Colegios Territoriales de Administradores de Fincas, pone a disposición de todos los ciudadanos su ventanilla única para que realicen cuantas preguntas consideren de interés en defensa de sus derechos, en las distintas páginas web de nuestros Colegios Territoriales, y en la de este CGCAFE.

 

 

El SIL apoya el ‘Manifiesto Ferrmed’ en favor del Corredor Mediterraneo

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Barcelona. Una delegación del Salón Internacional de la Logística y de la Manutención (SIL), encabezada por su Directora General, Blanca Sorigué, estuvo presente el pasado miércoles en el Parlamento Europeo apoyando el ‘Manifiesto FERRMED’ para la implantación de los estándares y la inclusión del corredor Mediterráneo como proyecto prioritario en la Red Ferroviaria Europea. Del mismo modo, en este encuentro se hizo especial hincapié en la necesidad de contar con asignaciones de fondos europeos para su puesta en marcha.

Este encuentro contó con un importante apoyo de representantes políticos, institucionales y empresariales. Como no podía ser de otra manera, el Salón Internacional de la Logística y de la Manutención (SIL), en su condición de Salón líder del Mediterráneo, estuvo presente apoyando este proyecto clave para la economía de la UE, dado que une el frente portuario más importante de Europa en el Mar del Norte, con sus respectivos hinterlands en la Europa Septentrional, Central y del Este, con las más importantes vías de navegación fluvial, con el frente portuario Mediterráneo Occidental y con el Norte de África.

Del mismo modo, aprovechando la presentación del ‘Manifiesto FERRMED’, la delegación del SIL, encabezada por su Directora General, Blanca Sorigué, promocionó la décimotercera edición del Salón, que tendrá lugar del 7 al 10 de junio en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, ante toda la comunidad logística, empresarial e institucional desplazada hasta Bruselas.

En el acto de presentación del ‘Manifiesto FERRMED’ participaron altos representantes de la UE, como los ministros de Transportes de Bélgica, Alemania, Francia, Luxemburgo, Holanda y Suiza, de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y de los estados y regiones miembros más significativos. Además también participaron el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Lluís Recoder, los presidentes de la Comunidad Valencia y Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel respectivamente, y los alcaldes de Málaga, Valencia y Cartagena.

Cabe destacar que el SIL 2011 se celebrará del 7 al 10 de junio de 2011 en el recinto ferial de Gran Vía de Fira de Barcelona, y este año presenta nuevas ofertas útiles y todas las facilidades para que todas las empresas del sector puedan estar presentes en la cita anual de la logística en España.

 

La patronal fotovoltaica recurrirá el decreto que recorta hasta el 45% las primas

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Madrid. La Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo el RD 1565/2010, por el que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio introducía, en noviembre pasado, cambios sustantivos y retroactivos en la regulación vigente del sector solar fotovoltaico, con un evidente efecto discriminatorio y  vulneración de la seguridad jurídica al recortar hasta el 45% las primas para este tipo de instalaciones de energía renovable, informó la patronal.

AEF considera que dichas normas, que eliminaban las primas que perciben todas las plantas fotovoltaicas, de acuerdo con la legislación establecida por el actual gobierno, “constituyen una agresión contra la estabilidad regulatoria y la confianza legítima que todo acto de gobierno debería garantizar para aquellas decisiones empresariales que se han gestado al amparo de la garantía legal del Estado”.

Los empresarios fotovoltaicos estiman que la supresión de las tarifas reguladas se ve agravada por otras medidas  que modifican sustancialmente el régimen económico por el que, desde 2008, se vienen rigiendo las instalaciones ya existentes. Hasta el punto, agregan, de poner en riesgo las inversiones realizadas, por más de 20.000 millones de euros e, incluso, la credibilidad financiera de nuestro país.

Medidas discriminatorias que establecen la exigencia de modificaciones técnicas en flagrante atentado contra el principio de igualdad jurídica, porque discriminan a la fotovoltaica frente a otras tecnologías, privándola de un trato de equidad en las condiciones, los plazos de ejecución o las compensaciones económicas que, en los casos de las otras fuentes de generación renovable, sí se contemplan.

La Junta Directiva de AEF ha manifestado que se acuerda “defender, ante cualquier situación de ilegalidad o incertidumbre jurídica o regulatoria, los intereses reconocidos de los empresarios, inversores y productores en cualquiera de las instancias nacionales o internacionales y con todos los recursos que ofrece a los ciudadanos cualquier Estado de Derecho”.

El recurso de la AEF ante el Tribunal Supremo será independiente de aquellos que se proponen presentar sus asociados, diversas instituciones inversoras y otras asociaciones del sector fotovoltaico, aunque sí en perfecta armonía y coordinación, por coincidir en todos las mismas exigencias de una legislación de justicia y de respeto de las normas.

Banesto contabiliza en mora 1.308 millones, el 24% de los concedidos a los promotores inmobiliarios

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Madrid. Los créditos fallidos concedidos a los promotores inmobiliarios siguen haciendo mella en los balances de las entidades financieras. Banesto, la filial del Grupo Santander, ha reconocido, al presentar las cuentas correspondientes al cierre del pasado ejercicio, que la mora a promotores asciende al 24%, frente al 14,5% del cierre de 2009, lo que supone que 1.308 de los 5.453 millones de euros en créditos concedidos a este colectivo hayan entrado en morosidad y su cobro resulte más que dudoso. A finales de 2009, el importe de este crédito era de casi 7.000 millones y en diciembre de 2007, tras desencadenarse la crisis, se elevaba a más de 9.500 millones.

No obstante, Banesto señala que hace un año el riesgo de promotores sobre el total llegaba al 8%. Ahora es del 6,4%. El conjunto del crédito al sector constructor e inmobiliario ha caído en un año hasta los 10.354 millones. Del esta cantidad, 2.227 millones correspondían a grandes empresas y construcción y 5.453 millones a promotores inmobiliarios.

La entidad financiera cerró 2010 con un beneficio de 460 millones de euros, lo que supone un retroceso del 17,8% respecto al ejercicio anterior, motivado por la necesidad de realizar provisiones durante todo el año para reforzar su situación patrimonial “con dotaciones extraordinarias para activos mobiliarios e inmobiliarios y a la provisión genérica de insolvencias por un total de 616 millones de euros”.

El margen de intereses ha caído un 4,1%, hasta 1.660,5 millones. La filial de Santander ha explicado que la gestión de los márgenes y del balance “ha compensado, en gran medida, el efecto de la ralentización en la evolución del negocio y el aumento de los costes de financiación”. El margen bruto ha cerrado el año en 2.490 millones, cifra que supone un descenso del 2,8% respecto al ejercicio anterior, mientras que el margen neto de explotación ha cedido un 4%, hasta 1.501 millones.

Las viviendas se depreciaron casi un 4% en 2010, a niveles de hace cinco años, según el Índice IMIE de Tinsa

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Madrid. El índice IMIE de diciembre, elaborado por la tasadora Tinsa, quedó fijado en 1.872 puntos, dato ligeramente inferior al del mes pasado y muy similar al nivel que mantiene el índice desde el mes de agosto, situándose en cifras equiparables a septiembre de 2005. Supone un ligero repunte a la baja en su variación interanual hasta el -3,9%, desde el pasado 3,6%, lo que significa que los valores medios de las viviendas han permanecido casi estabilizados durante los últimos cinco meses, originando una progresiva moderación de los descensos interanuales. Respecto al descenso acumulado desde máximos apenas varía y se sitúa en el 18%.

El ligero repunte del índice “General” viene motivado, fundamentalmente, por el comportamiento del subíndice “Capitales y Grandes Ciudades” que descendió un 5,0% frente al 3,6% del mes anterior. En este caso el repunte en la bajada interanual se debe, tanto al descenso del nivel del índice como al diferente comportamiento del mismo en diciembre de 2009.

El mayor descenso interanual en diciembre se produce en el subíndice “Costa Mediterránea”, que presentó una bajada más acusada del 6,8% frente al 4,7% del mes anterior, y un descenso del índice que la sitúa muy cerca de romper la barrera de los 1900 puntos, lo que supondría retornar a valores del año 2004 en el ámbito de la costa peninsular.

Ligeramente por encima del descenso medio interanual se situó también el subíndice “Áreas Metropolitanas”, con una bajada del 4,2% y un fuerte descenso en niveles absolutos, que sitúan a esta zona próxima a perder la barrera de los 1.800 puntos.

Ya por debajo del descenso general aparecen los subíndices “Islas Baleares y Canarias”, que presentaron una bajada del 2,4%, moderándose notablemente respecto al mes anterior, y “Resto de Municipios” no incluidos en los grupos anteriores, que desaceleraron nuevamente su caída hasta el 1,6%.

En cuanto a los descensos acumulados desde valores máximos, el subíndice “Costa Mediterránea” volvió a señalar un nuevo máximo en el histórico del índice, con un descenso total del 26,2%. Lo mismo puede decirse de las Áreas Metropolitanas que ya rebasan la segunda decena en los recortes situándose en el 20,3%.

Muy próximo se encuentra el descenso total del subíndice “Capitales y Grandes Ciudades” con el 19% y, ya con menores bajadas acumuladas, los subíndices “Islas Baleares y Canarias” con un 15,4% y “Resto de Municipios” con el 14,3%.

 

Aprobación del plan general de Outes, el decimocuarto en Galicia en lo que va de legislatura

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Santiago de Compostela. Con la aprobación del Plan general de Outes, un total de 50 municipios de Galicia cuentan con el plan de ordenación adaptado a la ley vigente (Ley 9/2002), 14 de ellos en lo que llevamos de legislatura.
 
La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras otorgó la aprobación definitiva al Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) del Ayuntamiento de Outes, de acuerdo con el establecido en el punto 5.la del artículo 85, de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y de Protección de en medio Rural de Galicia.

En el estudio previo a la aprobación de comprobó que se daba cumplimiento a las observaciones formuladas en la orden del 21 de abril de 2010, como justificar la existencia de malla y servicios básicos en el suelo urbano, y reducir la superficie clasificada como suelo urbanizable, y eliminándose determinados ámbitos de los suelos urbanos. El que supone que la capacidad global de nuevas viviendas se adecua a las expectativas de crecimiento. También se solicitaba el reajuste de las delimitaciones de los núcleos rurales.

También se han incorporado los criterios emanados del dictamen de la Comisión Superior de Urbanismo, celebrada el pasado 2 de diciembre. El Ayuntamiento de Outes solicitó una reducción de 200 a 100 metros de la anchura de la franja a clasificar como suelo rústico de protección de espaldas en el suelo urbanizable UND-05 y en las áreas de expansión de los núcleos de Mosteiro, Vilariño, Piñeiro, Braño, Cerzón, Rates, Brión de Abajo, La Jurisdicción, Vista Alegre, Coiradas, Riba de Mar, El Abulagar y La Corga.

La propuesta que fue elevada ante de la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 32.2 y) de la LOUG informó favorablemente parte del ámbito del UND-05 así como las áreas de expansión de los núcleos de Cerzón, Brión de Abaixo, A Xurisdicción, Vista Alegre, Riba de Mar y A Corga. Los restantes ámbitos fueron informados desfavorablemente.

Cantabria triplica las actuaciones en materia de rehabilitación contempladas en el Plan de Vivienda

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Santander. El Plan de Vivienda fijaba su objetivo en 3.269 actuaciones en materia de rehabilitación y finalmente, han sido calificadas un total de 10.965, un 335% más. De esta manera, Cantabria se ha situado “a la cabeza de España” en materia de rehabilitación por cada mil habitantes durante los dos últimos trimestres. Así, las previsiones del Gobierno de Cantabria para 2010 se situaron en 1.735 actuaciones en esta materia y, al cierre del ejercicio, se habían calificado 8.869 viviendas, casi el triple.

Así lo ha explicado el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, en rueda de prensa, donde, acompañado por el director general de Vivienda, Francisco Gómez Blanco, ha presentado los resultados del Plan de Vivienda en 2010. Mazón ha señalado que los resultados son “muy satisfactorios” y que, a pesar de que se presagiaban “muchas dificultades”, se ha conseguido “prácticamente el cien por cien”.

En esta línea, en el área de las promociones de Viviendas de Protección Oficial (VPO) de nueva construcción, se han calificado 1.120 de las 1.229 previstas. En concreto, en régimen de venta fueron concedidas 937 de las 970 previstas por la Consejería, y en alquiler 185 de las 249.

Con respecto al programa de ayudas a inquilinos promovido por Obras Públicas, sólo fueron demandadas 230 de los 822 previstas por el Gobierno de Cantabria. Por último, en esta materia, las calificaciones de vivienda usada apenas alcanzaron la mitad de los 144 previstos, reduciéndose a 75.

Por otro lado, en materia de rehabilitación, las Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) superaron el objetivo de 160, fijado por el Plan de Vivienda, y alcanzaron los 189. Por el contrario, las Áreas de Rehabilitación Urbana (ARUS) y las actuaciones en erradicación del chabolismo no recibieron ninguna demanda de las 40 y 15, respectivamente, previstas por la Consejería.

En materia de suelo fueron demandadas 225 actuaciones de las 246 que figuraban entre los objetivos. Por último, las rentas básicas de emancipación se concedieron casi en su totalidad, agotándose 982 de las 1.000 previstas.

Mazón ha anunciado para el presente año un total de 3.639 calificaciones en materia de vivienda. De hecho, se ejecutarán 1.400 viviendas de nueva construcción, se concederán 300 ayudas a inquilinos, 105 para viviendas usadas y 1.805 para rehabilitaciones. También están previstas 1.000 subvenciones para la Renta Básica de Emancipación.

Por otro lado, el consejero ha anunciado los próximos sorteos de VPO, construidas por Gesvican. En concreto, se sortearán 14 viviendas en Anero, 12 en Novales, 12 en Valdáliga, 6 en Rábago y 12 en Renedo de Cabuérniga. También buscarán fortuna los solicitantes de 14 VPO en Cabárceno, 51 en Reinosa, 10 en Ruente y 7 en Lombraña.

 

Oil and Gas Capital solicita prospecciones de hidrocarburos en las costas valencianas

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Valencia. “Nos encontramos  ante una nueva trampa saducea del Gobierno central, que consiste en incluir en un área terrestre un pequeño vértice marino para hacerse con unas competencias que son nuestras, de la Generalitat, por lo que, no sólo habrá alegaciones por la vía correspondiente, sino que también presentaremos un conflicto de competencias”, ha dicho el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, en relación a la posible autorización del Ministerio de Industria de la solicitud cursada por la empresa Oil and Gas Capital para prospecciones de hidrocarburos en una zona terrestere que incluye 13 municipios de las comarcas de La Safor la Ribera y la Costera.

Cotino ha explicado que el perímetro solicitado para realizar las prospecciones «es terrestre en un 95%”, pero se ha incluido una pequeña franja de mar para asegurarse la competencia de autorizar los permisos a la empresa de hidrocarburos. “La competencia para autorizar las prospecciones en zona terrestre es exclusiva de la Generalitat, y sólo pasa a ser competencia del Gobierno central en el caso de incluir zona marítima”, según el vicepresidente.

Las declaraciones han sido realizadas por Cotino al término de la primera reunión de la Comisión Delegada para coordinar acciones contra las prospecciones de hidrocarburos en la Comunitat Valenciana, integrada por el conseller de Gobernación, Serafín Castellano; la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Maritina Hernández; y el conseller de Solidaridad, Rafael Blasco, además de representantes las consellerias de Industria, Infraestructuras, Turismo y de la Abogacía General de la Generalitat.

Todos estos departamentos integran la Comisión Delegada, creada por el Pleno del Consell el pasado 30 de diciembre, que coordina las acciones de a Generalitat para paralizar la decisión adoptada por el Gobierno Central de autorizar la prospección de hidrocarburos, para su futura explotación, en diversos sectores localizados en aguas pertenecientes al Golfo de Valencia y en la zona terrestre.

Esta Comisión realizará seguimientos semanales sobre cualquier novedad que se produzca en este tema “porque no podemos olvidar, además, que en esta zona concreta se verían afectados las LIC’s y ZEPA’s de la Red Natura de la Sierra del Montdúver -Marxuquera, la Serra de Corbera y Marjal de La Safor, además de una parte de los parajes naturales municipales de la Serra de Quatretonda y del Parpalló y Borrell, en Gandía”, ha añadido Cotino.

Recursos a los Reales Decretos

Por otra parte, el Vicepresidente ha señalado que la Generalitat recurrirá cada uno de los Reales Decretos que autorizarán las cinco áreas de investigación concedidas por el Consejo de Ministros del pasado 23 de diciembre -Benifayó, Gandía, Albufera, Alta Mar I y Alta Mar II- en cuanto sean publicados en el BOE.

“Estamos esperando esa publicación en el BOE para poner en marcha la maquinaria legal y los recursos necesarios para frenar este despropósito”, ha concluido Cotino, quien ha asegurado que, además de las medidas legales, solicitará una entrevista al Ministro de Industria para exponerle los criterios de la Generalitat en contra de estas prospecciones.

 

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