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Mesa de Ejes y Modelo de Ciudad para definir el urbanismo de Madrid

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Mesa de Ejes y Modelo de Ciudad para definir el urbanismo de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha dado un paso significativo hacia la planificación del futuro urbanístico de la ciudad con la creación de la primera Mesa de Ejes y Modelo de Ciudad. Esta iniciativa, liderada por el delegado del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, busca fomentar nuevos nodos de centralidad en la periferia y promover una ciudad más policéntrica y sostenible.

Planificación de un Madrid policéntrico y sostenible

La primera reunión de la Mesa de Ejes y Modelo de Ciudad se celebró en el Palacio de Cibeles, donde representantes de la administración pública y el sector privado debatieron sobre los retos y oportunidades del nuevo modelo urbanístico. Borja Carabante destacó la importancia de impulsar la movilidad del futuro, apostando por la energía renovable, el transporte multimodal y la sostenibilidad. «Madrid debe convertirse en una ciudad dinámica, innovadora, atractiva, amigable y sostenible», afirmó Carabante.

El objetivo principal de esta mesa es reflexionar y proponer acciones concretas que ayuden a definir los ejes estructurales del municipio. Estos ejes serán fundamentales para el diseño del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM). La intención es regenerar, recualificar y reorganizar el espacio público para mejorar su calidad, promoviendo una ciudad con diferentes centros de atracción comercial, social y de ocio en todo el área metropolitana.

Myriam Peón, directora de la oficina del PGOUM, subrayó la necesidad de diseñar un plan flexible que se adapte al dinamismo de Madrid, una ciudad en constante cambio. «Debemos determinar el modelo de ciudad que queremos, poniendo en valor lo que ya tenemos y aprovechando todas las oportunidades que nos brinda Madrid», señaló Peón.

Reestructuración de los ejes Norte-Sur y Este-Oeste

Durante la reunión, los asistentes discutieron sobre el diseño actual del eje Norte-Sur y sus futuros desarrollos, incluyendo proyectos como RenAZCA, el Paisaje de la Luz, la Ciudad de la Justicia y Madrid Nuevo Norte. Estos proyectos son fundamentales para imaginar y planificar cuáles serán las necesidades del futuro Madrid, según explicó Myriam Peón. Se destacó la importancia de ir más allá de los proyectos actuales y anticipar las futuras demandas urbanísticas.

El diseño del eje Este-Oeste también fue un tema central en el debate, con un enfoque en su desarrollo futuro considerando los principales ejes comerciales como la Gran Vía, las calles de Alcalá y Goya, y la plaza de España. Peón señaló la necesidad de estudiar nuevas centralidades que permitan conectar los diferentes espacios urbanos y lograr el reequilibrio de la trama urbana. Este enfoque busca distribuir equitativamente las actividades económicas y sociales en toda la ciudad, evitando la concentración excesiva en áreas específicas.

La oficina del PGOUM tiene previsto organizar diferentes reuniones a lo largo de 2024 y 2025 para evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos por la mesa. Estas reuniones serán esenciales para ajustar y perfeccionar las estrategias urbanísticas de Madrid, asegurando que se adapten a las necesidades cambiantes de la ciudad y de sus habitantes.

Colaboración público-privada para un desarrollo urbano equilibrado

La colaboración entre el sector público y privado es crucial para el éxito de esta iniciativa. La mesa busca crear un espacio de diálogo y cooperación donde se puedan intercambiar ideas y propuestas para el desarrollo urbanístico de Madrid. Esta colaboración es vista como prioritaria por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que considera que solo a través del trabajo conjunto se pueden alcanzar los ambiciosos objetivos planteados.

En este sentido, el concejal Borja Carabante resaltó que la creación de nuevos nodos de centralidad en la periferia es esencial para fomentar un desarrollo urbano equilibrado. Estos nuevos centros de actividad no solo aliviarán la presión sobre el centro de la ciudad, sino que también contribuirán a una distribución más equitativa de los recursos y servicios urbanos. Además, se espera que esta estrategia impulse la actividad económica y social en las áreas periféricas, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

Las propuestas de la mesa también incluyen la promoción de la movilidad sostenible como un eje central del desarrollo urbano. Esto implica fomentar el uso de transporte público eficiente, redes de bicicletas y vehículos eléctricos, así como la creación de infraestructuras que faciliten la movilidad peatonal. Estas medidas no solo reducirán la congestión del tráfico y las emisiones de carbono, sino que también mejorarán la accesibilidad y la conectividad dentro de la ciudad.

La visión del Ayuntamiento de Madrid para el futuro urbanístico de la ciudad es ambiciosa y multifacética. Al fomentar una ciudad policéntrica, sostenible y dinámica, se busca no solo mejorar la infraestructura y los servicios, sino también crear un entorno urbano que sea inclusivo y accesible para todos los residentes. Con la colaboración de todos los actores involucrados, Madrid puede aspirar a convertirse en un modelo de desarrollo urbano equilibrado y sostenible.

Momento óptimo para enfrentar los retos de vivienda y alquiler

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El Gobierno ha calculado que España necesita construir un millón de viviendas para equilibrar el mercado inmobiliario y reducir la presión sobre los precios. Esta estimación, presentada por el director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Javier Martín, durante la VI edición del Observatorio Español del Seguro de Alquiler (OESA), destaca la urgente necesidad de abordar el déficit habitacional del país.

Desglose de la demanda de viviendas

El informe del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana detalla que del millón de viviendas necesarias, un tercio debería ser de vivienda de protección oficial (VPO), otro tercio de vivienda asequible (tanto de compra como de alquiler) y el último tercio de vivienda libre. Este enfoque integral busca garantizar una oferta diversificada que cubra las necesidades de diferentes segmentos de la población.

Javier Martín subrayó que el momento actual es «óptimo» para enfrentar los retos de vivienda y alquiler en España, enfatizando la importancia de la colaboración público-privada. «La colaboración entre el sector público y el privado es prioritaria para alcanzar nuestros objetivos en materia de vivienda. Necesitamos trabajar juntos para aumentar la oferta y hacer frente al déficit de viviendas», afirmó Martín.

Las regiones más afectadas por la falta de vivienda son el área metropolitana de Madrid y el arco Mediterráneo. Según María José Piccio Marchetti Prado, directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, la capital española recibe una gran cantidad de población cada año, con una demanda anual de 35.000 inmuebles, pero solo se construyen 20.000. Esta brecha entre la oferta y la demanda contribuye significativamente a la escalada de precios en estas zonas.

Comparativa con otras estimaciones y factores que influyen en el déficit

Las estimaciones del Gobierno contrastan con las del Banco de España, que calcula que se necesitan 600.000 viviendas nuevas hasta 2025 para equilibrar el mercado inmobiliario. Esta diferencia en las cifras se debe a varios factores, incluyendo la falta de suelo disponible para la construcción, un problema particularmente agudo en provincias como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Alicante.

Además, el incremento de los costes de construcción y la escasez de mano de obra cualificada complican aún más la situación. El envejecimiento de los trabajadores en el sector de la construcción y el déficit de formación profesional también son factores que limitan la capacidad de respuesta del mercado a la creciente demanda de viviendas. La falta de inversiones en la adquisición y promoción de nuevo suelo urbano agrava aún más el problema.

El auge del alquiler vacacional en los últimos años ha reducido el stock de vivienda disponible en el mercado residencial. Según el informe anual sobre el mercado inmobiliario regulador, el alquiler vacacional representa cerca del 10% del mercado del alquiler, con aproximadamente 340.000 viviendas destinadas a este uso, lo que equivale al 1,8% del total de viviendas principales. Esta tendencia ha contribuido a la escasez de viviendas disponibles para los residentes permanentes y ha influido en el aumento de los precios de alquiler.

Para hacer frente a estos desafíos, el Gobierno está considerando diversas medidas, incluyendo la agilización de los trámites administrativos para la obtención de licencias de construcción y la promoción de políticas que incentiven la construcción de viviendas asequibles. Estas medidas buscan no solo aumentar la oferta de viviendas, sino también garantizar que sean accesibles para una amplia gama de ingresos y necesidades.

Medidas propuestas y el papel de la colaboración público-privada

Para abordar el déficit habitacional y equilibrar el mercado inmobiliario, el Gobierno propone varias medidas destinadas a incentivar la construcción de viviendas y facilitar el acceso a la vivienda. Entre las estrategias destacadas se encuentran la agilización de los trámites administrativos para la obtención de licencias de construcción, la promoción de viviendas sociales y asequibles, y la colaboración con el sector privado para el desarrollo de proyectos de vivienda.

La agilización de trámites es una medida esencial para acelerar el proceso de construcción. Actualmente, los procedimientos burocráticos pueden retrasar significativamente los proyectos de construcción, lo que limita la capacidad del mercado para responder a la demanda de viviendas. Simplificar estos trámites permitiría a los promotores inmobiliarios iniciar y completar sus proyectos más rápidamente, aumentando la oferta de viviendas disponibles.

La promoción de viviendas sociales y asequibles es un componente crucial de la estrategia del Gobierno. Destinar recursos significativos a la construcción de viviendas accesibles para las familias de ingresos medios y bajos no solo ayudará a satisfacer la demanda de vivienda, sino que también contribuirá a la cohesión social y a la reducción de la desigualdad. Esta iniciativa es fundamental para asegurar que todas las personas, independientemente de sus ingresos, tengan acceso a una vivienda digna.

La colaboración con el sector privado es vital para alcanzar el objetivo de un millón de viviendas. El Gobierno está desarrollando incentivos fiscales y financieros para atraer inversiones privadas en el sector de la construcción de viviendas. Estos incentivos incluyen deducciones fiscales, subvenciones y préstamos a bajo interés, diseñados para hacer que los proyectos de construcción sean más atractivos y rentables para los inversores.

La deuda de la Seguridad Social sube otro 7,8%

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La deuda de la Seguridad Social en España ha alcanzado un nuevo máximo histórico, incrementándose en un 7,8% en el último trimestre. Este aumento refleja las crecientes presiones financieras sobre el sistema de protección social del país, en un contexto de envejecimiento de la población y desafíos económicos persistentes.

Crecimiento sostenido de la deuda y sus implicaciones

El último informe del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones revela que la deuda de la Seguridad Social ha escalado hasta los 106.000 millones de euros. Este incremento del 7,8% respecto al trimestre anterior pone de manifiesto las dificultades que enfrenta el sistema para financiar las pensiones y otros beneficios sociales. La combinación de un mercado laboral que aún no se ha recuperado completamente de las crisis pasadas y una población cada vez más envejecida está ejerciendo una presión considerable sobre las finanzas de la Seguridad Social.

El ministro José Luis Escrivá ha reconocido la gravedad de la situación, destacando la necesidad de reformas estructurales para garantizar la sostenibilidad del sistema. «Estamos ante un reto importante que requiere soluciones integrales y a largo plazo. La deuda de la Seguridad Social es un reflejo de la necesidad urgente de adaptar nuestro sistema de pensiones y beneficios sociales a las realidades demográficas y económicas actuales», señaló Escrivá.

Una de las principales causas del aumento de la deuda es el déficit estructural del sistema, que ha obligado al gobierno a recurrir a préstamos del Estado para cubrir el déficit de la Seguridad Social. Este déficit es el resultado de ingresos insuficientes para cubrir los gastos, una situación exacerbada por el envejecimiento de la población, que ha aumentado el número de beneficiarios de pensiones. Además, las políticas de incremento de las pensiones y la falta de ajustes en las cotizaciones sociales han contribuido a este desequilibrio financiero.

Propuestas de reforma y debate político

El aumento continuo de la deuda de la Seguridad Social ha impulsado un intenso debate político sobre las mejores estrategias para abordar esta crisis. Los partidos de la oposición han criticado al gobierno por lo que consideran una gestión inadecuada y han presentado diversas propuestas para reformar el sistema. Por su parte, el gobierno ha defendido sus políticas, argumentando que están enfocadas en garantizar la justicia social y la protección de los ciudadanos más vulnerables.

Entre las propuestas más discutidas se encuentra el aumento de la edad de jubilación, una medida que ha sido sugerida por varios economistas y expertos en pensiones. La idea es que alargar la vida laboral de los trabajadores podría aliviar parte de la presión sobre el sistema de pensiones, aumentando los ingresos por cotizaciones y reduciendo el periodo durante el cual se pagan las pensiones. Sin embargo, esta medida es controvertida y ha encontrado resistencia tanto en el ámbito político como entre los sindicatos, que argumentan que podría perjudicar a los trabajadores más mayores y a aquellos en empleos físicamente exigentes.

Otra propuesta relevante es la de aumentar las cotizaciones sociales. Esta medida implicaría que tanto los trabajadores como los empleadores contribuyan más al sistema de Seguridad Social. Aunque podría generar ingresos adicionales a corto plazo, también podría tener efectos adversos en el mercado laboral, como la reducción del empleo formal o el incremento del empleo no declarado.

El gobierno también está explorando la posibilidad de introducir un nuevo impuesto específico para financiar las pensiones. Este impuesto sería progresivo y estaría diseñado para recaudar fondos adicionales sin afectar negativamente a los segmentos más vulnerables de la población. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado que esta opción está siendo evaluada cuidadosamente para garantizar que sea efectiva y justa.

Impacto en el futuro de la Seguridad Social

El creciente endeudamiento de la Seguridad Social tiene implicaciones significativas para el futuro del sistema de bienestar en España. La necesidad de financiar la deuda podría limitar la capacidad del gobierno para invertir en otras áreas críticas, como la educación y la salud, lo que podría afectar el bienestar general de la población a largo plazo.

Los expertos advierten que, sin reformas estructurales, la situación financiera de la Seguridad Social podría deteriorarse aún más. La sostenibilidad del sistema dependerá de la capacidad del país para adaptarse a los cambios demográficos y económicos, así como de la implementación de políticas que equilibren la protección social con la responsabilidad fiscal.

El aumento de la deuda también plantea preguntas sobre la equidad intergeneracional. Mientras que la generación actual de pensionistas se beneficia de un sistema de pensiones relativamente generoso, las generaciones futuras podrían enfrentar recortes en los beneficios o aumentos en las contribuciones necesarias para sostener el sistema. Este desafío destaca la importancia de diseñar reformas que sean sostenibles y equitativas para todas las generaciones.

Reclamaciones por la plusvalía municipal ascienden a 750 millones de euros

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Los inspectores de Hacienda local han emitido una alerta sobre el creciente volumen de reclamaciones relacionadas con la plusvalía municipal, que ya alcanzan los 750 millones de euros. Esta cifra refleja la magnitud de los litigios generados por este impuesto y pone de manifiesto la necesidad de una reforma profunda y urgente en el sistema fiscal municipal.

Creciente conflicto fiscal y necesidad de reforma

La plusvalía municipal, un impuesto que grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, ha sido objeto de controversia y litigios desde hace años. Los contribuyentes han argumentado que, en muchos casos, se les exige pagar este impuesto incluso cuando no ha habido un verdadero incremento en el valor del terreno, especialmente en un contexto de crisis inmobiliaria. Este problema se ha visto agravado por sentencias judiciales que han cuestionado la constitucionalidad y la forma de cálculo del impuesto.

El presidente de la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL), Javier García, explicó que «la situación es insostenible. Los ayuntamientos están siendo desbordados por las reclamaciones y los recursos, lo que genera una enorme incertidumbre tanto para las administraciones como para los contribuyentes». García subrayó la necesidad de una reforma integral que aborde las deficiencias del sistema actual y proponga un modelo más justo y equitativo.

La problemática de la plusvalía municipal se ha intensificado con las resoluciones judiciales que han anulado liquidaciones del impuesto en casos donde no se ha demostrado un incremento real del valor del terreno. Estas decisiones han llevado a muchos contribuyentes a presentar reclamaciones para recuperar las cantidades pagadas indebidamente, incrementando aún más la carga sobre los ayuntamientos y los tribunales.

Impacto económico y soluciones propuestas

El impacto económico de las reclamaciones por la plusvalía municipal es significativo. Los 750 millones de euros en litigios representan una presión considerable sobre los presupuestos municipales, que dependen en gran medida de los ingresos generados por este impuesto. Esta situación ha llevado a algunos ayuntamientos a revisar sus políticas fiscales y a buscar soluciones para mitigar el impacto financiero.

Una de las propuestas más discutidas es la modificación del sistema de cálculo de la plusvalía municipal. Actualmente, el impuesto se calcula en función del valor catastral del terreno y del tiempo de posesión, lo que no siempre refleja el verdadero incremento de valor experimentado. La ANIHPL ha sugerido un sistema basado en el valor real de mercado, que sería más preciso y justo para los contribuyentes. «Necesitamos un método de cálculo que refleje fielmente la realidad económica de las transacciones inmobiliarias», afirmó García.

Otra solución propuesta es la implementación de mecanismos de revisión y compensación más eficientes. Esto incluiría la creación de un fondo de compensación para los ayuntamientos que se vean obligados a devolver grandes sumas de dinero debido a reclamaciones exitosas. Este fondo ayudaría a estabilizar las finanzas municipales y a garantizar que los servicios públicos no se vean afectados por la devolución de los impuestos.

El gobierno central también ha intervenido en el debate, considerando posibles reformas legislativas para resolver el conflicto de la plusvalía municipal. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que «es imperativo encontrar una solución que brinde seguridad jurídica tanto a los ayuntamientos como a los contribuyentes». Montero ha indicado que se están estudiando varias opciones, incluida la posibilidad de una revisión completa del impuesto o su sustitución por otro tipo de tributo más equitativo.

Repercusiones legales y administrativas

El volumen de litigios relacionados con la plusvalía municipal ha tenido repercusiones significativas en el ámbito legal y administrativo. Los tribunales se encuentran saturados con casos pendientes de resolución, lo que retrasa la impartición de justicia y aumenta los costos procesales tanto para los contribuyentes como para las administraciones locales. Esta situación ha generado un ambiente de incertidumbre y desconfianza en el sistema fiscal municipal.

Los ayuntamientos, por su parte, han tenido que destinar recursos adicionales para gestionar las reclamaciones y defenderse en los tribunales. Muchos han contratado servicios jurídicos externos y han reforzado sus departamentos de recaudación para hacer frente a la avalancha de litigios. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para resolver el problema de fondo y solo han aliviado parcialmente la carga administrativa.

Para los contribuyentes, el proceso de reclamación puede ser largo y complejo. Muchos se enfrentan a obstáculos burocráticos y a la falta de información clara sobre sus derechos y procedimientos. Las asociaciones de consumidores han abogado por una mayor transparencia y accesibilidad en el proceso de reclamación, así como por la simplificación de los trámites administrativos.

La antigua sede de McKinsey se convertirá en residencial de lujo

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• La inversión prevista para el desarrollo del proyecto es de unos 100 millones de euros.

• El proyecto, que contará con la certificación BREEAM®, iniciará las obras el próximo año y ofrecerá residencias únicas en el corazón de Chamberí.

Impar Capital, grupo inmobiliario especializado en la inversión, promoción y desarrollo de propiedades de lujo, ha adquirido el edificio ubicado en la Calle Sagasta 31-33 de Madrid, hasta ahora propiedad de la SOCIMI Colonial y antigua sede de la consultora McKinsey. Este proyecto, que contará con una inversión total aproximada de 100.000.000€, y será financiado por Abanca, continúa consolidando a Impar Capital como una de las compañías de referencia en el mercado residencial de lujo de la capital.

Las obras de rehabilitación integral, que comenzarán dentro de un año y se extenderán por aproximadamente dos años y medio, convertirán este activo en un ejemplo de excelencia arquitectónica y sostenibilidad. Impar Capital prentende desarrollar el que será uno de los proyectos más emblemáticos de Madrid.

Edificio emblemático de la capital

Con una superficie catastral combinada de 10.932,00 m², este edificio histórico, diseñado originalmente por el renombrado arquitecto Luis de Landecho, constituye una pieza significativa del patrimonio arquitectónico de Madrid. Landecho, conocido por su estilo ecléctico y su habilidad para integrar elementos clásicos con innovaciones de su época, ha dejado una marca imborrable en la historia de la ciudad.

Esta maravillosa casa palacio forma parte del extenso catálogo de edificios madrileños proyectados por el arquitecto, incluyendo el Hotel Ritz, el Ateneo de Madrid, el Palacio de la Cuesta de la Vega y la Casa de Salud y Escuela de Matronas de Santa Cristina. El edificio impone con sus tres torreones y sus fachadas que dan a tres calles: Sagasta, Covarrubias y la Plaza de Alonso Martínez, contando con más de 80 balcones. Se distribuye en cinco plantas y tres sótanos, e incluye un parking con más de 97 plazas, añadido en el siglo XX.

Revitalización patrimonial y residencial de lujo

La remodelación de este edificio por parte de Impar Capital no solo respetará este valioso legado, sino que también lo revitalizará, adaptando sus estructuras a las necesidades y expectativas del mercado residencial de lujo moderno.

La empresa ha detallado que cada aspecto del proyecto será minuciosamente planificado para garantizar la conservación y la integración armoniosa de los elementos históricos con las nuevas incorporaciones. Esta renovación permitirá a los futuros residentes disfrutar de un entorno que fusiona el diseño clásico con las calidades y servicios más exigentes.

Roberto Perri, CEO de Impar Capital comenta que “Hemos sido uno de los pioneros en el mercado de lujo en Madrid. Hace año y medio trazamos unos objetivos y vamos superando esa senda de cumplimiento. Ahora con esta última compra de Sagasta 31-33 hemos puesto el acelerador en el sector del lujo. Actualmente tenemos tres verticales de inversión: residencial lujo, apartamentos turísticos y residencias de estudiantes.,”.

Por su parte, Carmen Panadero, Managing Director de Impar Capital, añadió: “Este edificio se convierte en nuestro activo estrella dentro del sector de residencias de lujo, estableciendo un nuevo hito en el mercado de alta gama de la capital. Este proyecto refleja nuestro compromiso integral con la sostenibilidad y, por ello, obtendrá la certificación BREEAM® como activo sostenible. Creemos firmemente que este tipo de intervenciones son esenciales para preservar el patrimonio histórico de nuestras ciudades y promover su sostenibilidad global.”

Los contratistas reclaman un cambio en la licitación pública

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Los contratistas reclaman un cambio en la licitación pública

El V Simposio sobre Buenas Prácticas en la Contratación Pública concluye en Valencia con un manifiesto que recoge diez medidas urgentes a adoptar por las distintas administraciones
• La quinta edición de este encuentro se ha centrado en la mejora de los pliegos de licitación


El sector contratista de la Administración, reunido ayer en Valencia con motivo de la celebración del V Simposio Nacional sobre Buenas Prácticas en la Contratación Pública, ha consensuado un manifiesto de diez puntos básicos en el que solicita a las distintas administraciones la mejora del actual sistema de licitación pública.

En las conclusiones del encuentro, el presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas del Conocimiento e Ingeniería de España (CIES), Ignacio Sánchez de Mora, dio a conocer las principales reivindicaciones del sector, formado mayoritariamente por ingenierías, constructoras y empresas de arquitectura que trabajan codo a codo con las administraciones en la proyección y ejecución de todo tipo de proyectos. «En los servicios intelectuales, y en general en el sector de la construcción -explicó Sánchez de Mora- nos topamos a diario con numerosas deficiencias. Los procedimientos son lentísimos, los precios de salida muy bajos, los importes de adjudicación todavía más bajos debido a que las fórmulas de valoración económica fuerzan muchas veces ofertas muy agresivas. Una parte importante de las obras y proyectos van directamente a encargos a medios propios de la Administración o empresas públicas, constituyendo en ocasiones un aparato paralelo. Hablamos de entes que reciben encargos directos. De esta forma el mercado se hace más pequeño, y en último término es el ciudadano el que sale perdiendo».

Sánchez anunció un doble compromiso ante los asistentes; la publicación de un Manifiesto que sintetice las propuestas de mejoras para las licitaciones y, a medio plazo, la elaboración de una Guía de Buenas Prácticas para su remisión a las distintas administraciones; Estado, comunidades autónomas y entidades locales.

Según el máximo dirigente de CIES, las mejoras que proponen son concretas y factibles: «Queremos mejorar el bienestar social, el medio ambiente y contribuir con nuestra innovación, estudios y proyectos al desarrollo sostenible de España, pero para ello necesitamos contar con un sistema de contratación y licitación pública más ágil, eficiente y racional. No olvidemos que el objetivo final de las obras y proyectos son los ciudadanos, quienes dan sentido y utilidad a todo lo que proyectamos y construimos».

Una realidad terca

Las deficiencias apuntadas desde el sector contratista son evidentes: «Asistimos con demasiada frecuencia a proyectos cuyo presupuesto inicial se aleja mucho de lo que finalmente le cuesta al erario público la ejecución de tales actuaciones, que en ocasiones conllevan un sobrecoste económico excesivo, o cuya ejecución y puesta en marcha se dilata en el tiempo más allá de lo razonable. Todo ello repercute en el ciudadano».

«Los plazos actuales para desarrollar un proyecto y ejecutar las obras -concluyó- son muchas veces inviables. De la misma forma, en el sector privado los plazos para obtener licencias, autorizaciones o permisos conllevan que en ocasiones no sea rentable la inversión. Para proyectar bien hace falta tiempo, dinero y recursos. Todo esto es lo que queremos cambiar».

Primera vez en Valencia

La primera vez que recala en Valencia, el simposio ha puesto especial énfasis en los criterios de adjudicación utilizados por las diferentes administraciones públicas a la hora de resolver los concursos, toda vez que las ediciones anteriores del encuentro han centrado su interés en aspectos como la revisión de precios (Sevilla), los encargos a medios propios de la Administración (Málaga), las concesiones a través de los fondos Next Generation (Madrid) y los honorarios de licitación (precios base), este último celebrado en Santiago de Compostela.

La presentación de la jornada corrió a cargo de José Vicente Dómine, secretario autonómico de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, José Luis Santa Isabel, presidente de la Federación de Empresas de la Comunitat Valenciana Contratistas de Obras de la Administración (FECOVAL), e Ignacio Sánchez de Mora, presidente de CIES.

A lo largo de seis ponencias y tres mesas redondas, los asistentes abordaron la problemática existente desde todos los puntos de vista posibles, y analizaron aspectos como los servicios intelectuales de valor añadido que recoge la Ley de Contratos del Sector Público, las licitaciones de ejecución de obra y servicios técnicos, los medios propios de la Administración y la redacción de pliegos, entre otras muchos. Todo el sector quiso estar presente en la cita, como demuestra los más de 300 ingenieros, arquitectos, constructores, técnicos de la Administración, expertos jurídicos, interventores y especialistas de la construcción que se congregaron en las instalaciones de la UPV para debatir sobre estas cuestiones.

El encuentro ha sido organizado por CIES, FECOVAL, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante, junto con la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UPV. Entre las entidades que han colaborado figuran el Ministerio de Transportes, la Generalitat Valenciana, Avinco, la UPV, diversas cátedras universitarias empresariales del ámbito de la ingeniería y la construcción, constructoras, ingenierías, así como la Confederación Nacional de la Construcción, SdP estudio legal o el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros, de la Administración Local, entre otras muchas.

Suspensión de desahucios de hipotecados vulnerables hasta 2028

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El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad el decreto ley que prorroga hasta 2028 la suspensión de desahucios hipotecarios de viviendas habituales para familias en situación de especial vulnerabilidad. Esta medida, destinada a ofrecer una protección crucial en un contexto económico incierto, ha suscitado tanto apoyo como críticas en el ámbito político y social.

Medida necesaria en tiempos de incertidumbre

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido la prórroga de la suspensión de desahucios como una acción imprescindible para proteger a las familias más afectadas por la crisis económica y la volatilidad de los tipos de interés. «Nos encontramos en un escenario de incertidumbre sobre los tipos de interés, que pueden encarecer el precio de las hipotecas y poner en riesgo la estabilidad de muchas familias», explicó Rodríguez durante el debate en el Congreso.

La medida está diseñada para amparar a aquellas familias que, debido a circunstancias económicas adversas, no pueden hacer frente a sus pagos hipotecarios. Sin embargo, tanto el Partido Popular como Vox han expresado preocupaciones sobre las posibles consecuencias a largo plazo de esta ley. Carlos Hernández Quero, portavoz de Vivienda de Vox, calificó la medida como «pura procrastinación política y un parche» que podría tener efectos dolorosos para las clases populares. Por su parte, Joan Mesquida, portavoz del PP, criticó la Ley de Vivienda y pidió una ley antiokupación que permita desalojar a los okupas en un plazo de 24 horas.

A pesar de estas críticas, la ley fue aprobada con el voto unánime de todos los partidos, reconociendo la urgencia de proteger a las familias vulnerables mientras se buscan soluciones más sostenibles a largo plazo para el problema de la vivienda en España.

El fenómeno de la inquiokupación y sus repercusiones

La suspensión de los desahucios hipotecarios no es la única medida polémica relacionada con la vivienda. El Gobierno también ha prorrogado la prohibición de desahucios en el mercado del alquiler hasta diciembre de 2024, una medida que, según algunos críticos, ha contribuido a la proliferación de la inquiokupación. Este término se refiere a los inquilinos que dejan de pagar el alquiler y se niegan a abandonar la vivienda, aprovechando las lagunas legales y los mecanismos de protección destinados a personas en situación de vulnerabilidad.

El «escudo social» implementado en 2020 para mitigar los efectos de la crisis del coronavirus incluyó estas medidas de suspensión de desahucios, tanto para hipotecados como para inquilinos. Aunque la pandemia ya se considera controlada, el Gobierno ha mantenido estas protecciones, argumentando que la crisis económica sigue afectando a muchas familias. Sin embargo, propietarios y asociaciones denuncian que la extensión de estas medidas ha llevado a abusos y situaciones de injusticia, donde el Estado parece obligar a los propietarios a soportar el peso de la protección social sin ofrecer soluciones habitacionales alternativas para los ocupantes ilegales.

Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, explica que los informes de vulnerabilidad que permiten a los okupas evitar el desahucio son a menudo superficiales debido a la falta de recursos de los servicios sociales. «Apenas se comprueba nada, ya que los servicios sociales no tienen recursos para hacer un buen estudio», afirmó Bravo. Esta situación ha llevado a que muchos propietarios denuncien sentirse desprotegidos y utilizados como una especie de «escudo social» por parte del Estado.

La controversia en torno a la inquiokupación ha resaltado la necesidad de equilibrar la protección de los inquilinos vulnerables con los derechos de los propietarios. Aunque la intención de proteger a quienes realmente necesitan ayuda es legítima, la implementación de estas medidas ha generado fricciones y desafíos que requieren atención urgente y soluciones más equilibradas.

La búsqueda de un equilibrio en la política de vivienda

La aprobación de la prórroga de la suspensión de desahucios hasta 2028 y la discusión sobre la inquiokupación reflejan la complejidad del problema de la vivienda en España. Las políticas actuales buscan proteger a las familias vulnerables y estabilizar el mercado inmobiliario en tiempos de crisis económica, pero también deben considerar los derechos de los propietarios y las implicaciones a largo plazo para el mercado de la vivienda.

El portavoz del PP, Joan Mesquida, ha insistido en la necesidad de una ley antiokupación que permita desalojar rápidamente a los ocupantes ilegales, argumentando que esto podría restaurar la confianza en el mercado y proteger los derechos de los propietarios. Al mismo tiempo, ha llamado a una revisión integral de la Ley de Vivienda para abordar de manera más efectiva los problemas estructurales del sector.

La ministra Isabel Rodríguez, en su defensa de la prórroga, ha señalado que el Gobierno está comprometido con encontrar soluciones a largo plazo que no solo protejan a las familias vulnerables, sino que también fomenten la creación de viviendas accesibles y asequibles. Esto incluye la promoción de viviendas sociales, incentivos para la construcción de nuevas viviendas y programas de apoyo financiero para familias en dificultades.

El desafío para el gobierno y el Congreso será encontrar un equilibrio entre proteger a los vulnerables y mantener un mercado inmobiliario saludable y justo. Con una combinación de políticas de protección social, incentivos económicos y reformas legales, España puede avanzar hacia una solución más sostenible y equitativa para todos los actores involucrados en el sector de la vivienda.

El turismo debe ser una fuente de oportunidades y no una carga para los ciudadanos

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El turismo debe ser una fuente de oportunidades y no una carga para los ciudadanos

El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado una nueva estrategia para promover un desarrollo turístico equilibrado, estacional y geográficamente sostenible, respetando a la vez a los residentes de la ciudad. Esta iniciativa busca diversificar las áreas de atracción turística y gestionar el flujo de visitantes de manera que se minimicen los impactos negativos en las comunidades locales y se maximicen los beneficios económicos y sociales del turismo.

Estrategias para una gestión turística sostenible

La estrategia del Ayuntamiento de Madrid se centra en tres pilares fundamentales: la desconcentración geográfica del turismo, la gestión estacional de los flujos turísticos y la sostenibilidad ambiental y social. La desconcentración geográfica pretende distribuir el turismo de manera más equitativa por toda la ciudad, evitando la sobrecarga en zonas tradicionalmente saturadas como el centro histórico. Para lograr esto, se promoverán nuevos puntos de interés en barrios menos visitados, fomentando la creación de rutas y actividades que atraigan a los turistas a estas áreas.

El delegado del Área de Economía, Innovación y Empleo, Miguel Ángel Redondo, destacó la importancia de esta iniciativa durante la presentación del plan. «Queremos que Madrid siga siendo un destino atractivo, pero también queremos que sea una ciudad donde los residentes puedan disfrutar de una buena calidad de vida. Esta estrategia busca encontrar un equilibrio entre el desarrollo turístico y el bienestar de nuestros ciudadanos», afirmó Redondo. Para ello, se están desarrollando campañas de promoción turística que ponen en valor los atractivos culturales, gastronómicos y naturales de distritos menos conocidos.

La gestión estacional de los flujos turísticos es otro componente clave de la estrategia. El objetivo es distribuir las visitas de manera más uniforme a lo largo del año, evitando picos de saturación en temporadas altas. Esto no solo ayudará a aliviar la presión sobre las infraestructuras y servicios durante los meses más concurridos, sino que también contribuirá a una experiencia turística más agradable y a un uso más eficiente de los recursos. El Ayuntamiento planea implementar incentivos y promociones especiales para atraer visitantes durante la temporada baja, así como eventos culturales y deportivos que diversifiquen la oferta turística a lo largo del año.

Beneficios para la comunidad y el medio ambiente

La sostenibilidad ambiental y social es un pilar central en la estrategia de desarrollo turístico de Madrid. El Ayuntamiento se ha comprometido a implementar prácticas sostenibles en todas las áreas del turismo, desde la gestión de residuos hasta el consumo de energía y agua en establecimientos turísticos. Además, se promoverá el uso de transporte público y modos de movilidad sostenible, como bicicletas y vehículos eléctricos, para reducir la huella de carbono del turismo.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, enfatizó la necesidad de integrar a la comunidad local en el desarrollo turístico de la ciudad. «El turismo debe ser una fuente de oportunidades y no una carga para los ciudadanos. Queremos que los madrileños se beneficien directamente del turismo, ya sea a través de la creación de empleo, el apoyo a los negocios locales o la mejora de las infraestructuras urbanas», señaló Martínez-Almeida. En este sentido, el Ayuntamiento está trabajando en colaboración con asociaciones de vecinos, comerciantes y otras partes interesadas para asegurarse de que las iniciativas turísticas respondan a las necesidades y preocupaciones de la comunidad.

El enfoque sostenible también incluye la protección y valorización del patrimonio cultural y natural de Madrid. Se están desarrollando programas de conservación y mantenimiento de monumentos históricos, parques y jardines, y se promoverán actividades turísticas que respeten y realcen estos activos. Además, se fomentará el turismo responsable, educando a los visitantes sobre la importancia de respetar el entorno y las normas locales, y promoviendo comportamientos sostenibles.

Esta estrategia no solo busca atraer a más turistas, sino también mejorar la calidad de la experiencia tanto para los visitantes como para los residentes. Al diversificar la oferta turística y fomentar prácticas sostenibles, Madrid aspira a convertirse en un modelo de ciudad que equilibra el desarrollo económico con la calidad de vida y la protección del medio ambiente. La participación activa de la comunidad y la colaboración con el sector privado son elementos esenciales para el éxito de esta iniciativa, que se espera tenga un impacto positivo a largo plazo en la sostenibilidad y la resiliencia de la ciudad.

Mano de obra y la formación retrasan la IA en la edificación

Redacción
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Mano de obra y la formación retrasan la IA en la edificación

El Colegio de Aparejadores de Madrid, el CGATE, la Cátedra Arpada de la UPM y la Plataforma Tecnológica de la Edificación celebran la jornada Aplicación de la Inteligencia Artificial en el Sector de la Edificación.

El uso de la IA en construcción agilizará los procesos, ahorrará costes y pondrá en valor la creatividad de los trabajadores.

La Inteligencia Artificial (IA) ya es una realidad presente de manera constante en nuestro día a día. Las búsquedas en internet, la selección de contenidos y preferencias en las redes sociales, la programación de la climatización en nuestro hogar.

Una tecnología que hemos abrazado y adoptado de manera casi natural y que ahora, con herramientas como chat GPT, da un salto exponencial al plantear un diálogo directo entre el usuario y la máquina. “Y es cuando nos surgen las dudas y los miedos. Sin embargo, debemos ver esta tecnología como lo que es: una herramienta; un becario hipermotivado que nos va a ayudar en todo”, afirmaba Arístides Serna, director de Innovation & Entrepreneurship en UPM Technology Innovation Center.

El pasado 5 de junio, tuvo lugar la jornada sobre la Aplicación de la Inteligencia Artificial en el Sector de la Edificación organizada por la Plataforma Tecnológica de la Edificación, junto a la Cátedra Arpada de la UPM, el Colegio de Aparejadores de Madrid (COAATIEM) y el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), en la que expertos en IA y profesionales del sector compartieron sus experiencias y puntos de vista sobre el aterrizaje de esta tecnología en la edificación.

“Vivimos días extraordinarios en el sector de la edificación. Los indicadores muestran una alta actividad y casi el pleno empleo, y, sin embargo, esta situación nos puede llevar al colapso”, afirmaba Jesús Paños, presidente del Colegio de Aparejadores de Madrid. “Necesitamos incorporar las nuevas tecnologías a nuestro sector y entender que la IA es una herramienta de valor, no el enemigo”.

Coincidiendo con él, el director de la Cátedra Arpada de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) destacaba el impulso de la IA “como motor de cambio, que nos ayude a alcanzar un sector más eficiente y sostenible”.

También el presidente del CGATE, Alfredo Sanz, coincidía en la necesidad de avanzar, “empleando las mejores herramientas disponibles”, aunque poniendo en valor “el factor humano. Lo que pongamos al servicio de la sociedad sea siempre a favor de las personas”.

La jornada, que contó con grandes expertos del sector, se dividió en dos mesas redondas. La primera, Desmitificando la inteligencia artificial, fue conducida por Ignacio Sordo Sierpe, director General de Análisis Estratégico en Grupo Arpada, y en ella participaron Víctor Rodríguez-Fernández, profesor de la Escuela T.S. de Informática de la UPM; Carlos Álvarez Ramallo, socio director de CMA Tech & Santa Clara Properties; Miguel Chavarrías Lapastora, profesor de la Escuela T.S. de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación, UPM; y Arístides Senra Díaz, Director, Innovation & Entrepreneurship, UPM Technology Innovation Center, repasaron los principales hitos relacionado con la IA, además de analizar las perspectivas y oportunidades que esta herramienta ofrece al sector de la construcción en el medio-largo plazo.

“La inteligencia artificial será una importante herramienta, pero tan solo eso. Hay que poner en valor la creatividad (eso no te lo da la IA). Las herramientas generativas lo que realmente hacen bien es producir”, apuntaba Víctor Rodríguez. “Y trabajar para conseguir una mejor y mayor formación de los profesionales del sector”, afirmaba Carlos Álvarez.
“No debemos olvidar la importancia que tiene regular correctamente el empleo de la IA”, concluía Miguel Chavarrías.

La segunda de las mesas redondas, de carácter más sectorial, llevó por título Aterrizando la Inteligencia Artificial en el sector de la construcción. Miguel Pinto, coordinador de la Plataforma Tecnológica de la Edificación y director gerente del Clúster de la Edificación, moderó este intercambio en el que participaron José Antonio Tenorio Ríos, investigador del Instituto Eduardo Torroja (IETcc-CSIC), Salvador Serrano Salazar, CTO de Nidus Lab, Julián Domínguez Huertas, de CIP arquitectos y Mario Sanz López, del Hub Tecnológico Aparejadores.

En esta ocasión, el debate se centró en las aplicaciones prácticas de la IA en edificación, sobre todo en el sector de la construcción industrializada, donde se lograría una mayor optimización de los procesos, evitando errores y reduciendo costes.

“Las herramientas generativas son una excelente ayuda, sobre todo en las fases tempranas del proyecto. Nos permiten introducir variables y sobre los resultados, elegir la mejor opción para nuestro proyecto”, afirmaba Julián Domínguez.

Además, los expertos coincidían al señalar que el empleo de IA también ayuda a mejorar el rendimiento en la producción y el proyecto. “Los automatismos con herramientas generativas permiten ahorrar tiempo en fábrica y esto redunda en positivo en la cuenta de resultados”, señalaba Salvador Serrano.

Sin embargo, el empleo de este tipo de herramientas también puede tener un impacto negativo, dando lugar a un sector con dos velocidades. “La falta de mano de obra cualificada y la lenta implantación de la digitalización en algunas empresas puede dar lugar a importantes diferencias en el futuro”, se lamentaba Mario Sanz, destacando la importancia de la formación y la digitalización del sector.

Preguntados por la evolución e implantación de esta tecnología en el sector, los ponentes mostraron sus dudas sobre un empleo generalizado de la IA en el corto plazo. “En cinco años quizás podamos hablar de entre un 5% y un 10% de implantación en las empresas. Va a ser necesario cambiar todo el proceso de producción”, concluía Julián Domínguez.

Hitcrowd llega a España con el objetivo de crear una comunidad de inversores

Redacción
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• La empresa pretende democratizar el acceso a las inversiones
inmobiliarias de calidad, y ofrecer oportunidades de inversión en proyectos de ámbito internacional

Hitcrowd, la plataforma que quiere revolucionar el sector inmobiliario acaba de anunciar su lanzamiento en España. La firma nace con el objetivo de crear una comunidad de inversores y generar nuevas oportunidades en un mercado muy competitivo.

La plataforma tiene dos misiones principales. La primera, es la de democratizar el acceso a las inversiones inmobiliarias de calidad. Su modelo de negocio permite invertir a partir de 10.000 €, en un abanico con diferentes estrategias, como son el rent to rent, la copropiedad, y la participación en proyectos hoteleros o turísticos.

Su segunda meta es dar acceso a proyectos de ámbito internacional. “Es posible invertir en cualquier país en los que tengamos proyectos independientemente del lugar en el que se resida”, explica Isidor Villar CEO de Hitcrowd. Además la plataforma ofrece una garantía de rentabilidad mínima del 8% anual.

La marca cuenta ya con varios proyectos en marcha, entre los que se encuentran apartamentos en la Gran Vía de Madrid, un camping de lujo en la Costa da Morte, varios hostel cápsula en Málaga y un hotel en Carballo.

El proyecto de Madrid consistirá en un complejo de 18 unidades para explotación turística, con unidades máster suite y unidades apartamento, ubicadas en las cercanías de la Plaza España. El de Costa da Morte será un camping de lujo con restaurante, supermercado, zona de ocio y piscina.

Málaga brindará una oportunidad de inversión para adquirir en propiedad una habitación cápsula propia, que será operada en hostels en zonas estratégicas de la ciudad, como son Vialia y Martiricos. Por último, el hotel de Carballo es un proyecto en desarrollo en la zona industrial de la ciudad.

Isidro Villar explica que la plataforma viene para cambiar las reglas del mundo inmobiliario. “Queremos convertirnos en un referente del sector, y construir una base sólida para asentarse en 2025 como la mejor opción del mercado en inversión inmobiliaria con alta rentabilidad”.

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