Cuántas veces vamos por el campo y, debido a las condiciones en que se encuentran los caminos, nos vemos obligados a dar grandes rodeos para ir de un sitio a otro, tardando más de lo necesario.
En Andalucía, y aprovechando las ayudas provenientes del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feder), han creído conveniente proseguir con la labor que vienen desarrollando desde hace años para, a través de la mejora de los caminos, facilitar la conexión entre núcleos dispersos de población, de al menos dos municipios distintos, o bien dos núcleos de población de más de 1.000 habitantes dentro de un mismo término municipal.
Ahora serán casi 27 millones los que se destinarán a este fin, que se sumarán a los cerca de 145 ya invertidos con anterioridad en lo que va de décadas para adecentar 2.000 kilómetros de caminos rurales en más de 750 municipios andaluces. Europa aporta el 75% de la inversión y el 25% corre por cuenta de las administraciones autonómica y central.
El 80% del presupuesto previsto se destinará al arreglo de caminos con firmes flexibles (asfaltados) y el 20% restante a las vías con otro tipo de superficie. En ambos casos, los objetivos prioritarios son reducir el tiempo y los costes de acceso a los mercados agrarios; potenciar el desarrollo rural a través de una mejor conexión entre núcleos de población y centros de producción; reducir la vulnerabilidad de los caminos a la climatología adversa, y dar cobertura a la mejora de infraestructuras no incluidas en ayudas anteriores.
Entre los requisitos técnicos para la selección de los proyectos, destacan una longitud mínima de dos kilómetros, una anchura de tres metros y un espesor de material (zahorra) de al menos 25 centímetros con posibilidad de aplicación de asfaltado, así como la obligación de firmes rígidos para pendientes superiores al 12%.
En tramos en los que no sea posible disponer de medidas de desagüe adecuadas, el firme tendrá unas características que permitan la circulación y evacuación de aguas. En el proceso de selección también se han tenido en cuenta criterios de prioridad relativos al número de explotaciones agrarias beneficiadas y de núcleos de población conectados, la longitud total de la infraestructura y la renta agraria de la provincia donde se desarrollan las obras.
De acuerdo con el nuevo plan, las obras deber ofrecer garantías de perdurabilidad e incluir por parte de los titulares de las infraestructuras un compromiso de mantenimiento durante un mínimo de cinco años. El plazo de ejecución no podrá exceder de dos meses.
