El Gobierno de Cataluña ha aprobado la memoria preliminar del anteproyecto de ley para crear un impuesto sobre los pisos vacíos. Esta iniciativa tiene por finalidad estimular las entidades financieras propietarias de una importante bolsa de pisos para que los pongan en alquiler, una medida "ampliamente reivindicada por la sociedad y por el mundo local", según ha destacado el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno.
Se calcula que el impuesto afectará como mínimo 15.000 pisos en manos de entidades financieras en los 70 municipios con una mayor demanda de vivienda y se estima que tributará una media anual de entre 850 y 1.650 euros por vivienda vacía, unos 13 millones de euros anuales que se destinarán a políticas de vivienda consensuadas con el mundo local.
La cuota del impuesto se establecerá según la superficie construida de las viviendas vacías: Hasta 10.000 metros cuadrados de viviendas vacías, el impuesto oscilará entre 3 y 6 euros/metro cuadrado; entre 10.000 y 50.000 metros cuadrados de viviendas vacías, entre 7 y 10 euros/metro cuadrado y a partir de los 50.000 metros cuadrados de viviendas vacías, entre 11 y 20 euros/metro cuadrado.
Vila ha asegurado que el impuesto no tiene una voluntad recaudatoria sino que busca "estimular un parque de viviendas que ahora tenemos injustificadamente inmovilizado". Así, el anteproyecto prevé un conjunto de bonificaciones, que van del 10% al 75 % de la cuota en función de cuántos pisos vaya poniendo en alquiler el titular, bien directamente o bien cediendo a bolsas de mediación para el alquiler social a las administraciones o las entidades sociales.
El Anteproyecto de ley prevé aplicar el impuesto en el caso de viviendas desocupadas durante más de dos años sin causa justificada. El consejero Vila ha querido hacer notar que quedarán "exentos" del tributo las personas físicas, las administraciones públicas y las entidades del tercer sector de la red de inclusión social. Se prevé que el anteproyecto de Ley comience su trámite parlamentario a principios de verano para que el impuesto se pueda empezar a aplicar a lo largo de 2015.
El impulso al establecimiento de este impuesto se desprende de la Ley del derecho a la vivienda, que prevé una serie de medidas para que las viviendas desocupadas injustificadamente, en ámbitos de acreditada demanda, se incorporen al mercado por medio, si procede, de la intervención de las administraciones. Por otra parte, la regulación de este impuesto complementará las diversas medidas que se incluirán en el Plan para el derecho a la vivienda, cuya tramitación está a punto de finalizar.
Aparte de esta actividad normativa, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, mediante la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC), ha impulsado diversas medidas para incentivar la salida de pisos vacíos al mercado de alquiler a precios asequibles. Así, el año pasado firmó un convenio con CatalunyaCaixa para la cesión de 400 pisos destinados a su programa de mediación para el alquiler social. Recientemente se ha alcanzado un acuerdo similar con Bankia, por 230 pisos más, y próximamente se firmará la cesión de 600 viviendas por parte de la Sareb.
Valoraciones del Consejero Delegado de Lloguer Segur
Lloguer Segur considera que las medidas anunciadas por el Conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, "finalmente no resultarán muy eficaces y no conseguirán sacar los pisos en stock al mercado de alquiler", subrayó Sergi Gargallo, Consejero Delegado de la empresa.
"El problema central es que la mayor parte del stocks inmobiliario de los bancos no sirve para alquilar, porque no están adecuados para su comercialización”, afirmó esta mañana. "Aunque de entrada la medida no tiene un afán recaudatorio, sus consecuencias en el mercado podrían serlo", señaló Gargallo.
El Govern afirma que en Cataluña existen unas 40.000 viviendas vacías en manos de entidades financieras, para el Consejero Delegado de Lloguer Segur “una excesiva entrada de oferta a determinados mercados locales puede provocar el hundimiento de los precios, y por lo tanto, obligar a la banca a sacar todo este stock en alquiler, podría ser una forma de desincentivar el mercado”
Según Gargallo, el motivo por el que este tipo de pisos no se han vendido o alquilado, es precisamente por el coste de adecuación para su comercialización, “En muchos casos estos inmuebles no presentan condiciones de habitabilidad dignas y deben ser adecuados para poder ponerse en alquiler, por muy nuevas que sean las promociones. El coste de adecuación puede ser mucho más alto que las tasas de penalización anunciadas por el Govern”
“Los bancos son propietarios forzosos sin vocación de arrendadores, y gran parte de su stock inmobiliario no sirve para alquilar, pues se encuentran en tercera línea de golf o en zonas sin servicios, con escaso interés y demanda” apunta el Consejero Delegado de Lloguer Segur.
Soluciones para incentivar el alquiler
Frente a estas medidas, Lloguer Segur propone una mayor seguridad jurídica, con más juzgados, más medios e implantación de juicios rápidos para combatir la morosidad que afecta al sector: "si se consiguen mayores garantías jurídicas para propietarios e inquilinos, éstos al sentirse protegidos, entrarán voluntariamente en el mercado y será su propio beneficio el que les incentive, como en cualquier otro ámbito económico", señalo Sergi Gargallo. Además es necesario incentivos fiscales, vía IRPF, para potenciar el alquiler.
