Madrid. El Memorando firmado por el Gobierno español el pasado mes de julio ya lo dejaba más o menos claro, pero hoy se han conocido los detalles del rescate. Ya saben a qué atenerse las cajas españolas intervenidas. Recibirán 37.000 millones, sí, pero a costa de convertirse en lo que eran en un principio, meras gestoras de cartillas de ahorro de los impositores y ofrecer crédito limitado para actividades próximas a su radio de influencia.
Se acabaron esas grandes financiaciones a ayuntamientos, comunidades autónomas, empresas públicas y privadas, y todo lo que se pusiera a tiro, en aras a satisfacer a los consejeros dependientes de partidos políticos y sindicatos.
La Comisión Europea, pues, ha cortado por lo sano, y a cambio de otorgar esa ayuda pública, a través del FROB, representativa de casi el 4% del PIB, obligará a estas entidades a cambiar el esquema futuro de su actividad de manera radical.
Se trata de llegar a un objetivo, que en 2017 Bankia, Novagalicia y Catalunya Banc –Banco de Valencia ya queda fuera tras ser adquirido por CaixaBank– hayan reducido en un 60% su volumen de activos.
¿Cómo? Para empezar, reducir a la mitad el número de oficinas y de la plantilla. Olvidarse de dar crédito a los promotores inmobiliarios y vender sus participaciones industriales para destinar lo obtenido a rebajar la factura pública. Se trata de que la relación entre el dinero que tienen concedido en préstamos y sus depósitos sea del 100%, con excepción de Novagalicia, que se quedará cerca. Así se reduciría la dependencia de la financiación mayorista y del BCE.
Luego está el tema del traspaso de activos a Sareb, la sociedad gestora creada por el FROB. Desde Bruselas se cuantifica en 45.000 los millones de euros a traspasar, con un descuento medio del 63% para los activos adjudicados, que son los inmuebles que las entidades han canjeado a los constructores e inmobiliarias a cambio de sus créditos impagados; y de entre el 46% y el 54% para los préstamos a promotores.
Por último, el tema de las participaciones preferentes y otros títulos de deuda subordinada de las entidades nacionalizadas. Para su liquidación, se calculará el valor actual de esos títulos sobre la que se aplicará una quita parcial y, finalmente, se hará el canje de acciones o títulos equivalentes de las entidades afectadas.
