martes, 1 julio 2025
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Moody’s no se cree las previsiones del Gobierno y rebaja la calificación de la deuda española

Madrid. Nuevo palo que se atraviesa en la maltrecha economía española, ahora que parecían entreverse ciertos atisbos de mejora. Horas antes de que esta tarde el Banco de España haga públicas los nuevos ratios de solvencia de los bancos y cajas de ahorros, y de que la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, emprendiera viaje a Estados Unidos para vender a los inversores las bondades del proceso de reestructuración bancaria que se va a llevar a cabo, llega la agencia de  medición de riesgos Moody’s y rebaja la calificación de la deuda soberana española de Aa1 a Aa2 con perspectiva negativa, lo que abre la posibilidad de que no será la única en el corto plazo.

La agencia viene a decir que no se cree ninguna de las previsiones del Gobierno. A saber, que de los 20.000 millones necesarios para reestructurar el sistema financiero, nada de nada. Que serán necesarios 50.000 millones como mínimo, o por encima incluso de 100.000 millones en la peor de las situaciones, con lo que el Estado español deberá salir de nuevo al mercado para vender deuda soberana con la que obtener suficiente liquidez. Tampoco se cree la agencia que el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero vaya a ser capaz de meter en vereda a las Comunidades Autónomas para que reduzcan el déficit.

En este sentido, Moody’s explica que, aun reconociendo los esfuerzos realizados por el Ejecutivo para reformar las pensiones y el mercado de trabajo, el Gobierno tiene un control limitado sobre las comunidades autónomas, y recuerda que la recuperación de la economía española presenta perspectivas “sólo moderadas” de crecimiento a corto y medio plazo.

La nota recoge que la rebaja en la calificación de la deuda obedece al riesgo de que la recuperación de la economía española no llega a consolidarse, dada su gran vulnerabilidad a las turbulencias del mercado por sus enormes necesidades de financiación, no solo para hacer frente a vencimientos de deuda soberana sino para financiar a las comunidades autónomas y a los bancos.

 

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