Aunque parece que tras la tempestad llega la calma, y en España vuelven a moverse inversiones en el sector de las renovables una vez acometidos los ajustes de la reforma eléctrica, tanto por parte de los bancos -que buscan ‘partners’ para el desarrollo de nuevos proyectos- como de inversores extranjeros, lo cierto es que aquella reforma sigue trayendo cola con esa cascada de demandas interpuestas contra España.
La última, la decimotercera ya, ha sido suscrita por el fondo Cube Infraestructure, promovido por el banco francés Natixis, ha presentado la decimotercera demanda internacional en contra de España ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial.
La denuncia de Cube Infraestructures se presenta de forma conjunta con su socio Demeter y con la sociedad Cube Infraestructure Fund Sicav, y en ella los demandantes estarán representados por el despacho francoestadounidense King and Spalding y por el español Gómez-Acebo y Pombo.
Para poder presentar una demanda en una de estas cortes (la de ayer está en el Ciadi, el organismo de arbitraje del Banco Mundial) la empresa no puede ser española, aunque sí tener intereses en España. Esta es la razón por la que la lluvia de demandas no es tan abultada como debería, teniendo en cuenta que todos los que inviertieron en tecnologías renovables está afectados por el recorte.
Hasta ahora, los demandantes había invertido en plantas solares, pero el borrador que ha circulado en el sector apunta a que será la eólica la tecnología más penalizada. Sin embargo, los propietarios de eólica son en su mayoría empresas españolas, por lo que debería ser algún fondo internacional presente en su capital el que presentara la demanda. Se estima que la inversión internacional de renovables en nuestro país asciende a los 17.000 millones de euros.
Inicialmente, la mayoría de las firmas que habían demandado habían contratado a despachos de abogados internacionales para sus defensas. Sin embargo, en las últimas demandas ya han entado despachos españoles, como Cuatrecasas.
Las demandas contra el Reino de España argumentan que la reforma energética altera de forma súbita y unilateral el marco retributivo, con un perjuicio directo para los inversores. Según las patronales del sector, la reforma mina además la confianza en la seguridad jurídica de la economía española y está provocando la huida de los inversores internacionales, no sólo en el sector energético, sino en otros de potencial atractivo inversor.
