Se esperaba con interés el informe remitido por el Ministerio de Industria al Consejo de estado sobre la Orden Ministerial de parámetros retributivos a las energías renovables, la cogeneración y el tratamiento de residuos, y, como se esperaba, los cambios no afectan, en lo esencial, a lo recogido por la reforma del sistema eléctrico.
Tras analizar el informe, a las empresas fotovoltaicas no les queda duda alguna de que los recortes sobre los ingresos previstos, de en torno al 40% de media para el 30% del parque fotovoltaico instalado, llevará a la insolvencia de las plantas. Ese 30% más afectado no podrá hacer frente al pago que adeuda a los bancos a menos que estos realicen quitas de en torno al 20% de la deuda.
Especialmente grave es el caso de aquellas grandes plantas que cuentan con cientos de pequeños inversores diferentes a los que se les aplican los estándares más duros, que prevén recortes cercanos al 50%. En la misma situación están aquellas pequeñas plantas que se encuentren cerca de una planta grande.
Los fotovoltaicos también lamentan que, pese a toda la documentación aportada para denunciar el "injusto" concepto introducido de `agrupación de instalaciones´, el nuevo texto "no lo modifica en absoluto". Al analizar este impacto, la asociación considera que es "especialmente grave" en el caso de las grandes plantas que cuentan con cientos de pequeños inversores diferentes, a los que se les aplican los estándares más duros, que prevén recortes cercanos al 50%.
En la misma situación están las pequeñas plantas que se encuentren cerca de una planta grande, indica. En esos casos, la orden ministerial considera que pertenecen a un `conjunto de instalaciones´, sumando sus potencias y aplicándole a ambas el estándar que corresponde a la suma.
A la hora de echar cálculos, las empresas fotovoltaicas llegan a la conclusión de que el recorte real a la fotovoltaica aplicado como parte de la reforma energética asciende a 920 millones de euros, tres veces más que los 373 millones calculados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Solo la diferencia entre lo que se preveía ingresar en 2014, conforme a la normativa anterior a julio de 2013, y lo que establece la nueva legislación asciende a 550 millones.
Un cálculo que, a juicio de los empresarios, resulta difícil de sustentar al no tomar en consideración variables críticas, como las diferentes producciones en función de la ubicación geográfica de las instalaciones.
