Inicio Blog Página 2581

Éxito en la aplicación, vía arbitraje, de la Ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler

Madrid. En los primeros seis meses de aplicación de la Ley 19/2009 de 23 de noviembre de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, conocida popularmente como “Ley de Desahucio Exprés”, se ha puesto de manifiesto que la supresión del plazo de veinte días hábiles de espera, necesarios para instar la ejecución de un laudo que condena a desalojar y al lanzamiento a un inquilino, ha supuesto reducir los tiempos del desalojo, lanzamiento y desahucio vía arbitraje en un 30%. Así, se ha pasado de unos plazos medios de 4-5 meses a 3 meses cuando las partes han optado por incluir el arbitraje como mecanismo de solución de las controversias. Incluida la falta de pago de rentas.

Ejemplos de desahucios exprés: en Barcelona, en un mes

Esta rapidez para recuperar una vivienda destaca en algunos partidos judiciales en los que el propietario con inquilinos morosos logra recuperar la vivienda, por la vía del arbitraje, en tiempo récord. Como ejemplo, un auto del Juzgado de Primera Instancia número 30 de Barcelona, de fecha 23 de junio de 2010, que –como respuesta a una demanda de ejecución de un laudo de Aeade, presentada el 6 de junio- pone fecha de lanzamiento en menos de un mes, en concreto para el día 22 de julio de 2010. En este caso, en DOS MESES ha sido posible obtener el desahucio: un mes para que se dicte el laudo y otro para la ejecución.

Se suman así la celeridad del arbitraje en la fase declarativa con la aceleración de la fase ejecutiva que permite la reforma legal. Lo que confirma al arbitraje como una solución rápida y eficaz y un espaldarazo al nuevo marco legal: la constatación de que unir ambas es la única forma de lograr un auténtico desahucio exprés.  (Auto en documento adjunto).

Más de 2.000 jueces avalan el arbitraje válido: si es de derecho y el laudo se dicta donde está la finca

El nuevo marco normativo, unido a que los jueces están más familiarizados con los arbitrajes en materia arrendaticia, son las principales razones de esta reducción de los plazos para conseguir el desahucio. En la actualidad, son ya más de 2.000 jueces en toda España los que han refrendado laudos en materia arrendaticia de la Asociación Europea de Arbitraje (Aeade), la institución arbitral propuesta por Arrenta en todos los servicios que incluyen arbitraje.

Los jueces y tribunales españoles lo tienen claro: sólo admiten aquellos laudos que ofrecen seguridad jurídica y garantías a ambas partes, arrendador y arrendatario; mientras que rechazan los arbitrajes en equidad, o aquellos que se dictan lejos del lugar de situación de la finca.

“Para lograr reducir los plazos es imprescindible que el procedimiento arbitral sea en derecho, que el laudo se dicte en un mes, teniendo el inquilino el derecho a consignar rentas y, por supuesto, a defenderse, y que lo árbitros dicten los laudos en el lugar de situación de la finca” señala Carlos Ruiz, gerente de Arrenta. “Los jueces ven, con razón, con mucho recelo aquellos laudos que se dictan lejos del lugar de la finca y que menoscaban derechos imperativos de los inquilinos. El arbitraje en materia arrendaticia exige ser escrupulosos con este tema para su completa eficacia”, insiste.

Incremento de procedimientos por impagos

La celeridad en resolver los conflictos es especialmente importante en un momento en el que se han disparado los litigios relacionados con los arrendamientos: según el Instituto Nacional de Estadística (INE) han crecido un 18,5% desde 2007. Hace dos años, las sentencias dictadas por órganos judiciales en materia de arrendamientos urbanos sumaban 25.327, mientras que en 2009 se han alcanzado las 30.036. Un ascenso provocado, en gran medida, por la actual crisis económica.

La mayoría de pleitos se produce sobre todo por impagos, ya sea de la renta o de la fianza. De hecho, constituyen el 94,2% de los casos. La denegación de prórroga supone en comparación sólo un 1,2%. Entre las preocupaciones de los propietarios destaca el tiempo que tardan en solucionarse muchos litigios.

Este aumento de los procedimientos relativos al alquiler presentados en los Juzgados se acompaña de un incremento –porcentualmente mayor- de los casos que se resuelven vía arbitraje. Como ejemplo, la Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, administró en 2009 un 26%  más de arbitrajes en materia inmobiliaria que en 2008. El crecimiento exponencial –datos al final del documento- de los arbitrajes en arrendamientos es una muestra de la aceptación que este método está teniendo entre los usuarios.

Arrendadores e inquilinos solicitan el arbitraje en los estancos

La opinión pública conoce cada vez más el arbitraje, cómo funciona y sus ventajas frente al sistema judicial. Por eso aumenta la demanda de inclusión de cláusulas arbitrales en los contratos –presente ya en uno de cada cinco alquileres-, ya sea a través de profesionales inmobiliarios, de la web de Arrenta o directamente adquiriendo los impresos de “Alquiler Sin Riesgos Arrenta” en los estancos. La venta en estos establecimientos de los convenios arbitrales de Arrenta, recomendados y distribuidos por Logista, se ha incrementado en más de un 20%. “Es normal que propietarios e inquilinos quieran soluciones rápidas y eficaces vía arbitraje. Y si encima pueden hacerlo de una forma tan sencilla y económica como es ir al estanco, comprar un sobre y por sólo 90 € obtener una cláusula arbitral que les da seguridad y defensa jurídica en caso de necesitarla, pues mucho mejor”, resalta Carlos Ruiz.

 

 

Alfa Inmobiliaria percibe claros síntomas de recuperación en el sector inmobiliario

Madrid. Alfa Inmobiliaria, red de comercialización de bienes inmuebles, percibe claros síntomas de recuperación en el sector tras el sondeo realizado en las oficinas de la cadena en nuestro país.

Fruto de estos datos, la compañía puede verificar que el mercado inmobiliario tiende a activarse de nuevo, pues hay un mayor porcentaje de compradores con la toma de decisión muy avanzada, es decir, que si encuentran una vivienda que les encaja compran.

Eso sí, las negociaciones del precio son complicadas, pues uno de los mayores problemas reside en conseguir financiación, pues tanto bancos como cajas ofrece más facilidades si lo que venden se encuentra dentro de su cartera de inmuebles embargados.

En esta línea podemos afirmar que es un buen momento para comprar, pero negociando el precio. Para ello, según Alfa Inmobiliaria, tanto comprador como vendedor deben exigir si la operación se realiza a través de una agencia es estar ambos presentes cuando se negocia el precio, es decir, no aceptar trabajar con ofertas de compra, la oferta que quiera hacer el comprador que se la haga directamente al propietario y que la agencia haga de mediador para ayudarles a alcanzar un acuerdo, de esta forma se cierran más operaciones. Es fundamental que se produzca una reunión en la que estén presentes todas las partes que tienen poder de decisión y que esa reunión se modere de forma profesional.

En estos tiempos se tiene que reinventar la forma de alcanzar acuerdos para que al final se realicen más operaciones de compraventa.

Alfa Inmobiliaria es una corporación de Servicios Inmobiliarios Integrales que ofrece a sus clientes una total garantía en las transacciones. Esta red inmobiliaria destaca por su gran oferta de servicios, como un Consultor Jurídico virtual, su franquicia financiera propia, Alfa Credit, Servicios Compra y/o arrendamiento seguro, Servicio Particular Vende Inmueble, Correduría de Seguros, etc….

Alfa Inmobiliaria cuenta con una bolsa inmobiliaria de más de 50.000 viviendas, tanto en venta como en alquiler, distribuidas por toda la geografía nacional y por países como Portugal, México o República Dominicana, entre otros. Cada una de las referencias incluye planos detallados y diversas fotos de los inmuebles.

Fomento, Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería constituyen la sociedad Almería Alta Velocidad

Almería. El secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Víctor Morlán, la consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar Rivero, y el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, el presidente de Adif, Antonio González Marín, y el director general Económico-Financiero de Renfe-Operadora, Celso González, han constituido hoy la sociedad Almería Alta Velocidad.

La creación de esta sociedad está contemplada dentro del convenio para la Integración del Ferrocarril en Almería, firmado el pasado 7 de mayo, con la presencia del ministro de Fomento, José Blanco.

La sociedad Almería Alta Velocidad, cuyo objetivo es gestionar el desarrollo urbanístico y favorecer la integración de la infraestructura ferroviaria de alta velocidad en esta ciudad andaluza, se constituye con un capital social de 600.000 euros, con la participación del Ministerio de Fomento en un 50% (a través de Adif, con un 37,5%, y de Renfe Operadora, con un 12,5%), y de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería en un 25% cada uno.

La sociedad, constituida por un total de doce miembros, será presidida por el secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Víctor Morlán, ostentando una vicepresidencia la consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta, Rosa Aguilar, y la otra, el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador.

Los doce consejeros de la Sociedad quedan repartidos de la siguiente forma: seis del Ministerio de Fomento, (dos de dicho Ministerio incluido Víctor Morlán, tres de Adif y uno de Renfe Operadora), tres de la Junta de Andalucía y otros tres del Ayuntamiento de Almería.

Más de 244 millones de euros de inversión

El coste total estimado de las actuaciones, que asciende a 244,2 millones de euros, será financiado, de un lado, mediante aportaciones de la Administración General del Estado, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Almería, y de otro, con cargo a los recursos económicos obtenidos de la operación urbanística.

De este modo, el Ministerio de Fomento aportará 97,46 millones de euros, la Junta de Andalucía 18 millones de euros y el Ayuntamiento de Almería 30 millones de euros, siendo financiado el resto del coste de las actuaciones por los recursos generados por los aprovechamientos y por las cargas urbanísticas. La aportación del Ministerio de Fomento será efectuada a través de Adif.

La aportación municipal antes señalada (30 millones de euros) es independiente del 10% de los aprovechamientos lucrativos que debieran ser objeto de cesión obligatoria al Ayuntamiento.

Estudio Informativo del Proyecto de Integración Urbana

El Ministerio de Fomento tramitará y aprobará el “Estudio Informativo del Proyecto de Integración urbana y adaptación a la red de alta velocidad de la red ferroviaria de Almería” como fase previa a la aprobación de los proyectos constructivos.

Las actuaciones contempladas en el Convenio, que serán recogidas en el Estudio Informativo mencionado, responderán a los siguientes objetivos:

Integración del sistema ferroviario en el ámbito urbano en base al modelo territorial previsto por el Ayuntamiento, de forma que se mejora la permeabilidad transversal de dicho sistema.

Traslado y/o adaptación de las instalaciones ferroviarias (incluidas las instalaciones de mantenimiento de trenes) a las necesidades futuras derivadas de la llegada de la alta velocidad a la ciudad de Almería.

Facilitar la implantación de un gran bulevar urbano y zonas verdes dotacionales a lo largo del nuevo corredor ferroviario, mejorando las condiciones ambientales de la zona urbana aledaña al ferrocarril.

Recuperación para su uso urbano de los terrenos colindantes al trazado no necesarios para la explotación ferroviaria.

El Ministerio de Fomento asumirá la redacción de los proyectos constructivos de la actuación ferroviaria, llevará a cabo la correspondiente licitación de las obras, y asumirá aquellas otras funciones que la legislación vigente otorga al órgano de contratación de las obras.

La sociedad coordinará la realización de los estudios y proyectos necesarios para la ejecución de las actuaciones urbanísticas a que hace mención el Convenio, sin perjuicio de las competencias que en materia de ordenación del territorio y urbanismo corresponden al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía, y en materia ferroviaria, al Ministerio de Fomento.

Contribución de Adif y Renfe

Adif y Renfe Operadora contribuirán al proyecto de integración aportando los terrenos y los aprovechamientos urbanísticos que resulten innecesarios para la explotación ferroviaria.

Para regular la transmisión de suelos y aprovechamientos a la Sociedad, se suscribirán convenios específicos entre ésta y cada una de esas dos entidades públicas en los que se concretarán las contraprestaciones a percibir por estas entidades.

El Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía, conforme a la legislación vigente, se comprometen a promover y tramitar hasta su aprobación definitiva el Planeamiento Urbanístico, que sea conforme con los proyectos de infraestructuras ferroviarias y de mantenimiento de trenes, y que haga posible el desarrollo inmobiliario de los suelos liberados del servicio ferroviario de titularidad del Estado (Adif y Renfe Operadora), situados en el ámbito de la actuación.

En virtud de este planeamiento, a los suelos ferroviarios del ámbito de actuación les corresponderá un aprovechamiento lucrativo no inferior a 125.638 m2 de techo edificable. Dentro de la edificabilidad destinada a uso residencial, un porcentaje no inferior al 15% será destinado a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública.

Corresponderá al Ayuntamiento de Almería repercutir a través del planeamiento urbanístico y poner a disposición de la sociedad una cantidad no inferior a 15 millones de euros, que será satisfecha, en concepto de gastos de urbanización, por los propietarios privados pertenecientes a unidades o sectores colindantes o afectados, beneficiados directa o indirectamente por la operación urbanística objeto del convenio.

El valor neto de los citados aprovechamientos generados por los suelos de titularidad del Estado (Adif y Renfe Operadora) se destinará a financiar las actuaciones previstas. Se entiende por valor neto al producto de las ventas del suelo urbanizado descontado el coste de las obras de urbanización y otros costes de transformación.

En la medida que esta actuación redunda en beneficio del municipio y contribuye a la consecución de los objetivos establecidos en la legislación aplicable, el Ayuntamiento de Almería cederá a la Sociedad el aprovechamiento urbanístico que legalmente le corresponda conforme a la legislación vigente, que se destinará a costear las inve
rsiones que se realicen en los términos del Convenio.

Presupuesto de de 50 millones hasta 2012 para el programa de naves industriales para pymes

Andalucía. El Consejo de Gobierno ha autorizado la renovación del Programa de Actuaciones Conjuntas de Naves en Espacios Productivos, que contará con un presupuesto de 50 millones de euros para el período 2010-2012. Esta iniciativa, que desde 2009 promueve la Junta a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), ha permitido hasta la fecha la construcción de 854 naves industriales -un total de 360.000 metros cuadrados- en 48 municipios andaluces y una movilización de inversión de 203 millones de euros, según ha informado el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, al término del Consejo de Gobierno.

El programa facilita a las pymes la compra de estas instalaciones de promoción pública y privada a precio tasado, mediante ayudas de hasta el 40% sobre el coste total y con una base incentivable de 500 euros/metro cuadrado en áreas metropolitanas y 400 euros/metro cuadrado en el resto. Para su construcción, la agencia IDEA suscribe convenios con los ayuntamientos interesados y selecciona los enclaves idóneos en función de la demanda y de las posibilidades de cada zona propuesta. Una vez aprobadas sus solicitudes, las corporaciones locales ponen a disposición de los promotores los terrenos donde se edifican las naves.

Entre otras condiciones, se exige la localización en espacios industriales cualificados y parques empresariales, además de una adecuación a las necesidades del tejido productivo de cada territorio. Las instalaciones, que también deben cumplir diversos requisitos técnicos de calidad, tienen superficies que varían entre los 150 y los 2.000 metros cuadrados.

La iniciativa de la Junta de Andalucía permite a los municipios ocupar suelo industrial en sus espacios productivos, a los constructores realizar promociones de bajo riesgo y a las pymes comprar naves a precios razonables y con unas prestaciones adecuadas. Además de la adquisición, el programa incentiva también inversiones empresariales relacionadas con bienes de equipo y obras de adaptación.

Consejos prácticos para ahorrar energía durante el verano en los hogares

Madrid. El Plan Energético Regional 2004-2012 de la Comunidad reúne diversas actuaciones encaminadas a sensibilizar a la población sobre la importancia del ahorro y la eficiencia energética, y, como cada año en estas fechas, recuerda algunos consejos prácticos para ahorrar energía en los hogares madrileños.

El Plan Energético tiene entre sus objetivos promover el uso racional de la energía y mejorar la eficiencia energética de las instalaciones madrileñas, logrando reducir un 10% el consumo al final del Plan. En el marco de este plan, la campaña ‘Madrid Ahorra con Energía’  busca promover el ahorro energético en todos los sectores de la sociedad madrileña.

El sector residencial madrileño es el segundo mayor consumidor de energía por detrás del sector transporte. Las familias madrileñas consumen más de 2,7 millones de tep -tonelada equivalente de petróleo- pero, si se añaden los consumos directos de gasolinas y gasóleo de automoción, la demanda total sobrepasa el 40 % del consumo final de energía de la región.

Temperatura adecuada y uso de persianas y toldos

La llegada del calor conlleva cada vez más un aumento del consumo eléctrico, ya que el parque de equipos de aire acondicionado se ha incrementado de manera importante durante los últimos años. La punta de consumo eléctrico, que tradicionalmente se producía en los meses invernales, se ha venido desplazando a los meses de más calor.

Se recomienda el uso de termostatos para regular la temperatura y ajustar los grados más adecuados. La temperatura óptima en verano es de 26 ºC, cada grado por debajo supone entre un 6% y un 8% más de consumo de energía. Además, no es saludable una diferencia de temperatura con el exterior superior a 12 ºC.

Un consejo práctico es el uso de persianas o toldos para evitar la radiación directa, aprovechando el fresco de la noche para refrigerar, abriendo las ventanas y persianas y durante el día cerrar las cortinas y persianas para evitar la entrada de calor por las ventanas. También hay que tener en cuenta colocar el aparato de aire acondicionado en un lugar aireado y donde le dé el sol lo menos posible, como las fachadas norte o los patios sombríos y limpiar, al menos, una vez al mes el filtro y estar al tanto de que no se produzcan pérdidas de líquido refrigerante.

Para la mejora del aislamiento, la instalación de burletes adhesivos en puertas y ventanas puede reducir entre un 5 y 10% la energía consumida. Las dobles ventanas o acristalamientos permiten ahorrar hasta un 20% de energía y climatización. Las lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo aportan la misma cantidad de luz que las incandescentes convencionales, permitiendo ahorrar hasta un 80% de energía y alcanzando una duración hasta 10 veces superior.

En los frigoríficos, la formación de escarcha de 5 milímetros de espesor puede aumentar el consumo energético en un 30% y cuantas más veces abra la puerta de frigorífico más escarcha se producirá. En la cocina, usar recipientes con fondo plano y que posean un diámetro uno o dos centímetros mayor a la superficie de la llama de gas o placa, la cocción es más rápida y se ahorra hasta un 20% de energía. Los recipientes con fondo termodifusor también ahorran energía.

 

Proyectos de regeneración de espacios urbanos con un presupuesto de 4,5 millones en Murcia

Murcia. El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Ballesta, presidió hoy el consejo del Instituto de Vivienda y Suelo (IVS) de la Región de Murcia, en el que se aprobó la memoria de actuaciones de 2009 del organismo autonómico y el anteproyecto de presupuestos de 2011, con inversiones por valor de 4,5 millones de euros para la regeneración de espacios urbanos en distintos municipios de la Comunidad.

La reunión, en la que estuvieron presentes representantes de la administración regional y local, abordó la rehabilitación del Barrio de San Gil, en La Unión, el realojo de 13 familias Los Caleñares de Mazarrón, y la renovación de la imagen urbana del entorno de La Soledad en Moratalla, entre otros proyectos del Ejecutivo autonómico.

“Se trata de actuaciones con un marcado carácter social, puesto que todas las iniciativas impulsadas por el Instituto procuran aunar criterios de habitabilidad, de facilidad en el acceso a la vivienda y de integración de los colectivos afectados”, indicó José Ballesta, quien recordó que el IVS ha previsto la rehabilitación integral de un edificio en Caravaca de la Cruz, donde se construirán seis nuevas viviendas de promoción pública, y un proyecto de renovación urbana de espacios públicos y construcción de 16 viviendas de protección pública en Calasparra.

“El Gobierno autonómico –apuntó el consejero- fomenta el acceso a la vivienda de los colectivos con mayores dificultades económicas, a la vez que procura una mayor eficiencia en la gestión del suelo mediante proyectos diseñados para revitalizar barrios y zonas tradicionales”.

En 2009 se entregaron 215 VPO

En la reunión del Consejo del IVS también se trataron otros temas relacionados con la memoria de actuaciones del año 2009, donde destacaron las actuaciones llevadas a cabo para rehabilitar inmuebles mediante el Plan Repara o la entrega de 215 viviendas protegidas del Plan de Vivienda Joven.

Según el consejero, estas 215 viviendas, ubicadas en los municipios de Alhama de Murcia, Cartagena, Cieza, Torre Pacheco, Ulea y Yecla, “han permitido facilitar a numerosos jóvenes murcianos el acceso a su primer hogar, y junto a las impulsadas a través del Plan Regional de Vivienda, convirtieron a la Región en la sexta comunidad española con más viviendas de protección oficial iniciadas por habitante en 2009”.

La correcta valoración del nivel de precios de la vivienda

El pasado 8 de julio, el prestigioso semanario británico The Economist publicaba un artículo en el que se indicaba que el nivel de precios agregados en el sector inmobiliario residencial en España está sobrevalorado en un 50%.

¿En qué se basa para afirmar esto? En los resultados de un estudio comparativo a nivel mundial cuya metodología consiste en comparar las rentabilidades de estos inmuebles a través de su alquiler, llegando a la conclusión que algunos países están por encima de esa media y otros por debajo. ¡Claro! Por eso disponemos de una media aritmética.

La tabla anterior, publicada por The Economist, incluye una serie de países donde se indica la variación de precio hasta el cuarto trimestre de 2008, la variación de 1997 a 2010 y la sobre-valoración o sub-valoración de los inmuebles en función de sus rentabilidades por arrendamientos.

Es una de las formas de saber si un inmueble tiene un precio de mercado por encima o por debajo de su rentabilidad media comparada con otros países. Así, se estima que una rentabilidad razonable, comparada con rendimientos procedentes de la bolsa normalmente, puede estar en torno al 5% anual. Es decir, un inmueble se amortizaría en unos 20 años.

En ese estudio no se estiman los costes de mantenimiento de los activos, ni los financieros, entre otros.

Es una forma de valorar los inmuebles . Pero no la única.

Por otro lado, el instituto Juan de Mariana elabora un informe en los mismos términos (rentabilidad del inmueble por arrendamiento), pero con una variante: no lo compara con esos mismos ratios a nivel internacional, sino que hace una comparativa con dichas rentabilidades a nivel histórico, es decir, a lo largo del tiempo. Es una comparación del ratio consigo mismo.

También es una forma de averiguar si este mercado está sobre-valorado o sub-valorado, pero no es el único sistema.

En ambos casos, nos parece muy adecuados estos dos sistemas de valoración para inmuebles comerciales, oficinas, naves, despachos, hoteles, complejos turísticos, etc., incluso viviendas de uso vacacional, puesto que se trata de inmuebles orientados a su explotación económica y como tal deben valorarse. Sin embargo, utilizar el mismo método para la evaluación del valor de la vivienda residencial, habitual, nos parece de una visión algo corta.

Hay otro sistema que en Izadi AG nos parece más acorde con la realidad y, sobre todo, más acorde con las preocupaciones de la inmensa mayoría del mercado comprador (y por extensión, vendedor), que coincide con personas o familias que quieren una vivienda en propiedad para su uso y disfrute, y no la ven como un gasto de inversión por arrendamiento. Dejaremos de lado la cuestión del gasto por inversión especulativa.

Pensamos que este sistema es el más cercano a las familias que compran una vivienda para su uso es el que habíamos desarrollado en un anterior informe publicado en Inmodiario.com, titulado “El ratio de esfuerzo como criterio de valoración inmobiliaria”, también en idealista.com y en nuestro blog. (Es el que el comprador habitual va a utilizar para saber si lo que compra es caro o barato.

El lector pensará que esa valoración es subjetiva. Efectivamente, así es.

Una persona puede pensar que un bien merece el sacrificio de un día de su trabajo y para otro bien está dispuesto a sacrificar un mes y medio, y para otro 4 años. Pero esa valoración es distinta para cada persona. Eso es correcto.

Una persona estaría dispuesta a sacrificar 6 meses por la posesión de un coche y otra estaría dispuesta a gastar todo el dinero ganado en 5 años para la compra del mismo coche. Es una valoración subjetiva.

Pero digamos, que la media de valoración de las personas es un valor tal que la mayoría de nosotros aceptaríamos como normal. Por ejemplo, si la renta media española es de 21.000 euros el año pasado, podemos pensar que puede ser lógico que empleemos 6 meses de nuestro trabajo para comprar un coche por 10.500 euros. Está claro que la persona que gana 100.000 euros al año, igual le apetece comprarse un coche de 40.000 por poner un ejemplo, lo cual representa menos de 6 meses de su trabajo. Y que puede haber una persona que gane esos 21.000 euros y emplee 2 años de su trabajo para comprar el mismo coche. Seguro que también existe esa persona. Pero hay que reconocer que tal actitud no es muy normal y que la inmensa mayoría nos guiamos por criterios razonables constituyendo una media aritmética aceptable por todos con una desviación standard relativamente pequeña.

Regresemos al mercado inmobiliario. En el siguiente gráfico podemos ver la evolución que ha seguido este ratio en España, EE.UU. y Reino Unido desde 1995 hasta el primer cuatrimestre de 2010:

En este gráfico vemos que al principio de la serie dicho ratio estaba en el entorno de 4 años de renta familiar disponible (después de impuestos) para el caso de España y EE.UU., mientras que estaba en cifras algo superiores a 3 años para el caso del Reino Unido.

De 1995 a 2000 esos ratios prácticamente se mantuvieron sin variaciones relevantes. Pero hacia el año 2001 algo empezó a cambiar.

Aunque con ligeras variaciones al alza a partir de 2000, la renta que debía aportar una familia después de impuestos era de cuatro años. Dicho ratio subió de forma acelerada durante los años 2001 a 2007, siendo especialmente importantes los incrementos en los años 2002 a 2006. ¿Qué fue lo que ocurrió?

La cuestión es algo larga de explicar, pero resumiendo aquel bien que los españoles habían valorado (salvo algunos años a finales de los años 80) como un bien para su uso y disfrute, empezó a convertirse en un bien valorado más por su “valor riqueza” (especulativo).

Los tipos de interés bajos, los laxos criterios de riesgo de la banca, las tasaciones generosas, la reducción progresiva de la tasa de desempleo (hasta el 8% de la población activa, que si bien sigue siendo escandalosa, regresábamos de etapas que superaban el 20%, y hasta el presidente del gobierno hablaba de un objetivo de pleno empleo), etc. El dinero era fácil de conseguir y el ahorro y la previsión se convirtieron en un valor anticuado. Todos participamos en la fiesta.

A diferencia de los años 80, con fuertes incrementos del precio de la vivienda, parece que un período más largo de bonanza económica (algo superior a 10 años) hizo que la burbuja siguiera creciendo y muchos pensaban que no tendría fin. O al menos así se comportaban.

Ese período tan largo de crecimiento económico eliminó muchos de los criterios de prudencia de la banca y de los empresarios (y de muchos que lo querían ser) y de los particulares que entraron a su vez en la espiral especulativa. Se aplastó el concepto “especulación” por el concepto “inversión”. Erróneamente.

Ese fenómeno se produjo en otros países como en EE.UU. y Reino Unido, pero también en Irlanda, Suecia, Italia, Francia,… y más recientemente en China, Australia, algunos países del sureste asiático,… y algunos están en pleno proceso de creación de su propia burbuja.

Par
ece que la economía especulativa iba eliminando a la economía real, y mucho de verdad tiene esa afirmación.

Pero volvamos a la valoración de la vivienda.

En Izadi AG nos parece más lógico aplicar el sistema de valoración del ratio de años de renta familiar disponible aplicados a la compra de un bien, en este caso una vivienda, que cualquier otro sistema propuesto referido a la rentabilidad por inversión. ¿Por qué motivos?

Porque la inmensa mayoría de las ventas se las realizan personas que comprar la vivienda en la que quieren vivir. Son una minoría los que compran casas para su puesta en alquiler, al menos en España.
Con todos nuestros respetos hacia instituciones como el Instituto Juan de Mariana, una evaluación del precio de la vivienda en referencia a la rentabilidad histórica media no nos parece que tenga demasiada validez por el motivo anterior y porque el hecho de que haya bajado la rentabilidad por alquiler puede ser porque los precios estén sobrevalorados o porque, por algún motivo que no vamos a desarrollar ahora, los alquileres son bajos. Compararla con la media no significa nada, simplemente puede haber un cambio de tendencia al alza o a la baja y eso no conlleva sobre-valoración o sub-valoración del bien.
También con todos nuestros respetos hacia The Economist, podemos argumentar lo mismo que en el caso anterior, sólo que a nivel internacional.

Para terminar, si la vivienda se demanda en su inmensa mayoría por ciudadanos que la quieren para su uso, ¿no parece razonable que la comparación se haga con el esfuerzo que éstos deben realizar para conseguir su objetivo?

Manuel Caraballo Callero
Economista de Izadi AG
Más información: http://manuelcaraballo.wordpress.com/

P.D.: Los lectores que deseen el artículo completo con gráficos en pdf, lo pueden solicitar a info@izadiconsultores.com

Inversión de 4,21 millones para las primeras obras del Parque Empresarial de Isla Cristina

Huelva. El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia a realizar una inversión de 4,21 millones de euros para la primera fase de las obras de urbanización del Parque Empresarial de la Costa Occidental de Huelva, situado en el municipio de Isla Cristina.

El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha avanzado que los trabajos se llevarán a cabo en las 8,9 hectáreas correspondientes al área de Empalme Sur, «una de las dos que conformarán este nuevo espacio productivo dedicado al sector pesquero y de las industrias del mar».

El proyecto, a cargo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), cuenta con un plazo de ejecución de 12 meses e incluye tanto las obras de urbanización interior como las complementarias de conexión viaria y suministro eléctrico, agua y alcantarillado.

En el marco de los primeros pasos para el desarrollo del Parque Empresarial, el Consejo de Gobierno ya autorizó el 13 de julio de 2010 la venta de 103 parcelas propiedad de la agencia Idea en la zona de Empalme Sur, con una superficie total de más de 21.000 metros cuadrados y un precio mínimo de 70,91 euros el metro cuadrado.

Por último, Antonio Ávila ha recordado que el nuevo recinto productivo de Isla Cristina es uno de los 15 que actualmente promueve la Administración autonómica dentro del Programa de Suelos Productivos de Andalucía (Prospa), cuyas inversiones alcanzan los 412 millones de euros en las ocho provincias de la comunidad autónoma.

Recurso ante el Tribunal Supremo para aclarar que tributación es procedente en la transmisión de unas plazas de garaje

La Rioja. El Gobierno de La Rioja va a interponer un recurso de casación en interés de Ley ante el Tribunal Supremo contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja notificada el 19 de julio pasado, en la que considera que las ventas efectuadas por Estacionamiento Las Chiribitas S.A. de las plazas de aparcamiento construidas en su día sobre terrenos municipales en virtud de concesión están sujetas al Impuesto sobre Valor Añadido y no al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), éste último más beneficioso para los contribuyentes.

La Administración regional considera la mencionada sentencia lesiva para los intereses de los riojanos, dado que les obliga a tributar por el Impuesto sobre el Valor Añadido (16%, actualmente 18%), además del 1% correspondiente a la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, en vez de tributar por un único impuesto: el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) al 7%.

Esta opinión del Gobierno Regional es avalada tanto por la Defensora del Pueblo Riojano, en un informe emitido relativo al asunto de referencia, como por el dictamen elaborado por el prestigioso Gabinete Jurídico Tributario ‘Equipo Económico’.

Por esta razón y con el fin de sentar una doctrina aplicable a las formalizaciones de la propiedad privada sobre las plazas de garaje del resto de parkings, operaciones de naturaleza tributaria semejante, el Ejecutivo riojano acudirá al Tribunal Supremo.

Inversión de 2,09 millones para las primeras obras del Centro Tecnológico de Energías Renovables de Tabernas

Almería. El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia a realizar una inversión de 2,09 millones de euros para las primeras obras de urbanización y adecuación de accesos del Centro Tecnológico de Energías Renovables (CTAER), en el municipio almeriense de Tabernas.

El proyecto, que se llevará a cabo en una parcela de 91 hectáreas propiedad de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y situada junto a la actual Plataforma Solar de Almería, incluye instalaciones de abastecimiento y saneamiento de aguas, suministro eléctrico, alumbrado público, telefonía, cerramiento perimetral, mobiliario urbano y jardinería.

Estas obras, según ha asegurado el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, proporcionarán la «infraestructura básica» para el desarrollo del futuro complejo, «cuyo objetivo fundamental es facilitar a las empresas del sector de la energía solar servicios de investigación, formación, apoyo técnico y financiero y transferencia de tecnología e innovación». Sus líneas de trabajo se centrarán en las energías solares térmica y fotovoltaica y en las tecnologías del hidrógeno y las pilas de combustible.

Además, Ávila ha añadido que el CTAER de Tabernas será uno de los tres centros tecnológicos dedicados a la investigación coordinada sobre las tres energías limpias con mayor potencial en Andalucía: solar, biomasa y eólica. Los otros dos se ubicarán en el Parque Tecnológico Geolit de Mengíbar (Jaén), para biomasa, y en la zona del Estrecho de Gibraltar (Cádiz), para energía eólica.

El proyecto en su conjunto, declarado de Interés Autonómico, lo gestiona una fundación integrada por la agencia IDEA; la Agencia Andaluza de la Energía; las universidades de Cádiz, Jaén y Almería; el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), y empresas del sector como Iberdrola Renovables, Acciona Energía, Abengoa, ACS, Sener, Endesa, EUFER, Isofotón o Green Power Technologies.

Las instalaciones de Tabernas se complementarán con la actividad de otros centros públicos y privados con los que comparte objetivos. Entre ellos destacan la vecina Plataforma Solar de Almería, el Instituto Andaluz de Energías Renovables, la factoría Isofotón de Málaga o las plantas Andasol de la comarca granadina de El Marquesado.

Primeros proyectos

Uno de los primeros proyectos que acogerá el CTAER almeriense es el denominado ‘Solugas’, que permitirá desarrollar la primera planta mundial destinada a demostrar el rendimiento y la reducción de costes de la incorporación de turbinas híbridas de gas y energía solar a las centrales termosolares de torre. Cuenta con una inversión total público-privada de 15 millones de euros y está promovido por la Consejería de Economía, Ciencia y Empresa en colaboración con la empresa andaluza Abengoa y firmas europeas como DLR, Turbomach, GEA y NEAL.

Otra iniciativa ya en marcha en los terrenos almerienses del CTAER es la dirigida a probar nuevos tipos de espejos solares parabólicos de bajo coste, capaces de operar a menor temperatura y dotados de refrigeración pasiva nocturna que evita el consumo de agua para su enfriamiento. El proyecto, denominado Micro CSP y promovido por la firma Inypsa, conllevará la construcción de una central de ensayo de 500 KW para la mejora tecnológica de estos receptores parabólicos, que constituyen el componente principal de la mayor parte de las plantas termosolares españolas.

La actividad del clúster de las energías renovables, uno de los mayor proyección en Andalucía, se traduce actualmente en 682 megavatios fotovoltaicos instalados, 231 termosolares, 2.863 de potencia eólica y 204 correspondientes a electricidad generada a partir de la biomasa.

Entre 2000 y 2009, la potencia eléctrica instalada con energías renovables creció en Andalucía un 471%, hasta alcanzar el 14,9% de la total. El aprovechamiento de estas fuentes no contaminantes supone evitar cada año la emisión a la atmósfera de más de 4,2 millones de toneladas de dióxido de carbono.