La Generalitat de Cataluña permitirá que Barcelona aplique el recargo en la tasa turística que aprobó en septiembre el Pleno del Ayuntamiento de la Ciudad Condal, que podría alcanzar los 4 euros por persona y noche de alojamiento en la ciudad, para compensar la gran presión turística a la que está sometida la capital catalana.
Así se ha decidido en la comisión bilateral entre la Generalitat y el consistorio barcelonés, la primera desde las elecciones generales del 10-N.
Este recargo está sujeto ahora a la aprobación de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat en el Parlament. Este visto bueno supondría recaudar unos 20 millones de euros anuales para las arcas municipales.
La actual tasa que se grava a los turistas que visitan Barcelona va de los 0,9 a los 2,25 euros por pernoctación o cruceristas. La nueva tasa de hasta 4 euros podría entrar en vigor entre el primer y el segundo trimestre de 2020.
Otro de los puntos en los que Barcelona gana control es en competencias sobre el Puerto Olímpico. Generalitat y Ayuntamiento también han acordado la aprobación inmediata por parte del Govern de la delegación de estas competencias durante un periodo de 30 años.
La modificación de esta zona de ocio nocturno en la que se han producido varios incidentes graves en los últimos meses será una de las grandes transformaciones urbanas durante este mandato, de cara a recuperar un espacio al que muchos barceloneses han dejado de ir.
Donde no se han producido mejoras significativas es en materia de vivienda y de guarderías municipales, ha avanzado el primer teniente de alcalde. El Ayuntamiento ha vuelto a reclamar a la Generalitat que financie el tercio del coste de cada plaza de guardería pública.
También se abordaron en la comisión cuestiones como la petición de las dos administraciones de una mejor financiación del transporte metropolitano o la de derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL, conocida como Ley Montoro), que entienden que «ataca la autonomía local» porque limita el gasto de los Ayuntamientos.
