La campaña de inspección de viviendas de uso turístico, iniciada por la Agencia de Actividades (ADA) del Ayuntamiento de Madrid en el mes de agosto pasado, ha tenido como resultado un total de 6.926 viviendas inspeccionadas, de las cuales se ha comprobado que 967 se dedican al alojamiento turístico.
Por el momento se han iniciado expedientes de cese y clausura para 710 de ellas y se han firmado 338 órdenes de cese de la actividad. De éstas, se ha finalizado el expediente en 23 viviendas que estaban legalizadas y en otras tres que se encuentran en trámite de alta.
La mayoría de las viviendas inspeccionadas se encuentran en el distrito Centro (barrios de Palacio, Embajadores, Sol, Cortes, Justicia y Universidad), donde se han inspeccionado un total de 3.732 viviendas de las que 729 se dedican al alquiler turístico. El resto se encuentran en los distritos situados dentro de la almendra de la M-30.
Del total de los 286 edificios inspeccionados, un 13% (38 edificios) cuentan con viviendas dedicadas a alojamientos turísticos en un porcentaje entre el 50% y el 100% del total de las viviendas de dichos edificios, lo que repercute negativamente en la calidad de vida de los habitantes de las viviendas habituales que conviven con más de la mitad de alojamientos turísticos en sus edificios.
En la visita de inspección, los técnicos municipales estudian la situación de todo el edificio para valorar cuales son viviendas habituales y cuales se dedican al alquiler turístico, constatándolo mediante indicios, tales como la existencia de folletos u otro tipo de información en buzones o puertas, y mediante otros datos obtenidos a través de datos de registros públicos, publicidad en páginas Web.
Denuncias
La Agencia de Actividades ha recibido 1.173 denuncias, de las cuales 859 se concentran en el distrito Centro, lo que representan el 73,2% de las quejas presentadas. A continuación se encuentran Moncloa-Aravaca con 119 denuncias (el 10,14% del total), Chamberí, con 46 quejas (3,9%), Salamanca con 42 (3,5%) y Arganzuela, 41 (3,4%).
Por otra parte, en expedientes que afectan a 463 alojamientos turísticos, se ha solicitado información complementaria a la Comunidad de Madrid, al no haberse podido verificar en la inspección el ejercicio de actividad de viviendas de uso turístico. En concreto, se ha solicitado a la Dirección General de Turismo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid el acceso al registro empresas turísticas o la remisión de los datos de dicho registro.
Campaña
El verano pasado el ADA, dependiente del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, puso en marcha un programa específico para impulsar la tramitación de expedientes de disciplina urbanística y la creación de un nuevo marco regulatorio, con el objetivo de poner coto al alquiler turístico de viviendas que ahora carece de un marco legal y que amenaza la convivencia en los barrios más céntricos de la ciudad.
Con respecto al marco regulatorio, el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible tramitó un Plan Especial de Implantación del Uso de Hospedaje, que establece una nueva regulación para alojamientos turísticos en edificios de viviendas, en función de la zona, del uso del edificio y de su protección, entre otras cuestiones.
Por otra parte, la Agencia de Actividades (ADA) puso en marcha un programa de refuerzo de personal para redoblar las labores de inspección y tramitación de expedientes de disciplina urbanística, mediante el que se han incorporado 10 arquitectos superiores, 4 técnicos de gestión (rama jurídica) y 8 Auxiliares administrativos.
Con estas actuaciones, el Ayuntamiento vela por la seguridad jurídica de los usuarios de los alojamientos turísticos que, si se ejercen sin los respectivos controles urbanísticos, pueden generar problemas de fraudes al consumidor. La exigencia de cumplimiento de la normativa urbanística incluye también el cumplimiento de la normativa sectorial en materia de seguridad, accesibilidad, sanidad y medio ambiente, por lo que en defensa del consumidor y del usuario de estos servicios es importante detectar los alojamientos turísticos no legalizados para que se cumplan todos los requisitos necesarios de la actividad y se eviten fraudes al consumidor.
Por otra parte, el Ayuntamiento también está velando por la defensa del medio ambiente urbano, dado que cuando la presión del sector turístico se concentra en un área reducida de la ciudad, los residentes pierden servicios que se reemplazan por otros destinados a la población flotante, lo que deteriora la calidad de vida de los vecinos y el escenario urbano, y se dificulta el acceso a la vivienda digna
