El vacío legal de las viviendas turísticas sigue coleando, y en Madrid les siguen dando vueltas al tema. Ahora, desde el Ayuntamiento capitalino se busca un acuerdo con plataformas como Airbnb o HomeAways para fijar un tope máximo de días en los que estas viviendas podría ponerse en alquiler al año, e implantar una tasa. Un «memorandum de entendimiento», que busca que no se monten negocios fuera de la actividad reglada, la de los hoteles y apartamentos turísticos.
Se trata de conseguir que no se monten hoteles encubiertos» de la mano de las viviendas turísticas se podría lograr con este acuerdo con las plataformas, basado en tres pilares. Uno, basado en garantizar que sólo quien sube la vivienda a la plataforma en cuestión es quien vive en ella, lo que se conseguiría con un sencillo certificado de empadronamiento.
Un segundo aspecto pasaría por fijar un plazo máximo temporal, de modo que no pueda ofertarse un piso durante todo el año dado que entonces debería regirse por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Un tope de días, el que sea, pero con los 60 como referencia a seguir. Una vez que se superasen los días pactados entre Ayuntamiento y plataformas, la vivienda se cae de la oferta de la web hasta el siguiente año. El tercer punto del acuerdo establecería que una parte del rendimiento económico que obtiene el usuario vaya al Ayuntamiento, como en Amsterdam, donde la tasa es de un euro.
Según el concejal José Manuel Calvo, los hoteles y apartamentos turísticos pagan muchos impuestos, estan muy regulados y fiscalizados pero la vivienda turística no está pagando impuestos aunque obtiene rendimiento económico, por lo que parece razonable que parte de ese rendimiento revierta en la Administración para cubrir la sobredemanda de servicios de limpieza, equipamientos, transporte e incluso para ejercer la disciplina urbanística.
El memorándum sería una medida transitoria hasta que haya una regulación sólida aplicable. Sí es más positivo con respecto a las plataformas porque al final se adaptarán a las condiciones que ponga el Ayuntamiento, como han hecho en otras ciudades.
El plazo que se fija el Ayuntamiento para llegar a un acuerdo con las plataformas es corto porque la proliferación de viviendas turísticas es exponencial está creciendo de manera exponencial. Se ha pasado del 2% de 2013 al actual 25%.
