Se acabó el culebrón judicial sobre el hotel El Algarrobico. Una década después de que un juez decretara parar las obras, que se habían iniciado en 2003 por Azata en el municipio almeriense de Carboneras, el Tribunal Supremo ha puesto fin al interminable proceso judicial abierto.
El terreno donde se levantó el hotel, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, es protegido y no urbanizable y, aunque la sentencia del Alto Tribunal no lo dice expresamente, el inmueble debe ser demolido para que la playa se quede como estaba hace 13 años. La Junta de Andalucía así lo ha entendido, y ya ha iniciado el procedimiento para echar abajo el polémico hotel.
El Supremo se expresa así para dar la razón a Greenpeace y a la Junta de Andalucía, que habían presentado sendos recursos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 21 de marzo de 2014, que, tras un cambio de magistrados en relación a este tema, había determinado que los terrenos sí eran urbanizables.
Dos años después de aquella sentencia, el tema de la demolición se retoma. De hecho, ya entonces, tanto el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente como la Junta de Andalucía habían suscrito un protocolo para proceder a la demolición.
En el acuerdo se fijaba que Agricultura -competente en materia de costas y dominio público marítimo terrestre- acarrearía con los costes del derribo propiamente dicho, y el Gobierno andaluz con las tareas de desescombro y restauración del emplazamiento al estado en el que estaba en 2003.
A partir de ahora, a Azata, la promotora del hotel, le quedan pocas agarraderas jurídicas. Únicamente, podría recurrir contra la orden administrativa de demolición para demorar unos meses lo inevitable. Pero, poco más.
En cualquier caso, podría plantearse dos alternativas para demoler el hotel. La más rápida sería la ejecución del retracto de la Junta y la indemnización a Azata. Con ello, una vez ya en manos públicas, el derribo podría ser cuestión de meses.
La otra, mucho más larga, sería la de pedir judicialmente el derribo por parte de la propia promotora dado que el suelo no es urbanizable, algo que mantendría el contencioso de El Algarrobico abierto otro buen puñado de años.
