El trigésimo aniversario del Programa de Turismo del Imserso está resultando de lo más truculento. Al retraso habido en la puesta en marcha por los enfrentamientos entre los licitadores para hacerse con los mejores lotes, llega ahora la cancelación de varios viajes a Canarias por parte de la UTE Mundiplan, liderada por Iberia y Alsa. La razón, no contar con las camas suficientes para cubrir con la oferta realizada.
La UTE Mundiplan, adjudicataria de la zona de costa insular, había firmado el contrato con el Imserso el pasado 17 de noviembre de 2015, tras resolverse el recurso planteado. La comercialización de las plazas de este lote se llevó a cabo entre los días 19 y 30 de noviembre de 2015, plazo en el cual las personas mayores acreditadas por el Imserso acudieron a las agencias fijadas por la UTE Mundiplan para realizar la compra de las plazas a que tenían derecho, y plazo, también, en el que la UTE Mundiplan tenía la obligación de cumplir los requisitos exigidos para el servicio contratado.
El primer turno de viajes comenzó en diciembre, pero en enero la UTE Mundiplan ha cancelado varios turnos de viajes a Canarias sin haberlo comunicado previamente al Imserso que tuvo confirmación de lo sucedido a finales de la semana pasada.
Mediante carta del pasado jueves 21 de enero de 2016, el Imserso se ha dirigido a la UTE para pedir explicaciones sobre dichas cancelaciones y exigirle que cumpla el contrato en los estrictos términos que lo rigen a fin de que se realicen todos los viajes programados.
Por otra parte, para conocimiento general, el Imserso quiere recordar los derechos que asisten a los usuarios. Así, en estos casos, los usuarios del Programa pueden aceptar las ofertas de cambio de destino o fechas o pueden optar por el reembolso de las cantidades pagadas para realizar el viaje, con las compensaciones que correspondan, según la fecha en la que ha sido comunicada la anulación del viaje, en los términos recogidos en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que recoge lo siguiente:
«El usuario tiene derecho a: un 5% del precio total si la anulación se produce entre dos meses y 15 días antes de la salida; un 10% entre 15 y tres días; y un 25% si ocurre 48 horas antes.»
De estas actuaciones se ha dado cuenta, en esta misma semana, a los órganos consultivos y de participación y vigilancia de la gestión como son el Consejo Estatal de las Personas Mayores y la Comisión Ejecutiva del Consejo General del Imserso.
