Madrid. La ex coordinadora de finanzas del PSOE, Aída Álvarez, en el año 1989 rehabilitó integralmente un chalé en Madrid, en una zona residencial de lujo junto a Pío XII, incrementado además la superficie construida, sin la preceptiva licencia urbanística municipal. Miguel Molledo, compañero sentimental de la militante socialista, había solicitado únicamente licencia de obras para reformar el inmueble, aunque solo el presupuesto por la compra de material alcanzaba la cifra de 19 millones de las antiguas pesetas. Fueron en su día muy comentados los armarios refrigerados para abrigos de pieles.
La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid denegó en varias ocasiones a Miguel Molledo y Aída Álvarez la licencia de obras solicitada para la reforma del chalet de su propiedad, a pesar de lo cual emprendieron los trabajos de rehabilitación y reforma del mismo. Miguel Molledo y Aída Álvarez presentaron un recurso en contra del decreto de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid que les había denegado la preceptiva licencia de obras, recurso que previos los trámites oportunos les fue desestimado.
Los responsables de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid encontraron graves irregularidades en la ejecución de las obras ejecutadas sin licencia y, entre otras, las siguientes: la demolición ilegal de la práctica totalidad de la vieja edificación, que estaba protegida por las normas urbanísticas municipales; realización de obras que no figuraban en el proyecto presentado para la solicitud de la preceptiva licencia; y aumento de la edificabilidad en un volumen no permitido en la zona.
Tras los correspondientes procesos judiciales, iniciados por parte de Miguel Molledo y Aída Álvarez contra el decreto del Ayuntamiento de Madrid que les había denegado la licencia de obras, una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó derribar, en el plazo de un mes, las obras abusivamente realizadas, que Miguel Molledo y Aída Álvarez habían realizado en el año 1989 en el chalet de su propiedad.
Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó a Aída Álvarez a una multa de 17.152.000 de las antiguas pesetas por tres infracciones urbanísticas: demolición de una vivienda unifamiliar protegida; ampliación de la altura original en muros, cuerpo y cubierta de la casa; y excavación en la parte posterior de la parcela.
Por último, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenaba que, si en el plazo de un mes la ex coordinadora socialista de finanzas y su compañero Miguel Molledo no ejecutaban las obras necesarias, el Ayuntamiento de Madrid debería actuar en ejecución sustitutoria. El concejal de Urbanismo de Ayuntamiento de Madrid en aquel entonces, Ignacio del Río, aseguró a los medios de comunicación que la sentencia «se cumplirá en su plazo».
Pues bien, han pasado los años y el chalet sigue allí y, por supuesto, al menos aparentemente, no parece que se haya ejecutado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Lo que sí hemos podido comprobar, tanto nosotros como todos los vecinos del barrio, es que actualmente el chalet se está rehabilitando de nuevo. Los años no pasan en balde para nada ni para nadie.
¿Aprovecharán sus actuales propietarios, que desconocemos quienes son, la oportunidad de las obras que están llevando a cabo para ampliar un poco más la superficie construida del chalet? ¿Tendrán licencia del Ayuntamiento de Madrid para ejecutar las obras en curso? ¿Ha habido alguna amnistía urbanística en el Ayuntamiento de Madrid y nosotros no nos hemos enterado?
Nos hemos puesto reiteradamente en contacto con el gabinete de prensa de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid y solo hemos recibido respuestas inconcretas y evasivas. Una de las periodistas del gabinete de prensa de Urbanismo, María Antonia Landero, nos insinuó que el Ayuntamiento estaba tardando tanto tiempo en ejecutar la orden de demolición por el retraso judicial en el otorgamiento del permiso necesario para entrar en el domicilio. Ha sido imposible conseguir una explicación más razonable y detallada.
