El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, han firmado un convenio de colaboración para la cesión por parte de la Generalitat de los derechos de tanteo y retracto de las viviendas de su propiedad ubicados en este municipio. Unas viviendas que posteriormente se destinarán a alquiler social a las familias con mayor necesidad habitacional.
Martínez Dalmau ha comentado que este ha sido su último acto institucional como vicepresidente segundo del Consell y ha mostrado su satisfacción por la firma de este convenio porque «permite que Valencia pueda adquirir casas que podrían ir a parar a fondos buitre y que ahora ayudarán a paliar las necesidades habitacionales de la ciudad».
Por tanto, con esta acción «se muestra de nuevo la voluntad ‘municipalizadora’ de la Generalitat porque confiamos en los ayuntamientos y en que las políticas de vivienda estén lo más cercana posible a la gente».
Por su parte, el alcalde de Valencia ha agradecido «el buen trabajo y la buena conexión que ha habido siempre» entre el vicepresidente y el Ayuntamiento, en especial con el tema de la vivienda porque «hay muchas personas que quieren tener un hogar pero no pueden tenerlo».
Respecto al convenio, ha asegurado que es » es una herramienta fundamental para poder avanzar en el derecho a la vivienda y tener unos medios que nos permiten ayudar las personas, a los jóvenes, para poder ir haciendo el que querríamos lo más rápidamente posible». Por tanto, «es una herramienta más para avanzar en esta dirección».
En el acto de la firma del convenio también han estado presentes el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, Alejandro Aguilar, la directora general de Coordinación Institucional de la Vicepresidencia Segunda Adoración Guamán, y la concejala de Vivienda y Bienestar Social, Isabel Lozano.
La Vicepresidencia Segunda, a través de la Dirección General de Vivienda y Regeneración Urbana, continúa ampliando la red de municipios que han suscrito el convenio para la cesión de los derechos de tanteo y retracto. Hasta la fecha, alrededor de una treintena de ayuntamientos de la Comunitat Valenciana han firmado el convenio, otros seis se encuentran en fase de tramitación y 24 más han expresado su interés.
Modelo de descentralización
La Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunidad Valenciana apuesta por un modelo avanzado de descentralización en las políticas de vivienda, tratando de incentivar que los municipios y otros entes locales participan activamente de estas políticas.
En esta línea, el Decreto Ley 6/2020, de 5 de junio, del Consell, prevé varias herramientas para ampliar el patrimonio público de viviendas de aquellos municipios que así lo desean. Con esto, se persigue la ampliación del parque público y una mayor proximidad y eficacia en los servicios que se prestan en materia de vivienda.
Con el objetivo de conseguir un parque público de vivienda sólida y estable en los municipios, la Generalitat facilita la adquisición de vivienda por parte de los ayuntamientos, cediendo los derechos de tanteo y retracto titularidad autonómica, ya que considera que es el medio idóneo para consolidar el patrimonio público de viviendas, dado que estos inmuebles, en la mayoría de casos, están en condiciones de ser puestos a disposición de la ciudadanía con carácter inmediato.
Por otro lado, la adquisición de vivienda por parte del Ayuntamiento de Valencia posibilita que éste gestione tanto las cuestiones relativas a su habitabilidad como su adjudicación.
Con ello se agilizan las tramitaciones, se evita que los interesados tengan que darse de alta como solicitantes de vivienda en diferentes administraciones así como los incómodos desplazamientos fuera de su municipio.
Además, al ser los servicios sociales municipales los encargados de realizar los informes de las familias que necesitan una vivienda de manera urgente debido a una situación de riesgo de exclusión social o de desahucio de su vivienda habitual, el Ayuntamiento pueden actuar de manera directa ofreciendo una alternativa inmediata a esas personas.
Destacar que las viviendas adquiridas se calificarán de protección oficial con carácter permanente y se incorporarán al parque público municipal. Se destinarán a vivienda habitual de familias, personas o colectivos con escasos recursos sociales o en situación de vulnerabilidad inscritos en el Registro de demandantes de alquiler del Ayuntamiento de Valencia.
Este convenio tendrá una vigencia de cuatro años y podrá prorrogarse hasta un máximo de cuatro años más. Una comisión mixta supervisará y controlará su cumplimiento.
