La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado con competencia legislativa plena el informe de la ponencia sobre la Proposición de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para proteger la propiedad privada frente a la ocupación ilegal y promover el alquiler social, que sigue su tramitación el Senado.
Los miembros de la Comisión han dado el visto bueno a la Proposición de Ley, iniciativa del Partit Demòcrata Europeu Catalá (PDeCat), integrado en el Grupo Mixto, con la incorporación de una enmienda transaccional.
Según se explica en la exposición de motivos, la legislación en la vía civil contempla varias opciones amparadas en el Código Civil en la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero todas ellas presentan algún tipo de problema o limitación en su aplicación en los casos de ocupación ilegal, que es la cuestión objeto de esta proposición.
Por eso, la modificación de la Ley pretende incluir la posibilidad de interposición de un juicio verbal para recuperar la posesión de una vivienda ocupada ilegalmente, posibilidad que podrá ejercer el propietario persona física, así como las entidades sociales y administraciones públicas tenedoras de un parque de viviendas de carácter social destinado a atender las necesidades urgentes de personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad en materia de vivienda.
En la exposición de motivos se indica también que «la okupación ilegal no puede ser una forma establecida y tolerada de acceso a la posesión de una vivienda, no puede ser tampoco la vía de acceso al derecho constitucional a una vivienda».
«Simultáneamente, los poderes públicos deben garantizar la protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión social, mediante el aseguramiento de un parque de vivienda social que permita atender de manera rápida, ágil y eficaz las necesidades de las personas y unidades familiares en riesgo de exclusión residencial», añade.
Por ello, propone articular los mecanismos legales que permitan la garantía y la imperturbabilidad de la propiedad privada de las personas físicas, a la vez que permitan reforzar el parque de viviendas de alquiler social existente, para que pueda estar plenamente disponible al servicio de las necesidades urgentes de las personas y familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad en materia de vivienda.
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 14 de marzo, con 176 votos a favor y 162 en contra, a tramitar la modificación de ley para proteger la propiedad privada de la ocupación ilegal y asegurar la disponibilidad de las viviendas destinadas al alquiler social.
