Barcelona ha reactivado el proceso de expropiación temporal de pisos vacíos después de que el Tribunal Constitucional haya levantado parcialmente la suspensión de la Ley 4/2016 de protección del derecho a la vivienda de personas en riesgo de exclusión residencial, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña y recurrida por el Gobierno del Estado en el Tribunal Constitucional.
En esta ocasión, la decisión del Tribunal Constitucional es trascendente porque salvaguarda el artículo 15 de la ley catalana, que permite la expropiación del uso temporal de la vivienda por un periodo de entre cuatro y diez años, siempre que los inmuebles estén situados en áreas con una alta demanda residencial.
Las cinco viviendas en trámite de ser expropiadas son propiedad de entidades financieras, dos de estas viviendas son de la Sareb y las otras tres son propiedad del BBVA. Dos se encuentran en el distrito de Sant Andreu, una en Gràcia, una en Ciutat Vella y la última en el distrito de Sants-Montjuïc.
Los cinco procesos de expropiación forman parte del paquete de dieciséis expedientes de inicio de expropiación contra entidades financieras que tuvieron que suspenderse cuando se admitió a trámite el recurso del Gobierno del Estado contra la ley catalana.
Todas estas viviendas provenían del Registro de Viviendas Vacías de la Generalitat de Catalunya, que actualmente tiene 2.021 viviendas inscritas en Barcelona. El Ayuntamiento está comprobando que continúan vacíos a través del trabajo que lleva a cabo con el proyecto del censo de pisos vacíos y, si conviene, se pondrán en marcha los expedientes de expropiación correspondientes.
Estos procedimientos de expropiación pueden concluir si la entidad bancaria propietaria del piso cede a la Administración pública el uso de la vivienda para que se destine a alquiler social, siempre que el acuerdo se suscriba en un plazo de tres meses. Las entidades financieras disponen ahora de quince días para presentar alegaciones.
Sanciones por esconder pisos vacíos
En octubre del 2017 el Ayuntamiento comunicó a la Agencia de Vivienda de Cataluña (AHC, por la denominación en catalán) que había detectado 150 viviendas que no estaban inscritas en el registro. Como resultado de esta gestión, algunas entidades financieras inscribieron las viviendas, otras las cedieron a la Generalitat y de otras viviendas se efectuó la compra por tanteo.
Con respecto a los casos que no atendieron el requerimiento de inscripción, el Ayuntamiento inició el procedimiento sancionador, aunque el objetivo municipal no es el cobro de sanciones, sino el cumplimiento de la legalidad y el aumento del parque de alquiler asequible para familias en situación de vulnerabilidad.
La primera sanción ha sido para Caja de Ahorros de Asturias, que ha efectuado un pago de 5.400 euros. Contra Bankia, que decidió no pagar cuando se le requirió, se ha impuesto una sanción de 7.200 euros.
Aparte de estas dos sanciones, el Ayuntamiento está tramitando también cinco expedientes. Un piso que se encuentra en Ciutat Vella y es propiedad del Sabadell BS Inmobiliaria. Otro,en Sants-Montjuïc propiedad de Bankinter. Y tres más en Sant Martí, cuyos propietarios son Bankia, Madrid RBSM y Budmac Investment 2.
Por otro lado, el Ayuntamiento ha realizado más de 2.300 comunicaciones oficiales a entidades financieras a fin de instarlas a alquilar los pisos, en estas cartas se advertía de la posibilidad de iniciar procedimientos de sanción o expropiación en caso de que los pisos continuaran vacíos.
