Los técnicos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo han localizado a varias grandes empresas, ubicadas en zonas industriales de Madrid, Barcelona y Bilbao, enganchadas ilegalmente a la luz. Por ello, les ha abierto un expediente que contempla multas equivalentes a tres años de consumo con la máxima potencia contratada.
En la revisión también han sido sorprendidas manipulando el contador otras industrias, para alterar los registros de energía consumida y variar la potencia contratada por otra de menos importe.
A la luz de estas prácticas fraudulentas, Industria tiene previsto perseguir con dureza estas acciones fraudulentas y desincentivar su proliferación con sanciones más elevadas de las actuales. Así, contempla endurecer en los próximos expedientes que tramite la tasación de la multa al equivalente de hasta tres años de consumo con la potencia máxima contratada para los infractores.
Hasta ahora, la empresa que es detectada con su contador manipulado está cometiendo un delito de fraude, que está penado con una sanción igual al consumo diario de seis horas de electricidad a máxima potencia contratada.
Como reveló hace unos días la empresa eléctrica Endesa, el 80% del fraude eléctrico fue causado en España en 2015 por empresas de diversos sectores industriales y de servicios; y del 20% restante, más del 80% fue debido a particulares que tienen elevados niveles de consumo.
A partir de aquí, y teniendo en cuenta a título de referencia el número de familias que están actualmente acogidas al bono social, puede estimarse que, en contra de lo que muchas veces se piensa, menos del 1% del fraude eléctrico cometido en España se debe a enganches ilegales efectuados por familias de bajos ingresos.
Las compañías que cometen fraude perjudican doblemente a sus competidores, porque consiguen abaratar sus propios productos y servicios, y encarecer al mismo tiempo los de esos competidores, realizando así una maniobra que, además de ilícita, supone una clara competencia desleal.
El fraude eléctrico no supone solo una carga económica para las empresas y los ciudadanos que pagan sus facturas y una operación de competencia desleal, sino también un problema grave para la seguridad y la salud de las personas que conviven o están próximas al defraudador.
Las instalaciones manipuladas no cumplen la normativa en materia de seguridad y generan un importante riesgo no solo para aquellos que las manipulan, sino también para las personas que viven o circulan en la proximidad de esas instalaciones.
