miércoles, 2 julio 2025
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Cantabria plantea demoler 386 viviendas y legalizar 449 dentro del Plan de Ejecución de Sentencias

El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, Javier Fernández, ha hecho balance del desarrollo del Plan de Ejecución de Sentencias, para señalar que de un total de 835 viviendas incluidas en el Plan se pueden autorizar provisionalmente unas 449 y habría que demoler 386.

Fernández, acompañado por el alcalde de Piélagos, Enrique Torre, ha anunciado que el Ayuntamiento de esta localidad ya ha iniciado los procedimientos de autorizaciones provisionales en dos ámbitos afectados por el Plan de Ejecución de Sentencias como son los de Entrelindes, donde hay 20 viviendas,  y en el ámbito denominado L05 donde hay 20 viviendas.

Además Fernández ha señalado que, dado el grado de madurez del Plan General de Ordenación Urbana de este municipio, que podrá obtener la aprobación inicial en el mes de octubre, se podrán iniciar ese mismo mes los trámites para las autorizaciones provisionales de otras 22 viviendas de Cerrias que encajan dentro del Plan de Ejecución de Sentencias.

En este punto, el titular de Urbanismo ha indicado que las otras 17 viviendas de Cerrias, que no se pueden amparar dentro del plan como consecuencia de la aplicación de la Ley de Costas, tendrán que ser demolidas. Para ello el Gobierno de Cantabria va a ofrecer la misma fórmula que se está haciendo en Arnuero que es la sustitución de la vivienda por otra de similares características, con coste cero para los afectados, y que el nuevo PGOU ya está contemplado el ámbito donde irían esas viviendas. En este aspecto. el consejero ha explicado que se van a realizar reuniones con los vecinos para lo explicárselo y si no lo aceptan se trataría de llegar a acuerdos de otra índole.

Durante la rueda de prensa Fernández ha manifestado que, además de las 17 viviendas de Cerrias, hay otras 214 que hay que demoler que son las del Alto de El Cuco. En este sentido ha dicho que esta demolición se va a realizar de común acuerdo entre el Gobierno de Cantabria y  el Ayuntamiento de Piélagos.

Aunque en principio, y mientras los tribunales no diriman las responsabilidades patrimoniales, el responsable de la demolición es el Ayuntamiento, el Gobierno de Cantabria "dada la magnitud de este problema va a colaborar prestando 3,5 millones de euros".

"Esperamos que para últimos de diciembre o principios de año podamos comenzar el derribo de estas viviendas ya que recientemente un Tribunal autorizó al Gobierno a llevar a cabo la ejecución subsidiaria en el alto de el Cuco", ha indicado.

El Gobierno de Cantabria va a plasmar el un convenio el préstamo de los 3,5 millones de euros y cuando se decida la responsabilidad patrimonial de las administraciones el Gobierno delimitará las compensaciones. "Pero no vamos a esperar a que se terminen estos procedimientos judiciales porque tenemos el mandato judicial de demoler estas viviendas", ha reiterado.

En este sentido el alcalde de la localidad, Enrique Torre ha querido dejar claro que este préstamo no supondrá la merma en servicios o inversiones en los presupuestos de Piélagos.

Así el consejero ha explicado que fruto del convenio firmado con Martinsa Fadesa para facilitar la demolición, la propia empresa ha sido la que ha presentado este proyecto de derribo y posterior regeneración ambiental del monte. "Ahora", ha dicho, "lo vamos a estudiar para, en el plazo que hemos indicado comenzar la demolición".

Así, Fernández ha declarado que 2014 va a ser un "año decisivo" para el Plan de Ejecución de Sentencias porque, en su opinión, todas las autorizaciones provisionales se van a poder otorgar este año. Piélagos, Escalante, Miengo, con 110, y luego Argoños, cuya situación, según el titular de Urbanismo es "más compleja" y con cuyos vecinos van a mantener reuniones la próxima semana.

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