Sevilla. El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha pedido a la Junta que las entidades financieras elaboren un inventario de las viviendas protegidas (VPO) de las que son titulares para ofrecerlas en régimen de venta y alquiler, y que si no lo hacen en unos plazos determinados se acuda a la expropiación.
Chamizo ha señalado en rueda de prensa que las VPO “no pueden permanecer vacías y cerradas”, por lo que ha remitido un escrito a la Consejería de Fomento y Vivienda en el que pide que se lleven a cabo las medidas necesarias para que las entidades radicadas en Andalucía elaboren en un plazo determinado y perentorio un inventario de las viviendas que se encuentren bajo su titularidad.
Las entidades financieras deberán comprometerse a ofrecerlas en venta o alquiler a través de sus páginas web o de la de la propia Consejería, detallando su localización, características, precio y estado de conservación, y deberán facilitar el préstamo a aquellas personas que sí puedan hacer frente a los pagos, ha añadido. Además, ha reclamado que debe existir una obligación de establecer precios adecuados y que si no se pueden vender se deberán poner en régimen de alquiler.
En caso de que estas entidades no cumplan con esto, Chamizo ha señalado que existe la posibilidad de acudir al procedimiento de expropiación por parte de la administración autonómica, como sanción por incumplimiento de la función social que deben cumplir las VPO.
“No podemos continuar con el escándalo de las VPO. La expropiación también tiene que contemplarla la administración”, ha añadido Chamizo, quien cree que estas viviendas “no pueden ser propiedad de los bancos”, ya que para su construcción se ha invertido dinero de la sociedad española.
Aunque no hay una cifra exacta de las VPO que están bajo titularidad de estas entidades, como consecuencia de la ejecución de procedimientos hipotecarios o de la entrega por mutuo acuerdo, el Defensor del Pueblo ha asegurado que se trata de “miles”.
Ha manifestado que “si no se cumplen los plazos hay que ir a la expropiación” y ha afirmado que les han remitido escritos a todos los bancos para que las oferten pero “no han sido muy receptivos”.
Además, como otras medidas para disminuir el número de desahucios, ha iniciado una queja de oficio en la que se ha pedido a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) que en todos las ciudades y pueblos de más de 50.000 habitantes se creen oficinas de asesoramiento e intermediación.
Chamizo ha asegurado que con poco gasto, ya que se integraría con personal de los ayuntamientos, se podrían crear equipos que asistan a aquellas personas con riesgo de desahucio, con acciones previas de mediación o negociación con las entidades financieras, para lo que también ha remitido el escrito al Colegio de Abogados, que ofrecería asesoramiento. Asimismo, también se ha pedido a Fomento y Vivienda que las entidades financieras promuevan los “alquileres sociales”, no solo en las VPO, a personas que se encuentran en gran exclusión o en situación de precariedad económica.
