Santiago de Compostela. El consejero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, Agustín Hernández, ha explicado que en el mes de noviembre de 2011, hace ya seis meses, la Administración autonómica informó al Ayuntamiento de Lugo que no pagaría la cuantía derivada del Impuesto de Bienes e Inmuebles de propiedad municipal.
Así lo puso de manifiesto Hernández en el Parlamento de Galicia, donde explicó que las acusaciones, vertidas por parte de los responsables del Ayuntamientos de Lugo, de que el Instituto Gallego de Vivenda e Solo mantiene una deuda de 386.354 euros con la Administración local no se ajusta a la realidad.
Recordó que cuando el Ayuntamiento, en noviembre del pasado año, reclamó este impuesto al IGVS, la Xunta informó que dicta reclamación estaba llena de errores, incluso algunos de los mismos reconocidos por la propia Administración local, puesto que los bienes no son de titularidad autonómica, sino municipal, o son bienes de terceros, ajenos al IGVS, y también son recibos duplicados. El consejero recordó que el IGVS únicamente es propietario de 158 viviendas en el ayuntamiento de Lugo.
Hernández señaló que en la reclamación formulada por la Administración local se recogen varios bienes que son propiedad del Ayuntamiento desde hay unos 20 años. Recordó que la mayor parte de los bienes que hoy son de titularidad municipal, (y por los que ahora el ayuntamiento reclama el IBI al IGVS), fueron cedidos mayoritariamente por un convenio firmado en 1992 y le corresponde al propio ayuntamiento realizar la modificación de la titularidad catastral, después de que el IGVS se había dado de baja como titular.
De hecho, el Ayuntamiento ya reconoció la improcedencia de una larga lista de recibos, que anuló en el pasado mes de marzo por un decreto de la delegada del área de Economía, la misma persona que públicamente, días después, reclamó su pago.
Aclaró que los errores en la reclamación también afectan a los bienes que realmente son propiedad del IGVS, en los que se dan casos de recibos duplicados, falta de aplicación de la bonificación del 50% para las viviendas de promoción pública o inclusión de obras no rematadas definitivamente.
El consejero de Medio Ambiente también dijo sentir curiosidad al comprobar que la mayor parte de estas deudas ya fueron reclamadas a la Administración autonómica por el ayuntamiento de Lugo en el año 2008, a través de un escrito en el que advertía que de no hacer efectivas las deudas, se iniciarían los procedimientos recaudatorios legalmente procedentes. El Gobierno de la Xunta en aquel momento no hizo nada, ni siquiera se reclamó la anulación de los recibos que no le correspondías al IGVS, ni la revisión de los que contenían errores, aclaró.
En definitiva, el Instituto Gallego de la Vivenda e Solo está determinando con el ayuntamiento de Lugo las cantidades que se le reclaman, pero, en todo caso, esas cantidades son, sin duda, muy inferiores a las que alude el propio Ayuntamiento.
La Xunta de Galicia está dispuesta a asumir las deudas contraídas por este concepto con el ayuntamiento de Lugo, pero antes deben solucionarse los errores detectados, con la notificación en tiempo y forma de deuda que se reclama, manifestó; a lo que añadió que justamente ese es el método que sigue el Gobierno gallego en aquellos casos en los que el Ayuntamiento de Lugo es el deudor, como en el caso de la liquidación por el canon de saneamiento, cuyo importe sólo en un año, se estima en más de 100.000 euros.
