Madrid. La legislación es una de las armas del poder Ejecutivo para potenciar a determinados sectores e impulsar la marcha de la economía real. En fechas recientes hemos contemplado cómo la regulación determina la actuación de los agentes del mercado mediante la Ley de Saneamiento de la Banca, por ejemplo.
En años anteriores el Gobierno actuó subvencionando la compra de automóviles nuevos mediante el Plan Prever, actuando así sobre las ventas de los mismos y fomentando un importante sector de la economía española. Igualmente se regula en las Comunidades Autónomas, para apoyar a otro de los sectores vitales de nuestro país, el Turismo.
Lo deseable es que los Gobiernos propicien que los sectores que tiran de la economía tengan el suficiente apoyo de las instituciones como para mantener esa pujanza que les permita seguir siendo locomotoras de PIB español. Igualmente, desde el Ejecutivo se tiene la inquietud de apoyar a sectores que, aunque su aportación al PIB y a la creación de empleo no sea muy elevada, se considera que tiene un interés estratégico determinado o se quiera potenciar para que en el futuro adquiera protagonismo en la economía nacional.
Parece lógico, pues, que se ayude a los sectores que “ayudan” al resto de industrias en su aportación a la producción nacional. Pero no siempre se actúa de esta manera tan lógica y racional; el sector inmobiliario está siendo gravemente descuidado al no producirse normativa encaminada a reflotar al sector que más volumen de empleo puede crear en menor período de tiempo.
Parece que se ha instalado en la creencia popular que nunca más será necesaria la edificación de obra nueva y que ya no se van a vender viviendas, algo totalmente ilógico. Por otro lado, a nadie se le ocurre pensar en una recuperación en la que el sector bancario no sea un protagonista principal, pues bien, esto no es posible sin el crecimiento del inmobiliario. Una de las razones es que la propia banca ha de conseguir que el sector funcione para salir de su situación, otra, que no existe otro sector productivo en España que pueda sustituir en ocupación al inmobiliario y, por mucho que lo deseemos, para que eso ocurra transcurrirá un largo período.
Así las cosas, urge que el Gobierno actual sea capaz de regular un nuevo entorno para que el inmobiliario salga adelante e impulse la producción donde sea necesario y aproveche la capacidad instalada, lo que haría incrementar el número de ocupados. Igual que se sostiene a la banca mediante instrumentos como el FROB o al sector del automóvil con planes Prever, se debe hacer con el inmobiliario, apoyando la obtención de préstamos o subvenciones dirigidas al comprador final de vivienda, cuya inversión sostiene puestos de trabajo.
El Gobierno debe reflexionar sobre la situación que se producirá si se deja naufragar a la industria española que ha soportado el crecimiento, apalancado por los bancos, de los últimos años de prosperidad que se han vivido en España.
Rafael Bueno, Socio Delegado de la Zona Centro de Proinlasa