Alfredo Cano Boluda ha sido elegido nuevo presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, la entidad que agrupa a las tres entidades colegiales que trabajan en la Comunidad Valenciana. Cano, recientemente reelegido presidente del Colegio API de Valencia, se pone al frente del mayor colectivo de inmobiliarios de la Comunidad, que agrupa 650 agencias inmobiliarias y más de 3.000 profesionales.
Alfredo Cano indica que los tres colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria van a redoblar sus esfuerzos para conseguir que la Generalitat apruebe la creación de un registro de agentes inmobiliarios. Los API dejan claro que los consumidores de la región sufren una indefensión en sus derecho en comparación con los ciudadanos de otras zonas del país, que ya pueden acudir a profesionales inmobiliarios a los que se exige una serie de requisitos para poder ejercer su actividad. Además, el Consejo Valenciano API exige que el registro sea de adscripción obligatoria, al igual que sucede en Cataluña o País Vasco, y no meramente voluntarios como se ha establecido en Madrid y Navarra. «La única manera de salvaguardar de forma eficaz los derechos de los consumidores es crear un registro obligatorio, que imponga a todas las personas que intervienen en la compraventa de una vivienda obligaciones como disponer de formación adecuada, Seguro de Responsabilidad Civil o una oficina física donde poder reclamar si hay algún problema», afirma Cano. Al ser actualmente una actividad totalmente desregulada la intermediación inmobiliaria, los ciudadanos sufren con frecuencia estafas o numerosos problemas, ya que las personas que intervienen en la operación ni siquiera están obligadas a saber leer o escribir.
En este sentido, recuerda que los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria han mantenido varios encuentros con la Consellería de Vivienda en los últimos meses para abordar este asunto como representantes del sector inmobiliario. Alfredo Cano pone de relieve la importancia social de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, que son corporaciones de Derecho Público, entidades sin ánimo de lucro que tienen encomendada por la Administración la defensa de los derechos de los consumidores inmobiliarios y de los profesionales del sector. «Los colegios API de Alicante, Castellón y Valencia vamos a trabajar unidos para conseguir un sector inmobiliario más seguro y equilibrado, que también ponga en valor el gran trabajo que realizamos los inmobiliarios», explica.
