El Ayuntamiento de Madrid se ha desprendido de uno de esos inmuebles que no se sabe muy bien para qué lo compró. Lo hizo hace 23 años, en la calle de la Corredera Baja de San Pablo, con la intención inicial de rehabilitarlo y destinarlo a uso social, con una guardería infantil seis viviendas tuteladas.
Posteriormente, en 2005, en pleno boom inmobiliario, se optó por rehabilitar el edificio para albergar 19 viviendas de protección oficial. Pero ninguno de los proyectos llegó a ver la luz. Ahora lo acaba de vender por dos millones de euros, la mitad de lo que pedía hace tres años.
El comprador ha aparecido como por arte de magia. De la noche a la mañana –constituida en abril con un capital de 3.000 euros–, la sociedad limitada Prime Cities Spain –del mismo nombre que otra operativa en Holanda– ha puesto en la mesa esa cantidad, ligeramente superior a otras dos ofertas que había, y se ha quedado con el inmueble del siglo XVII, protegido por su valor histórico-artístico.
Cuenta con tres plantas y 711 metros cuadrados, e incluye otro anejo en la calle del Barco. Lleva más de 30 años en desuso y está declarado en ruina parcial.
En 2006, el Ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), presentó un proyecto para abordar la reforma integral del edificio, pero no se llevó a término.
Posteriormente en 2011, ya sobrevenida la crisis y con el inmueble en una situación de conservación lamentable, se sacó a subasta a un precio que resultaba a todas luces desorbitado. Nada menos que 11 millones de euros con los que se buscaba la obtención de ingresos extraordinarios con los que reducir la abultada deuda de la EMVS.
Evidentemente nadie pujó, como tampoco lo hicieron a finales de ese mismo año cuando ya el precio de salida se redujo a 4,7 millones de euros. En mayo de 2012, se volvió a ofrecer por 4,2 millones, con el mismo éxito.
Entre subasta y subasta, un grupo de arquitectos y otros profesionales redactó un proyecto de rehabilitación a coste cero para el erario público. A cambio, debía convertirse en equipamiento social para el barrio, pero el Ayuntamiento no lo vio claro y optó por desalojar al colectivo que había ocupado el inmueble.
