La Caixa, de Port Aventura al patinaje sobre hielo

Barcelona. La Caixa, el tercero de los bancos españoles que parece tener las cuentas más o menos equilibradas y a salvo de los terremotos financieros que se avecinan, prosigue moviendo sus participaciones industriales en busca de la mayor rentabilidad posible.

Coincidiendo con la salida pactada del parque de atracciones Port Aventura, se ha adentrado en otro negocio, el de las pistas de patinaje sobre hielo dando cobertura financiera a una empresa sevillana.

La salida de Port Aventura, por la que ha ingresado más de 100 millones, obedece a la culminación de una operación acordada en 2009, cuando Investindustrial, controlada por la familia Bonomi, se hacía con el 50% del parque de atracciones mediante una ampliación de capital de 94,8 millones.

Ahora, lo que hace Criteria CaixaHolding, el vehículo que lleva la mayoría del negocio no financiero de la entidad catalana, es desprenderse del 50% restante. La operación queda restringida a la gestión del parque de atracciones, uno de los más rentables de Europa, y de los hoteles del recinto, pero Criteria mantiene el control total de los activos inmobiliarios.

La familia Bonomi tiene previsto seguir invirtiendo en el complejo de ocio hasta 75 millones durante los próximos cinco años, teniendo en cuenta la existencia de 70 hectáreas libres para ampliar la oferta de ocio con nuevas instalaciones.

Sale La Caixa de Port Aventura y se adentra en un negocio atípico, como es el de las pistas de patinaje sobre hielo, en el que ha decidido invertir 800.000 euros para apoyar la consolidación de la compañía sevillana Xtraice, especializada en el desarrollo y la comercialización de pistas.

En sus ya nueve años de historia, Xtracie ha vendido más de 240 pistas en 52 países, entre la de hielo de DisneyLand París, la más ecológica, en Japón, o la de Chicago, la situada en mayor altura. La inversión en Xtraice es la primera que Caixa Capital Risc realiza a través del nuevo vehículo Caixa Innvierte Industria, en el que participan tanto el Estado central, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y de la Generalitat de Catalunya, por medio del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), y que cuenta con un volumen de inversión de 23 millones de euros.
 

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