Alicante. El complejo de ocio Terra Mítica de Benidorm, otro de esos grandes megaproyetos de ocio inaugurado hace doce años, acaba de cerrar el círculo de la más absoluta incompetencia. Sus promotores, el Consell de Valencia, Bancaja, la CAM y Banco de Valencia, salen definitivamente de la sociedad con unos números paupérrimos.
Entre sobrecostes de la obra y afrontar el pago derivado de varias sentencias condenatorias, los cuatro promotores han aportado al proyecto más de 400 millones de euros. Y, ahora, traspasado definitivamente el negocio al empresario francés de origen argelino Georges Santa Maria –también propietario de Aqualandia y Mundomar, otros dos parques de ocio en Benidorm– el precio real de la salida ha supuesto para esos cuatro promotores el ingreso de apenas 20 millones de euros. Es lo que se dice un negocio redondo. Ponemos más de 400 y nos devuelven 20.
Aunque el nuevo propietario ha pagado 65 millones de euros (15 de ellos adelantados hace dos años) por la transmisión del 70,76% de las acciones de Terra Mítica a Ocio y Parques Temáticos, la realidad es que 45 de ellos se destinarán a saldar la deuda que todavía arrastraba el complejo de ocio. El reparto de los 20 millones, en función de la participación social que cada uno tenía en la empresa, queda con 6,2 millones para el Consell, 6,7 millones para cada una de las dos cajas, y apenas 200.000 euros para Banco de Valencia.
En realidad, la operación no supone más que cerrar la alcanzada hace dos años, cuando la empresa del empresario francés alquiló el parque con una opción de venta durante los tres primeros ejercicios por 65 millones de euros, la que ahora ha quedado ejecutada.
En principio, el parque fue presupuestado en 240 millones de euros, pero la cosa se desmadró. En su declaración ante un juzgado de Valencia en 2006 por una trama de facturas falsas en la construcción del parque temático, el exdirector general, John Fitzgerald, reconoció que Terra Mítica ya había costado hasta entonces 376.
El coste final de la aventura promovida por Eduardo Zaplana supera ampliamente los 400 millones, de los que aproximadamente la mitad salieron de las arcas públicas de la Generalitat, cantidad a la que habría que añadir decenas de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que llegaron a multiplicar hasta por 10 el precio del suelo no urbanizable expropiado por el Consell a empresas y particulares, amparándose en el interés general. Solo en cuatro de ellas, la Generalitat tuvo que pagar un sobrecoste de 66 millones de euros.
Aqualandia ha afrontado el pago de los 50 millones que tenía pendientes en parte mediante una ampliación de capital realizada en mayo de 31,76 millones de euros, y el resto con financiación ajena.
