Santiago de Compostela. La Consellería de Hacienda de Galicia recuerda que el anterior Gobierno bipartito incluyó en la Ley de Presupuestos de 2008 el sistema de precios medios para los inmuebles. Así en el artículo 61 de esa norma anticipa este modelo como posible método de valoración de los bienes inmuebles.
El departamento que dirige Marta Fernández Currás tiene en plazo de alegaciones un proyecto de orden que permitirá conocer de manera objetiva, sencilla y precisa el valor de mercado en los diferentes ayuntamientos de Galicia, pero este nuevo método no está aún en vigor y, como tal procedimiento, no es susceptible de tener efectos retroactivos. El objetivo es contar con un mecanismo voluntario, útil, seguro y gratuito, que atribuya una información objetiva.
Hacienda considera que este sistema puede ser de gran utilidad en situaciones de desacuerdo o incertidumbre, tanto para el comprador como para el vendedor, favoreciendo de este modo que se cierren transacciones, ya que proporciona información objetiva para la fijación del precio. El modelo se fijará a partir de estudios técnicos detallados y evitará discriminaciones entre entidades locales, puesto que asegura un tratamiento administrativo homogéneo.
La Administración gallega se decidió por el sistema de precios establecidos en orden autonómica, después de analizar determinados estudios técnicos, descartando el sistema que contempla la estimación de precios por referencia la los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal, concretamente mediante la aplicación de coeficientes multiplicadores sobre el valor catastral.
La excesiva generalidad de este último método y su dificultad para recoger las posibles singularidades de los diferentes inmuebles fueron las razones que llevaron a la Comunidad de Galicia a aplicar el sistema alternativo. Además, los problemas asociados a la valoración a partir de valores catastrales se acentúan en el caso de Galicia, donde hay un gran número de municipios y donde, por eso, los posibles supuestos de discriminación por aplicación de unos coeficientes u otros serían más numerosos.
Por eso, la futura orden reguladora garantizará un tratamiento administrativo homogéneo de transacciones en similares circunstancias, asegurando la equidad. Además, la normativa responde a la necesidad de la Administración tributaria autonómica de disponer de soporte jurídico bastante a la hora de motivar las correspondientes valoraciones, fundamentación sin la que los tribunales deciden la anulación de las liquidaciones administrativas practicadas.
El modelo aporta igualmente seguridad jurídica al ciudadano, ya que la Administración se vincula con los valores publicados, y reducirá la litigiosidad. Por otra parte, en el caso de que no se declararan los valores aprobados mediante orden y producida una comprobación administrativa posterior, si el contribuyente no está de acuerdo con los valores establecido por la Administración, podrá solicitar una tasación pericial contradictoria.
A esto hay que añadir aspectos como la reducción de los costes administrativos que supone la implantación del sistema, gracias a la merma del número de valoraciones de los peritos y la reducción de los litigios en materia tributaria y de los costes que esto supone. Este mecanismo ya funcionó con éxito en otras comunidades autónomas como Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Navarra.
La Consellería de Hacienda también recuerda que en lo que va de legislatura, y a pesar de las restricciones financieras y el incumplimiento por parte del Estado del modelo de financiación autonómica, ya aprobó dos rebajas selectivas de impuestos para impulsar el sector de la vivienda y para beneficiar a los colectivos más desfavorecidos. Estas medidas están teniendo un buen resultado ya que provocaron un aumento del 7% en el número de operaciones, con una mejora de recaudación del 19%.
