Madrid. El consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, ha anunciado que la Comunidad de Madrid ha recibido doce ofertas técnicas de inversores privados que han mostrado su interés en adquirir las viviendas del Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) por un mínimo de 170 millones de euros. Este ingreso permitirá al Gobierno regional continuar invirtiendo en políticas sociales, a las que actualmente se destinan 3 de cada 4 euros del presupuesto.
En su intervención, Cavero mostró su satisfacción por el interés que ha suscitado esta posibilidad de inversión en el mercado internacional, puesto que la mayoría de los posibles compradores cuentan con capital extranjero. Ejemplo de ello es que una de las ofertas se ha presentado directamente en un registro de París.
Además de los beneficios económicos, esta buena respuesta dentro y fuera de España constituye una muestra esperanzadora de que la solidez económica de Comunidad de Madrid goza de la confianza necesaria para atraer de nuevo la inversión a la región y encabezar la recuperación económica de España.
En total, la Comunidad de Madrid ha puesto a la venta 32 promociones de viviendas en régimen de alquiler con opción a compra que permitirán obtener ingresos sin que suponga ningún cambio para los inquilinos de las mismas, porque el comprador debe subrogarse en los derechos y obligaciones y las condiciones pactadas entre el IVIMA y el inquilino.
Al respecto, el consejero destacó que la Comunidad de Madrid ha apostado más que otras regiones españolas por el alquiler, con medidas como el Plan Joven o el Plan Alquila. La consecuencia es que en la actualidad en una de cada 4 viviendas de la Comunidad se destina al alquiler, frente a la media nacional que es de 1 de cada 6.
Además, también es una de las regiones que ofrece más posibilidades de acceso a la vivienda protegida, puesto que una de cada tres viviendas protegidas construidas en España se ubica en la Comunidad de Madrid y, además, se ha modificado la normativa para que puedan acceder a ellos nuevos colectivos, ya que con la crisis el perfil de personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad se ha ampliado.
